«Parecen maniobras orquestadas». Esta es la expresión de fuentes jurídicas para mostrar su enojo ante las trabas que la Fiscalía y el titular del juzgado de instrucción número 32 de Barcelona ponen a las víctimas del Catalangate, el caso de espionaje con Pegasus. Como muestra, la última resolución del magistrado José Antonio Cruz de Pablo y del fiscal Roberto Valverde sobre las diligencias de investigación pedidas por diferentes víctimas espiadas con Pegasus, como los diputados Albert Botran, Carles Riera –los dos de la CUP–. Josep Maria Jové, de ERC, y el exdiputado cupaire David Fernández.
Jefe de ellos ha querido librar su teléfono móvil al juez para que la policía judicial pueda acceder y, supuestamente, hacer la correspondiente investigación sobre la infección con Pegasus. Es un requisito que exigen el juez y el ministerio fiscal para continuar adelante con las pesquisas. Pero las víctimas se niegan porque «no quieren librar a la policía» los terminales que fueron infectados y espiados «indebidamente», porque seria entregarlo a las mismas autoridades judiciales que permitieron el espionaje. «No daremos los móviles a quienes los infectó porque ahora los desinfecte», alegan, puesto que sería la manera de desmontar el caso. Por eso han aportado a la causa una peritación completa y anonimizada, sin datos privados, para suplir la entrega de los terminales. Aun así, ni juez ni fiscal tienen suficiente y se ha abierto una nueva trinchera procesal que retarda, de nuevo, la investigación.
Móviles y peritación
Hay que tener presente que el juez instructor ya ha recibido varios tirones de orejas de los magistrados de la Audiencia de Barcelona que reciben y estudian sus recursos contra sus decisiones en este caso. Por ejemplo, así fue cómo se obligó el instructor a reabrir la investigación de los casos de la eurodiputada de ERC Diana Riba y del diputado, también de ERC, Josep Maria Jové. La Audiencia forzó que se citara, tal como reclamaban los denunciantes desde un primer momento, la empresa NSO y los responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para que respondieran a las preguntas y dieran explicaciones sobre los software espía utilizados como el Pegasus o Candiru. La misma decisión llegó para el exvicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri. También la Audiencia ha obligado a admitir un recurso en defensa de Botran, Riera y Fernàndez que el juez no admitía, precisamente porque se opone a las diligencias pedidas.
Una vez que la Audiencia le hubo tocado el picatoste, volvió a reclamar, insistente, los móviles de los tres cupaires. Su defensa, dirigida por Benet Salellas, aportó una densa y detalladísima pericial que acreditaba la intromisión a los móviles con un programa espía. Un documento que evitaba librar los teléfonos móviles. El informe ocultaba datos privados que los querellantes quieren proteger y mantener a cobijo de la policía española, que de otra manera tendría acceso. «No queremos que vuelvan a entrar, y la peritación es fiable y riguroso realizado por los mejores expertos en la materia», alega el abogado.
Va por largo
La estrategia de las víctimas no ha servido de nada. El juez vuelve a parar el proceso advirtiendo a la defensa de los tres cupaires que no ve agasajada su petición de entrega de los terminales. Es decir, que insiste, no basta con la peritación y que, tanto sí como no, quiere los móviles. Y resulta que el juez no está solo en este objetivo. El fiscal, el pasado 30 de marzo, presentó un escrito en la misma línea. Así, el ministerio público dice que «aprecio necesario» la aportación de los móviles «sin perjuicio que se aporte el informe pericial». Argumenta que su petición es precisamente para «complementar el mismo informo con la práctica del correspondiente análisis por parte de la policía judicial». Curiosamente, la acción que la defensa de las víctimas quiere evitar.
En este sentido, la Fiscalía insiste que si bien la peritación aporta la «identificación de indicios de compromiso» asegura que solo con este informe se puede llegar a la conclusión que se haya registrado una «extracción de datos o trazas o elementos que permitan determinar la autoría de los hechos». Un extremo que las defensas niegan dando por sentado que el informe pericial es concluyente sobre la intromisión y la extracción de datos de los terminales que el juez reclama. Un dato que hay que corroborar con el resto de pruebas y diligencias pedidas por parte de la defensa por escatir la autoría del espionaje. «Va por largo, es una nueva maniobra que demuestra las pocas ganas de investigar este caso tanto del juez como de la Fiscalía», se resignan las fuentes jurídicas del caso.
