El titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha decidido que los hechos de Tsunami Democrático se enmarcan en la consideración de «delitos de terrorismo». En cambio, no solo la fiscalía antiterrorista considera que, a lo sumo, son desórdenes públicos, sino que la jueza que durante cuatro años instruyó la causa de Anonymous Catalonia, un caso similar, finalmente, decretó el archivo. Así se desprende de la interlocutoria de archivo del pasado 29 de mayo, a la cual ha tenido acceso El Món, y que se basa en un extenso informe del ministerio fiscal sobre el perfil que anunciaba e informaba de la evolución de las protestas postsentencia convocadas por Tsunami Democrático.
Se trata del procedimiento abreviado 86/2022, del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, que investigaba cinco supuestos ciber activistas para gestionar «directamente o indirecta» los canales de Anonymous Catalonia en Telegram y otras redes sociales. Un expediente judicial que muestra la profusa investigación que la Unidad de Investigación de Radicalismo en las Redes de los Mossos d’Esquadra (URIAX), que depende de la Comisaría General de Información, llevó a cabo sobre estos perfiles. Finalmente, y a la vista de los atestados, el ministerio fiscal y posteriormente la jueza, decidieron cerrar el caso y no continuar las diligencias, ni por disturbios, ni por organización criminal.
Una decisión que topa de frente con la del juez Manuel García Castellón, que utiliza la sospecha que unos líderes políticos, entre ellos el presidente al exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, también al exilio, están detrás una aplicación informática que habría espoleado las protestes postsentencia. Una conducta que, según el magistrado de la Audiencia Nacional, se enmarcaría como un delito de terrorismo. El caso Anonymous desmonta esta interpretación porque, entre otros motivos, la policía incluso apuntaba que los perfiles de esta red social anónima «impartía indicaciones sobre los lugares que había que reforzar con más ocupación» o instrucciones por «resistir cargas, hacer pasillos o separarse en grupos». Y aun así se ha archivado.
«Mensajes de actividad violenta al aeropuerto»
En definitiva, la Sección de Criminalidad Informática de la fiscalía provincial de Barcelona emitió un interesante informe el pasado 16 de mayo con que definía exactamente las actividades de Anonymous. De hecho, fue el mismo ministerio fiscal quien presentó la denuncia contra los cinco hipotéticos ciberactivistas. Se les investigaba por su «participación en diferentes redes sociales de mensajes promocionales y de coordinación de la actividad violenta que se desarrolló entre los días 14 y 18 de octubre [del 2019]». En concreto, hace referencia a las movilizaciones a la T1 del aeropuerto del Prat, la Delegación del gobierno español en Cataluña, el departamento de Interior y vía Laietana.
En este sentido, el ministerio público resalta un denso informe de los Mossos d’Esquadra -1065586/2019 URIAX de 21 de noviembre de 2019- que analizan por todos lados el canal de Telegram de Anonymous. Así, indica que el 14 de octubre, desde este perfil, se dieron instrucciones para «ir al aeropuerto, recomendaciones para el desplazamiento anónimo e informes del posicionamiento de dotaciones policiales». Todavía más, añadían que «instrucciones sobre donde se tenían que ubicar los participantes de la protesta en cada momento, ya fuera al control de accesos, exterior o interior de la T1 o la mejor manera de llevar a cabo una acción».
En el mismo atestado, examinan la actividad de Anonymous del 15 de octubre ante la Delegación del gobierno español. Así, según los analistas policiales, Anonymous informaba sobre «los lugares donde hacía falta más ocupación, recomendaciones para configurar los móviles en modo avión o la actividad que tenían que llevar a cabo los manifestantes». También relata la actividad comunicativa y de convocatoria del perfil el día 16 y 18 de octubre, incluyendo protocolos o información de «qué lugares evitar» o los medios de transporte preferibles.
Desórdenes, a lo sumo
En un principio, el ministerio fiscal entendió que los hechos podían ser «susceptibles de incardinarse en la previsión de un delito de desórdenes públicos del artículo 557 del Código Penal y de pertenencia a grupo criminal del 570». Todo a la vista de un primer informe policial. Pero el mismo ministerio público pidió un nuevo atestado en los Mossos (1594/2019) donde pedía un estudio comparativo de varios perfiles relacionados también con Anonymous Catalonia y de sus contenidos, ya fueran mensajes o imágenes.
A partir de aquí estiraron el hilo y practicar detenciones. Incluso, se pudo acceder a uno de los móviles de los investigados que acreditaba que había comprado el dominio anonymous-cat.site, que únicamente, según la fiscalía y el juez, es «terminológicamente parecido». Finalmente, se archivó el caso porque en ningún caso se pudo acreditar que ninguno de los detenidos fuera «gestor o administrador» del canal Anonymous. De todas maneras, el ministerio fiscal dejó claro, y así también lo vio la magistrada instructora, que solo se habría podido imputar los implicados por desórdenes. Una conclusión que no concuerda nada con el expuesto por el juez García Castellón, que indiciariamente relaciona una aplicación móvil con espolear manifestaciones que ha convertido en terrorismo.
