Quitarse las pulgas de encima. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de la Generalitat con una de las cuestiones más polémicas del operativo de los Mossos d’Esquadra por el fiasco de la detención del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, en su fugaz retorno del 8 de agosto de 2024. En concreto, el espionaje a varios funcionarios del Parlamento para conocer de qué pie cojeaban políticamente y quién podía tener tendencia a ayudar al equipo de Puigdemont a entrar en el palacio de la cámara catalana.
El presidente del Parlamento, Josep Rull, al enterarse del informe de la policía de la Generalitat, remitió una carta al presidente Salvador Illa para pedir explicaciones sobre lo que calificaba de un exceso en sus funciones haciendo “valoraciones inaceptables” y defendiendo la profesionalidad de los trabajadores del Parlamento. El presidente Salvador Illa contestó al presidente de la cámara también por carta el 13 de septiembre.
En la carta, con un tono lacónico y a la que ha tenido acceso El Món, Illa exculpa a los Mossos y recuerda que los policías autonómicos actuaron por orden de las autoridades judiciales, es decir, según lo había ordenado el magistrado instructor del Proceso, Pablo Llarena. Firmó las órdenes de detención estatal por las cuales se preparó el macrooperativo policial que, incluso, activó la operación Jaula, que permite cerrar el perímetro de la capital catalana para hacer controles y registros en los accesos y salidas de Barcelona.
Dos escenarios y vigilar funcionarios del Parlamento
El documento de los Mossos, de 24 páginas y elaborado por Comisaría General de Información y la influyente Unidad Central de Análisis y Elaboración de Inteligencia Estratégica (UCAE), establecía dos escenarios. En primer término, que el retorno de Puigdemont sería días antes del debate. Por eso, contemplaron “la complicidad y ayuda del personal del Parlamento” así como del presidente Rull.
Es decir, el informe supone que los encargados de preparar el operativo, los agentes de la Comisaría General de Información, revisaron “conductas, afinidades y comportamientos de los funcionarios de la cámara catalana”. La intención de la policía era evitar que Puigdemont pudiera entrar a la cámara “sin ser detectado por el servicio de Mossos del Parlamento” días antes del pleno. Una acción que solo se podría llevar a cabo con la ayuda de los funcionarios de la cámara catalana. La Comisaría y unidad que firman los informes están a cargo del anterior jefe de la Brigada Móvil (Brimo), el intendente Carles Hernàndez.
De línea roja a dos párrafos
En la misiva que remitió Rull, calificaba de “línea roja que no estoy dispuesto a que se transgreda”, el hecho de poner en duda el trabajo y la profesionalidad de los funcionarios y personal laboral de la cámara catalana. De hecho, Rull no ocultó su indignación durante su asistencia a la edición del pasado agosto de la Universidad Catalana de Verano (UCE), en Prada (el Conflent) al enterarse del contenido de los informes de los Mossos sobre las tendencias políticas de los trabajadores de la casa.
Rull calificó de “poco institucional” la actitud de los Mossos por hacer valoraciones políticas en el informe. Además, le trasladó su “preocupación y perplejidad” a raíz de valoraciones, como, por ejemplo, que el objetivo de Junts era boicotear el pleno de investidura del líder del PSC. La respuesta de Illa fue sencilla. En concreto dos párrafos de dos líneas cada uno donde el presidente Illa calificaba los reproches de Rull de “consideraciones”. Y el segundo párrafo exculpa a los Mossos y apunta a los jueces. «Os hago saber que este informe fue elaborado para dar respuesta al requerimiento de información ordenado por las autoridades judiciales competentes«, sentencia Illa pasando las pulgas del caso al juez instructor que emitió las órdenes estatales de detención.
