El titular del Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel Garcia Castellón, no afloja. El magistrado ha dictado una interlocutoria en la que acuerda varias diligencias en la causa de Tsunami Democratic. Una de las más destacadas es la orden a la Guardia Civil para que localice a Ruben Wagensberg, después de que la semana pasada anunciara que se encontraba en Suiza, por miedo a ser arrestado. El juez también ha pedido a la Agencia Española de Seguridad Aérea información relativa a los hechos del aeropuerto del Prat en octubre de 2019 e informar a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) para que acredite si se ha cumplido alguna actuación sobre los disturbios.
En la misma resolución el juez defiende su instrucción por terrorismo. Así, recuerda que la calificación de los hechos imputados por Tsunami Democrático como delito de terrorismo se «puede constatar desde al poco de acordarse la incoación del procedimiento». Es decir, se remonta a octubre de 2019. De hecho, el magistrado añade que unos días más tarde, el 19 de noviembre, ya consideró la presencia «de unos hechos susceptibles de incardinarse en infracciones susceptibles de constituir una grave alteración de la paz pública». En este marco, detalla que los hechos investigados se encontrarían tipificados en el artículo 573 del Código Penal para los delitos de terrorismo, que explicita las actuaciones que «alteran la paz pública».
Una necesidad
La interlocutoria de ocho páginas y a la que ha tenido acceso El Món, el juez justifica la orden de tener controlado a Wagensberg como una de las «finalidades de la fase de instrucción». En concreto, el juez recuerda que la instrucción tiene que servir para «asegurar a las personas responsables de los hechos delictivos investigados». De este modo, interpreta que «determinar la localización de Rubén Wagensberg y asegurar la disponibilidad ante el órgano de instrucción, resulta un hecho relevante para la finalidad de la instrucción sumarial».
García Castellón remarca que hay la posibilidad de que Wagensberg pudiera «haber intentado abstraerse de la acción judicial». Por lo tanto, ha tirado recto y ha acordado requerir a la Unidad Central Especial 3, del Servicio de Información de la Guardia Civil, que haga las «comprobaciones pertinentes» por si el secretario de la Mesa del Parlamento permanece en su domicilio y si va a trabajar.
