La decisión del Tribunal de Cuentas de demorar la aplicación de la amnistía mientras busca motivos para excusar su aplicación ha abierto una verdadera batalla. Tras el revés del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que ha avalado la ley de amnistía, el Tribunal de Cuentas dictó una provisión con la que pedía pruebas a las acusaciones para intentar esquivar la amnistía. Inmediatamente, la defensa de Carles Puigdemont presentó recurso y el ministerio fiscal se unió a la queja cargando las tintas contra la decisión.
Ahora ha sido el turno del presidente de ERC, Oriol Junqueras, los exconsejeros Dolors Bassa y Raül Romeva y seis antiguos altos cargos de la Generalitat que han presentado un recurso contra la providencia del Tribunal de Cuentas. El escrito, de quince páginas y coordinado por el abogado Marc Marsal, califica la resolución de «abiertamente y flagrantemente» contraria a la sentencia del TJUE, así como al derecho europeo y a la Constitución española.
De hecho, recuerda que el organismo nunca ha investigado con la hipótesis de fondos europeos, sino al contrario, y que nunca habían comunicado a las instituciones europeas ninguna desviación de sus fondos. Por otro lado, recuerda que el tribunal que formula la cuestión prejudicial debe remitir la resolución final por principio «rogatorio», es decir, cumplir con la petición hecha.
Anular la decisión
El escrito reclama la anulación y revocación de la resolución y su sustitución por otra «por la que se resuelva la aplicación de la amnistía» a los afectados. En el recurso, la defensa asegura que la resolución «tergiversa claramente lo que ha resuelto la sentencia del TJUE». El escrito añade que la decisión es «arbitraria» e intenta de manera «improcedente» aportar prueba documental al proceso. En el escrito, la defensa considera que en la fundamentación de la resolución impugnada, el Tribunal de Cuentas «descontextualiza» el pronunciamiento del tribunal europeo e «ignora» las respuestas del TJUE a algunas de las cuestiones prejudiciales planteadas.
