La justicia francesa ha prohibido el uso del catalán en los plenos municipales de la Cataluña Norte. El Tribunal Administrativo de Montpellier ha dado la razón al estado francés y ha declarado inconstitucionales los reglamentos municipales que permitían a los regidores expresarse en catalán –siempre con traducción al francés– por vulnerar la «primacía de la lengua francesa». La decisión va en la línea de la opinión que expresó la ponente del tribunal, que después del juicio ya advirtió que debatir en catalán es un desprecio para el francés, que queda relegado.
La resolución del tribunal de Montpellier da un plazo de tres a los ayuntamientos de Elna, Tarerac y Portvendres para dar marcha atrás y cambiar los reglamentos municipales para que el francés vuelva a ser la lengua predominante. La decisión advierte que usar el catalán en los plenos contraviene los artículos 1 y 2 de la Constitución francesa. «La primacía de la lengua francesa es puesta en cuestión por el reglamento interno cuando prevé que la expresión de los consejeros municipales tiene lugar primero en catalán con una traducción posterior al francés», resuelve el tribunal.
Los ayuntamientos de la Cataluña Norte están dispuestos a llegar hasta Europa
El alcalde de Elna, Nicolas Garcia, ya advirtió antes del juicio que si la justicia francesa les prohibía utilizar el catalán a los plenos llevarían el caso a Europa porque es “grave”. Garcia, que está dispuesto a asumir riesgos para defender el catalán, ha sido uno de los grandes defensores de las modificaciones del reglamento que han hecho algunos ayuntamientos de la Cataluña Norte. La sociedad civil había impulsado una reforma en 130 consistorios, pero las presiones de París hicieron que solo una veintena lo tirara adelante. Después de las primeras amenazas del gobierno central, la mayoría se hizo atrás.
Elna fue el primer ayuntamiento de la Cataluña Norte que se sumó a la iniciativa y lo aprobó en abril del año pasado. Medio año después, el prefecto de la región Pirineo Orientales, Rodrigue Furcy, ha anunciado que llevaría a los tribunales los consistorios que no hubieran dado marcha atrás después de las presiones y amenazas. Los ayuntamientos de Banys y Sant Andreu de Sureda, que también habían sido denunciados, optaron por dar marcha atrás y cambiar sus reglamentos municipales para evitar más problemas. De momento, los tres ayuntamientos que resisten han anunciado que recorrerán la resolución al Tribunal Administrativo de Tolosa.
