A la justicia española le da pereza investigar cualquier cosa relacionada con la operación Cataluña. Así lo ha vuelto a demostrar la Audiencia Nacional, que ha dictado un auto inadmitiendo la querella presentada por el expresidente Artur Mas por haber sido víctima de la operación Cataluña a través del espionaje con Pegasus.
Según la resolución, de once páginas y a la que ha tenido acceso El Món, los magistrados entienden que no hay suficientes indicios para considerar que sea competencia del tribunal especializado. Por otro lado, considera que muchos de los hechos denunciados estarían prescritos y que muchos de los hechos relatados provienen «de informaciones periodísticas» que no tienen suficiente fundamento para abrir una instrucción judicial.
De hecho, es el mismo argumento que utilizó el ministerio fiscal en su escrito de respuesta a la querella. Cabe decir que la Audiencia de Barcelona decidió inadmitir en primera instancia la querella precisamente porque entendía que afectaba más allá de la competencia de Cataluña y que, en todo caso, la causa correspondía a la Audiencia Nacional. La defensa de Mas, dirigida por Jordi Pina, interpondrá un recurso ante la sala de apelaciones de la misma Audiencia Nacional y, en última instancia, planteará un conflicto de competencia ante el Tribunal Supremo.
Una querella contra la cúpula de Interior y NSO
La querella se presentó contra la cúpula de Interior del PP y la empresa israelí NSO por la operación Cataluña y por el espionaje con Pegasus. De esta manera se dirigía, entre otros, contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz; la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y altos mandos de la Policía Nacional. De hecho, no descartaba ampliar la querella contra Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría si se conseguían más pruebas. Los acusaba de delitos como organización criminal, falsedad documental, malversación y lesión de derechos fundamentales. La querella describía ocho presuntos hechos delictivos que se habrían cometido entre 2012 y 2020.
