El juez de la causa del Tsunami Democrático, Manuel García Castellón, aprovecha los atestados de los Mossos d’Esquadra para fortalecer su tesis que las protestas convocadas por la plataforma son terrorismo. Así lo afirma en su interlocutoria de este jueves con que desestimaba el recurso del fiscal del caso, Miguel Ángel Carballo, contra la resolución que elevaba el caso al Tribunal Supremo para el presidente al exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, también exiliada, Marta Rovira, como instrucción por terrorismo.
En esta resolución, afirmaba que los atestados de los Mossos recogidos y aportados en un nuevo oficio permiten «consolidar la hipótesis de calificación inicial, apreciando la existencia de hechos delictivos que, desde la calificación inicial, revisten carácter de delito de terrorismo». Ahora bien, el grosor de los atestados aportados por los Mossos d’Esquadra y firmados por el jefe de la Comisaría General de Información, el intendente Carles Hernández, desgranan y describen actitudes muy alejadas del que se entiende como terrorismo.
Incluso, llegan a aportar un atestado policial donde un agente de la Brigada Móvil, la unidad antidisturbios de la policía de la Generalitat, se queja y denuncia ante la instrucción que un manifestando le hizo la porra –de hecho dice que le hizo «una acción tipo
Ahora bien, hay que decir que los Mossos insisten y dejan bien claro que en ningún caso recogieron ninguna información relativa a una posible muerte de un ciudadano francés relacionada con las protestas.

«Nos levantó el dedo»
Entre los atestados aportados, que no llegan a la decena y a los que ha tenido acceso El Mundo, destaca el que incorpora la denuncia de un agente que «se encontraba haciendo tareas de mantenimiento de orden público en el parking de la Terminal 1 del aeropuerto del Prat, a causa de la concentración de personas en contra de la sentencia del Procés». De hecho, la minuta del policía subraya que los manifestantes se encontraban «sentados en tierra» y que a la izquierda de la posición del agente había otros manifestantes ocupando los aparcamientos del aeropuerto. De este grupo de personas, una «con la cara tapada por un tapacubos de color negro, con una sudadera de color negro con capucha y un logo de color blanco en el pecho, «le echó una piedra en la cabeza», pero «impactó al primer dedo de la mano derecha».
El agente asegura que vio, «sin ningún tipo de duda, que la piedra fue lanzada por la persona descrita». Pero, el agente añadió más dramatismo a la situación, un dramatismo que García Castellón ha recogido en la interlocutoria con qué da un portazo a las peticiones de la fiscalía de parada de las pesquisas judiciales. «La persona que lanzó la piedra», declara el policía, «levantó la mano derecha con el dicho coro recto, realizando una acción tipo
Hacen constar «golpes de piedra» pero admiten que continuaron trabajando
En todo caso, las explicaciones de los policías solo indican que el 14 de octubre al aeropuerto solo hubo protestas, sin que, en ningún caso, se pueda asimilar a las descripciones de ninguna conducta entendida penalmente como terrorismo. Por ejemplo, uno de los otros atestados asegura que las «personas concentradas deslucieron las instalaciones del parking de la terminal» y «tiraron objetos como piedras, fluorescentes, extintores que previamente vaciaron y carros para llevar maletas». Objetos que impactaron, por ejemplo, en la muñeca de un subinspector. En este contexto, detallan que no se pudo identificar nadie, pero que «una vez se restableció el orden público la situación se normalizó» y el subinspector se acercó al SEM para mirarse la muñeca donde habría recibido el impacto.
Otro de los atestados, se refiere a la actuación de la Brimo en la carretera B-22, al carril del Bus-Taxi de acceso al aeropuerto. El policía recoge que la línea policial recibió lanzamientos como piedras, latas, botellas y otros objetos. Una acción que supuso que los agentes antidisturbios avanzaran por «repeler las agresiones». Un agente recibió el impacto de una piedra en la mano derecha y apunta que «sufrió un fuerte dolor en la mano», pero admite que pudo continuar trabajando. No fue hasta el final de la jornada que no requirió la asistencia de un facultativo del SEM. Incluso, otro policía asegura que recibió un golpe en la rodilla por «la parte donde no llevan protección», pero no informa ni siquiera de ninguna actuación médica.

Ibuprofeno como prueba
En el grosor de los atestados, se aportan dos partes médicos de las atenciones del SEM. Unos documentos que alejan cualquier sospecha de gravedad de las lesiones que habrían sufrido los agentes que contuvieron los manifestantes al aeropuerto del Prat. Por ejemplo, el tratamiento recetado a uno de los agentes que reprocha un golpe al dedo por el lanzamiento de un objeto contundente es una «férula» y un ibuprofeno de 600 miligramos cada ocho horas, el que recomiendan los médicos para un simple constipado. Lo más curioso del caso es que la recomendación es de quince días después, porque el parte médico es del 30 de octubre del 2019, cuando los hechos del incidente son del 14 de octubre. El otro comunicado únicamente informa que se trata «de un accidente sin baja» y especifica con un código numérico el tipo de lesión.
Las defensas consultadas por El Món aseguran que «los atestados presentados por la policía catalana no aportan ningún elemento del cual se pueda inferir ningún tipo de comportamiento terrorista por parte de los manifestantes». «Los hechos en todo caso solo podrían ser constitutivos de una descripción de disturbios públicos, y en la mayoría de los casos ni se han podido identificar los implicados ni los concentrados», añaden. Ahora bien, sí que, por otro lado, los Mossos aportan una muchedumbre de información sobre las actuaciones policiales que el juez García Castellón ha aprovechado para llevar el agua a su molino.
