El último caso que ha estallado en el PSOE ha sido el sumario de la SEPI, que instruye el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, en el marco de las diligencias 89/25. Un caso que tiene nombre, el del grupo bautizado como Hirurok –una palabra que significa «nosotros tres» en vasco y que supuestamente utilizaban los presuntos miembros de la trama–, formado por la fontanera del PSOE, Leire Díez, el empresario Antxon Alonso –socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000– y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández -que había sido avalado por la vicepresidenta española Maria Jesús Montero. Los tres actualmente con el pasaporte retirado por orden judicial.
Un grupo dedicado, según explica el juez en su última resolución, a la cual ha tenido acceso El Món, a «orientar diversos expedientes seguidos en la administración pública en beneficio propio o de terceros». Una actividad que llevaban a cabo gracias a «su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública». Un caso instruido por un protagonista principal de la política española de los últimos meses, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. Los términos «indicios», «supuestos», «aparente», «se presume», los verbos en condicional y las conclusiones y suposiciones indiciarias llenan las páginas del auto de continuidad de la investigación y de los informes de la UCO presentados al juez. De momento, todo continúa con el sello de «secreto», es decir, solo la Fiscalía Anticorrupción tiene acceso a todas las diligencias encomendadas.
Y, además, es una investigación policial que no se puede aislar del hecho de que una de las investigadas, Díez, esté imputada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de revelación de secretos y sobornos en su trama para conseguir información delicada sobre mandos de esta unidad de la Guardia Civil que hurgan en las zonas oscuras del PSOE. Entre ellos, el jefe de la sección de delitos económicos y de blanqueo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), el teniente coronel Antonio Balas, quien, precisamente lleva la instrucción del sumario de la SEPI. De hecho, Balas se reunió la primera semana de diciembre con el juez Piña para preparar las detenciones. En todo caso, el juez acepta la versión policial y cree que el dinero obtenido de las comisiones se ha invertido en negocios inmobiliarios en Marbella y Jaca y otros se han repartido entre los tres investigados. Y también hay de por medio una curiosa venta falsa de un Skoda.
Coordinación a través de Mediaciones Martínez, SL
Las pesquisas de la policía han convencido al juez instructor de que los tres imputados habrían actuado de «manera coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones». La sospecha que aportan los indicios recogidos por la UCO es que a través de «contratos y facturas falsas» habrían canalizado los fondos a través de una sociedad limitada llamada Mediaciones Martínez. Una operativa que se habría profundizado entre 2021 y 2023 a través de diferentes administraciones públicas. En sus informes, los agentes de la UCO incluso han enfatizado al juez que los investigados «habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones».
Los agentes desglosan «cinco operativas concretas» con las que este supuesto grupo habría desplegado sus «capacidades» a fin de obtener «decisiones favorables a sus intereses que provenían de diversas administraciones y a través de diferentes cargos públicos». En conjunto, un dispositivo que implicaba empresas públicas y entidades que dependían de la SEPI, especialmente, durante la presidencia de Vicente Fernández, es decir, entre el 23 de junio de 2018 al 4 de octubre de 2019. Las operativas, según los analistas de la UCO, serían subtramas que definen como el rescate de Tubos Reunidos, y los casos Servinabar, PEPA, ENUSA y SEPIDES.
Un «rescate» metalúrgico y Servinabar
Uno de los primeros casos investigados es la concesión de un «rescate» otorgado por la SEPI a la empresa vasca Tubos Reunidos, SA, dedicada a la fabricación de acero, por un importe de 112,8 millones de euros. Un dinero suministrado a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), que se otorgaba después de la pandemia. En esta operación, el grupo Hirurok habría cobrado 114.950 euros por la tramitación e «intermediación» del rescate. Un importe que se habría abonado a través de una factura falsa a través de la sociedad Mediaciones Martínez.
La UCO, en su afán por relacionar todos los sumarios que afectan al PSOE, incluye en las cinco operativas la sociedad Servinabar, es decir, la empresa que intentan vincular con Santos Cerdán, exsecretario de organización de los socialistas investigado por corrupción en la derivada del Tribunal Supremo del caso Koldo. De hecho, la Guardia Civil encontró en los registros del domicilio del propietario de Servinabar, Antxon Alonso, un documento privado de venta de acciones a Santos Cerdán. Una compraventa que nunca se llegó a formalizar o levantar en acta notarial. Según los agentes del instituto armado, la adjudicación de un contrato público por parte de Mercasa a Servinabar por un importe de 18.119,75 euros, IVA incluido, es motivo de sospecha. Además, el instituto armado añade que Fernández fue asesor externo de Servinabar en el año 2021.
