Nuevo giro de guion del caso Bomberos sobre las irregularidades en la contratación del mantenimiento de los vehículos de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios (DGPEIS) de la Generalitat. La titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona, Júlia Tortosa, ha decidido abrir una nueva pieza separada a raíz de la prueba que los investigadores han encontrado en las peticiones de documentación en el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat (CTTI), que registra las comunicaciones electrónicas de la administración catalana. La nueva pieza separada investiga un concurso del año 2019 por adjudicar una plaza de nueva creación, dentro del mismo departamento de Interior, a Manuel Pardo, exdirector de la DGPEIS y ahora imputado en el caso de los contratos de mantenimiento. «Es una verdadera sorpresa», coinciden las fuentes jurídicas consultadas sobre esta nueva carpeta, que hasta ahora llevaba el sello de «secreta».
Esta pieza se añade a la pieza principal, que todavía espera testificados y testificales, sobre las irregularidades en las facturaciones de las reparaciones de los vehículos. Y ya había una segunda pieza, de la cual ya se han practicado diligencias, que investiga un supuesto entramado administrativo dentro de la dirección de los Bomberos por retirar las multas de tráfico de ciertos mandos.
En cuanto a la tercera pieza, conocida hace unas semanas por las partes, el juzgado calcula que el próximo 15 de septiembre podría citar a Pardo para tomarle declaración. De momento, la jueza ha ordenado una investigación conjunta de los Mossos d’Esquadra y la Oficina Antifraude de Cataluña, que dirige el expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Miquel Àngel Gimeno. De hecho, Pardo continúa en su plaza de funcionario en la Generalitat desde el mayo pasado, sin que llegara a coger la plaza que los Mossos encuentran sospechosa.
Unos mails que hicieron fruncir el ceño a los Mossos
Esta investigación proviene de las peticiones de documentación de los investigadores del caso al CTTI que gestiona las comunicaciones internas y las –
Los Mossos entendieron que el departamento de Interior había creado una «plaza a medida» para Pardo que le aumentaba el nivel como funcionario. Los requisitos serían, según fuentes judiciales, un «copiar y enganchar» de las condiciones profesionales que tenía Pardo al departamento de Interior. En esta línea, los Mossos entendían que la convocatoria de director de la Oficina de Coordinación de la Red Rescate, con un nivel 28, y de director de servicios, era superior a las condiciones laborales que ya ostentaba Pardo. La policía elaboró un atestado con los correos electrónicos donde esbozaban la presunta irregularidad de la provisión de la plaza. La jueza quiso perfilar bien los términos de la investigación y ordenó la composición de una comisión mixta de Mossos y Antifraude para aclarar la legalidad o falta de legalidad de la adjudicación, para lo cual solicitó un informe conjunto.
Finalmente, nueva pieza separada
La jueza mantuvo los trabajos de esta comisión en secreto. Los Mossos ya la habían advertido que si había un virtual delito no tenía ninguna relación directa con los hechos investigados en la causa madre, que únicamente es sobre los contratos de mantenimiento de los vehículos de los Bomberos con la empresa Iturri. De aquí que la instructora, con toda la documentación sobre la mesa, decidió abrir la pieza separada número 3 y mantenerla en secreto hasta finales de julio, cuando levantó el secreto y anunció a las partes esta nueva investigación.
Ahora bien, si bien se ha recibido esta provisión, no se adjuntó ni el atestado de los Mossos d’Esquadra ni el informe final conjunto. Por lo tanto, las defensas todavía no han recibido la documentación, el que podría demorar una convocatoria pre-reservada para el próximo 15 de septiembre. De hecho, el juzgado habría citado a Pardo, pero todavía no le habrían comunicado ni el detalle de la acusación. Además, fuentes del caso puntualizan que los Mossos todavía no han acabado «el informe final» del caso principal y que ya lleva meses de demora. Habrían hecho un informe de forma paralela sin que el resto de partes del procedimiento tuvieran ningún conocimiento. Por eso esperan saber la concreción de los atestados y aseguran que Pardo siempre que ha desarrollado tareas dentro de la administración, las ha hecho con un escrupuloso respecto a la legalidad.
Un caso que se alarga
La investigación del caso Bomberos no acaba de ver la luz al final del túnel. El caso estalló después de que el equipo del ex consejero de Interior, Miquel Sàmper, llevó a la fiscalía una información reservada sobre las adjudicaciones de los contratos de mantenimiento de los vehículos. El caso, lo destapó El Món, el noviembre de 2021, cuando el caso ya estaba judicializado. Las escuchas y los atestados contables requisados por los Mossos construyeron la acusación contra la dirección técnica de los Bomberos.
Despacio, el caso se fue envolviendo, con dimisiones, cambios en la dirección técnica, una reforma integral en la contratación, la parada de concesiones a Iturri en el mantenimiento de vehículos –pero no en otros sectores o servicios de la administración catalana– y una reformulación en el sistema de control de la facturación. Este embrollo ha obligado a hacer decenas de comparecencias de técnicos, peritos, bomberos e investigadores para aclarar la ingente documentación que rae en el sumario. En medio de esta envuelta instrucción apareció el caso de las multas en que, de momento, solo hay una imputada. Ahora se abre esta tercera pieza de la cual se desconocen muchos detalles a la espera que el juzgado menee ficha definitiva.
