La temperatura judicial española a raíz de la virtual ley de amnistía continúa subiendo de tono. El enésimo ejemplo, la queja y petición de amparo que ha pedido el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, al Consejo General del Poder Judicial por las críticas políticas recibidas por su interlocutoria por terrorismo en el caso del Tsunami Democrático.
Según el documento que el magistrado presentó este lunes, y al que ha tenido acceso El Món, el juez considera que se han vulnerado sus derechos de protección a raíz de las manifestaciones críticas de líderes políticos como la portavoz del Gobierno, Patrícia Plaja, o del secretario de Estado de Justicia del ministerio del Interior, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo. Todavía más, el magistrado pide que se comunique a la fiscalía sus declaraciones por un delito de injurias con publicidad.
Una interlocutoria polémica y unas declaraciones políticas
El magistrado dictó una resolución el pasado 6 de noviembre con que procesaba por terrorismo, entre otros el expresidente al exilio Carles Puigdemont, o la ex secretaria general de ERC, Marta Rovira, por delitos de terrorismo. Una resolución que levantó bastante polvareda, reproches y críticas en plena negociación de la amnistía en el marco de la investidura de Pedro Sánchez por parte de Junts por Cataluña y ERC. Por un lado, el secretario de Estado de Justicia, en una entrevista concedida el pasado 8 de noviembre, a Radio Popular-Herri Irratia afirmaba cuando afirmó “yo no tengo ni idea de si tiene una razón o no, pero qué casualidad que tiene que ser este día, siente. Mira que podía haber sido un año y medio antes o un año y medio después, pues no. Tiene que ser al en medio de las negociaciones. Si esto no es influir, que venga Dios y lo vea…”.
Unas palabras que García Castellón considera que se refieren a sus interlocutorias. Por lo tanto, según el magistrado, «se aprecia una perturbación en la independencia del Instructor en la medida que quien afirma esto es el titular de la Secretaria de Estado de Justicia, órgano a quien corresponde, entre otras funciones, las de apoyo y cooperación con la Administración de Justicia».
Por otro lado, en el escrito de queja también añade declaraciones de Patricia Plaja Pérez, portavoz de la Generalitat de Cataluña. «Aquellos a quien los toca impartir justicia, algunos, no todos, buscan no solo condicionar negociaciones políticas, sino castigarlas, prevaricando», refleja el magistrado en su queja. «De manera alineada con las manifestaciones del Secretario de Estado de Justicia, la portavoz de la Generalitat atribuye a este instructor el dictado de una resolución con la sola voluntad de influir, extremo totalmente ajeno a la realidad del procedimiento penal en que se enmarca la decisión», arguye el juez.
Declaraciones delictivas
Por Garcia Castellón, estas manifestaciones, además, podrían suponer la comisión de un delito de calumnia con publicidad, artículo 205 y 211 del Código Penal, susceptible de perseguirse de oficio al imputarse abiertamente a una autoridad (art. 215 CP) la comisión de un hecho delictivo, prevaricación judicial (art. 446 CP). Así entiende que las declaraciones son actuaciones «inquietantes y perturbadoras», y, por tanto, objeto de amparo.