Para la UCO, y ahora según el juez, Hirurok desplegó su actividad en el proyecto de cambio de sede de la empresa Mercados Centrales de Abastecimiento, S.A. (Mercasa), una empresa pública dedicada a la distribución y control de los mercados. Los tres imputados, en «connivencia» con una serie de directivos de la sociedad pública, habrían diseñado una «operativa» que «justificaba de manera falsa» la necesidad del cambio de sede. Un proyecto que proporcionaba ingresos a Hirurok. Así, Mercasa adjudicó a Servinabar un contrato de 18.119,75 euros para elaborar un «informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa» que «cuantificaba de manera elevada el costo de las obras de rehabilitación de la sede». La conclusión de los agentes y, ahora del juez, es que «los elementos recopilados manifiestan de manera indiciaria, tanto que el contrato era innecesario como la falsedad de su contenido».
La PEPA de Asturias
Una tercera «operativa» es la que llaman «PEPA», en referencia a la adjudicación de un contrato público por parte del Parque Empresarial del Principado de Asturias (PEPA) a favor de una Unidad Temporal de Empresas formada por Construcciones y Excavaciones Erriberri, SL y AFESA Medio Ambiente, SA, por un importe de 2,8 millones de euros.
Los agentes de la UCO aducen que Hirurok, a través del presidente de la mesa de contratación, «habría tenido capacidad de beneficiar a la mercantil Erriberri en el proceso de adjudicación del contrato». «Se han obtenido indicios por los cuales se presume que Erriberri habría canalizado fondos a Hirurok por un importe de 400.000 euros a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos y provocar una desconexión entre este origen y sus destinatarios finales», apunta la investigación.
«Supuestos pagos» y Acciona por medio
La cuarta operativa que describe el sumario son los «supuestos pagos» efectuados por la empresa pública ENUSA a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes, SLP. Según el relato policial, y ahora judicial, es necesario analizar el caso en el contexto de que la sociedad Acciona tenía interés en quedarse con dos explotaciones de la empresa pública: una incineradora en Melilla y un centro de tratamiento de residuos en Castellón. En este marco, los tres imputados y directivos de ENUSA «habrían ideado un plan para alcanzar esta operación y, además, obtener un beneficio económico».
Así, Hirurok habría tenido capacidad de decidir sobre la contratación por parte de ENUSA del despacho Carrillo y Montes con el objetivo «aparente de dar cobertura jurídica a la operación». «Además», continúan los policías y el juez, «de acuerdo con estas capacidades, se habrían introducido en la contratación sobrecostos aparentemente cuantificados en el 50% del importe del contrato que, posteriormente, se habrían canalizado hasta sociedades del ámbito de Hirurok». Y añaden que «en aparente correlación se habrían materializado una serie de pagos al despacho Carrillo y Montes a Mediaciones Martínez por un importe de 17.545 euros».
«Una ayuda a Arapellet»
Una última operativa que sirve para imputar a Leire, Alonso y Fernández es la «concesión de una ayuda desde SEPIDES a la sociedad Arapellet, SL, por un importe de 17,32 millones. Una operativa que los agentes tampoco terminan de perfilar del todo. De hecho, explican que «los indicios recopilados ponen de manifiesto que Hirurok habría efectuado algún tipo de actividad -no concretan ninguna- ante cargos de la empresa pública SEPIDES que, aparentemente, podría haber propiciado que SEPIDES aprobara una inversión de 17,32 millones para Arapellet, una sociedad que pertenece al grupo Forestalia». Una ayuda por la cual se habría pactado pagar 200.000 euros de comisión para Hirurok.
¿Dónde está el dinero?
De todas maneras, la clave de todo es averiguar el camino de dónde fueron a parar el dinero de estos negocios o mediaciones. Según la instrucción del caso, Hirurok recibió el dinero a través de Mediaciones Martínez. «La mayor parte de los fondos se canalizaron para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, y se presume que actualmente se han convertido en inversiones comunes y, por tanto, ligadas a los tres investigados», asegura una resolución del juez del pasado 13 de diciembre. Ahora bien, no se puntualiza ninguna.
También señalan que estos fondos fueron destinados a los tres investigados como «ingresos individuales que varían sobre cada persona». Por ahora, a Leire, por ejemplo, le imputan el cobro de 21.500 euros. Un caso extraño porque este dinero lo habría obtenido de la venta de su vehículo, un Skoda, que habría vendido a Hirurok y que después habría seguido utilizando. Una manera que la policía «presume» que sirvió para «integrar fondos en su patrimonio encubriendo el origen de los mismos».
