La capacidad de investigar el movimiento independentista de la Guardia Civil con el amparo de la Audiencia Nacional no tenía ningún límite. Incluso, para
Así lo apunta el sumario del Tsunami Democrático, en uno de los densos y enrevesados informes de los agentes de la Unidad Central Especial 3 de la Jefatura del Servicio de Información de la Guardia Civil. Un atestado del 15 de junio de 2020 y que firma el comandante L-04282-W y que escrutó el “FRAS” con la tesis de que la fabricación y distribución de batas y mascarillas servía para enjugar los supuestos gastos de Tsunami Democrático así como para financiar acciones dirigidas a la independencia o contra la monarquía en una «movilización permanente, no continua».
Esta entidad, y sus supuestos objetivos, sirvieron de excusa para investigar a diputados como Aurora Madaula, de Junts, el portavoz de Poble Lliure, Guillem Fuster, activistas de base, músicos, poetas, escritores, empresarios y jubilados, así como todo el equipo del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, a Waterloo, como Aleix Sarri o Marga Payola, o incluso, históricos de la ANC, como por ejemplo Pere Pugès. Ninguno de los investigados en este atestado, de casi cien páginas, ha sido finalmente imputado en la causa que instruye el magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el marco de las profusas diligencias 85/99. En definitiva, la Guardia Civil hace un pupurri de entidades, nombres, empresas y asociaciones intentando relacionar las unas con las otras a la fuerza. El colmo de todo es que las conversaciones, documentos y archivos que fundamentan el atestado son posteriores a la clausura del Tsunami Democrático.
75.000 euros, el primer fondo
La pista que sigue la Guardia Civil, para convencer al juez de la investigación y pedirle más intervenciones telefónicas, es una conversación de Carlota Canut, una de las activistas recurrentes en otros atestados del sumario. En concreto, es una conversación de Canut con un miembro -que la policía no identifica- de Sanitarios por la República. Según interpretan, la conversación establece una «alineación del Consejo por la República, Sanitarios por la República y la Cámara de Comercio de Barcelona en el marco del Fondo Republicano de Acción Solidaria». Esta conjunción iría unida a un «proyecto de desobediencia fiscal impulsado a través de la campaña Prou Monarquia» que habría «promocionado» el FRAS.
A partir de aquí, la Guardia Civil detecta que en la conversación se afirma que «se han superado los 75.000 euros recaudados por el FRAS» a través de estas campañas. La conclusión es que el dinero recaudado por esta «red social» irá a parar al Consejo por la República y, de rebote, a Tsunami Democrático. De hecho, los policías arguyen que a pesar de que las protestas han pasado a mejor vida, quieren mantener Tsunami como una «movilización permanente, no continua». En este sentido, están convencidos de que «Tsunami acentuará el papel importante que podría jugar cuando se constituya la Mesa de Diálogo entre Cataluña y el gobierno [español], dejando claro que es un movimiento que todavía está vivo y que, de manera intermitente, se presenta como una movilización indefinida en el tiempo hasta la consecución de los objetivos perseguidos».
A partir de aquí siguen el rastro de su actividad y, incluso, aprovechan las intervenciones de las comunicaciones de los investigadores para resaltar las divisiones internas que genera el FRAS. Unas divisiones que, precisamente, desmontan la tesis que tiene la Guardia Civil sobre esta entidad. Las conversaciones y mensajes obtenidos gracias a un software espía muestran que una serie de integrantes del Consejo refunfuñan porque entienden que la institución en el exilio no se tiene que dedicar «ni a hacer mascarillas ni a coser batas». De hecho, creen que «tiene que centrar su actividad a hacer diplomacia privada a escala internacional, o negociando la independencia con los acreedores internacionales de España» y «gestionar todo lo que la Generalitat no puede» hacer. Los mismos agentes remarcan las divisiones entre diferentes activistas que aprovecharían estas situaciones para conseguir el control de un sector de la Asamblea Nacional Catalana o de los Consejos Locales por la República u otras entidades.
Hacia Waterloo
El FRAS, y las conversaciones interceptadas a Carlota Canut, permiten a la Guardia Civil abrir otra línea de investigación que el juez ampara. Así, los agentes de la UCE 3 hacen un ejercicio casi de malabarismo y con toques surrealistas para relacionar estos fondos obtenidos de mascarillas y batas con el Consejo, que después financiaría el Tsunami. La pirámide que establecen los agentes se estructura en cuatro grupos. Primero, uno de bautizado como «La Casa», en referencia a la residencia del que califican de «prófugo y expresidente de la Generalitat». En segundo término, «Grupo La Casa» donde identifican un tal «Goiko», «Lluna, posiblemente Lluna Baltasar», del equipo de comunicación- y el rapero Valtònyc.
Un tercer nivel, que denominan «La Oficina del Presidente», que identifican como «Oficina 130», conformada por Aleix Sarri, excandidato de Junts a las elecciones europeas y asesor del Parlamento Europeo, Marga Payola, del equipo de comunicación en el Europarlamento, «Víctor, sin identificar hasta el momento» y un viejo conocido de la Guardia Civil, Josep Lluís Alay, jefe de la oficina del presidente en el exilio. Un cuarto escalón serían los «delegados», donde se encuentran el librero Joan Matamala, Maria Alba Bosch –investigada por regalar un «lote de libros al presidente Puigdemont»–, el empresario informático Xavier Vives, el empresario Jordi Baster, el poeta y escritor Eduard Casas, -uno de los impulsores de Poetas y Músicos por la República-, el empresario Jaume Aragall -que se investiga para organizar una cena para
En el lote añaden a Ricard Font, entonces presidente de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, y Pere Torres, director general de Transportes Metropolitanos de Barcelona, el empresario audiovisual Guillem Fàbrega, la psicóloga Marta Rotllan, el exsecretario nacional de la ANC y uno de sus fundadores Pere Pugès, la experta en bases de datos Maria Àngels Vidal Juanola y el activista Xavier Vidal, entre otros. También implican en esta trama «de adquisición, fabricación y distribución de mascarillas y material sanitario» la actual secretaria segunda de la Mesa del Parlamento, Aurora Madaula, y el portavoz de Poble Lliure, formación adscrita a la CUP, Guillem Fuster, ambos miembros del Consejo por la República. Evidentemente, la Guardia Civil no consigue finalmente relacionar la fabricación de mascarillas con la financiación del presunto terrorismo del Tsunami. Eso sí, fue una llave de oro para acceder a decenas de teléfonos y centenares de llamadas y mensajes.
