Fiscales generales del Estado: poderosos y en el hojo del huracán

El caso Tsunami Democrático ha despertado la guerra encubierta que se vivía en la fiscalía española. La decisión del titular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha desencadenado las hostilidades al considerar que las protestas contra la sentencia que condenó los líderes del Procés fueron terrorismo para intentar impedir que se pueda aplicar la amnistía en este caso. En cambio, el jefe de la fiscalía antiterrorista de la misma Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, ha hecho frente al magistrado porque no ve terrorismo en ninguna parte. La maniobra de remitir la causa al Tribunal Supremo, con la excusa de que como imputado se encuentra el presidente en el exilio Carles Puigdemont –que es aforado como eurodiputado–, ha hecho saltar los plomos en el número 4 de la calle Fortuny de Madrid, sede de la Fiscalía General del Estado.

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El sector conservador del ministerio fiscal se ha articulado como una durísima oposición (y mayoritaria) contra la postura progresista de rechazar la idea de que las manifestaciones de octubre de 2019 fueron terrorismo. Fidel Cadena y Javier Zaragoza, dos tótems de la fiscalía del Tribunal Supremo, ha forzado una crisis sin precedentes. Su movilización ha obligado a la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, a escribir un dictamen nuevo que, esta semana, ha fijado la posición definitiva del ministerio público sobre el caso: no hay terrorismo y no hay indicios contra Puigdemont. La teniente fiscal del Supremo ocupa la plaza más alta en el escalafón de la fiscalía española que se cubre sin un nombramiento hecho directamente por el gobierno, puesto que solo tiene por encina el fiscal general del Estado. De facto, es el primer fiscal de la carrera y en este caso ha tenido un papel difícil y con toda la presión.

Un escenario históricamente tenso, ahora con Álvaro García Ortiz en el ojo del huracán

Pero el escenario de fondo es más profundo que esta batalla encarnizada para llevar a Puigdemont o a Marta Rovira al banquillo de los acusados por terrorismo. A nadie se le escapa, en la biosfera jurisdiccional española, que el objetivo a abatir por el ala más derechista de la fiscalía es el actual fiscal general del Estado, el progresista Álvaro García Ortiz, que solo hace un mes renovó su mandato del gobierno, después de haber relevado a Dolores Delgado en el cargo en julio de 2022. García Ortiz está en medio de la diana. De hecho, el Consejo General del Poder Judicial rechazó su nombramiento y, incluso, la Asociación Profesional de la Fiscalía ha recorrido su nombramiento ante el Tribunal Supremo. Las acusaciones lanzadas contra él de «presionar» al fiscal de turno del caso Tsunami en el Supremo, Álvaro Redondo, son la prueba del algodón que se quiere hacer caer a García Ortiz.

La situación de ataque a la figura del fiscal general del Estado no es nueva en la política española de los últimos años. Su idiosincrasia de poder independiente, pero a la vez nombrado por el gobierno, a pesar de que en su elección participan los tres poderes del Estado, le da una situación peculiar. En todo caso, el fiscal general cesa cuando cesa el gobierno que lo ha nombrado. Ahora bien, mientras ejerce, según el estatuto orgánico del ministerio público, actúa «con imparcialidad y es independiente, sin que pueda recibir instrucciones ni órdenes del gobierno ni de ningún otro órgano administrativo o judicial». A lo sumo, la Moncloa puede pedir al fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público.

En las últimas legislaturas, esta figura siempre ha sido convulsa como lo ha sido la actualidad política. Jesús Cardenal, Cándido Conde-Pumpido, Eduardo Torres-Dulce, Consuelo Madrigal, José Manuel Maza, Julián Sánchez Melgar, María José Segarra i Dolores Delgado son nombres que han llenado titulares y pocas veces con términos dulces. El proceso soberanista y los casos de corrupción han ido generando asperezas y heridas que dejan cicatrices.

Jesús Cardenal (16/5/97 al 23/4/2004)

Nacido a Pesquería de Duero (Valladolid) el 20 de febrero de 1930, se forjó como fiscal y juez de menores en Euskadi. Ultraconservador, antiabortista y muy crítico con el divorcio, fue el fiscal general que endureció las posiciones jurídicas del gobierno de José María Aznar. Fue el impulsor de la aplicación de la ley de partidos y no paró hasta conseguir la ilegalización de Batasuna. Cardenal, muerto en 2018, fue el fiscal que inició las acciones contra el presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa y los secretarios de la Mesa Kontxi Bilbao y Gorka Knörr, acusándolos de no haber disuelto el grupo parlamentario de Batasuna en la cámara. Solo cuando fue relevado por Cándido Conde-Pumpido la fiscalía se retiró de esta acusación, pero entonces la fiscalía a la sombra de Manos Limpias acabó el trabajo para conseguir su inhabilitación por parte del Tribunal Supremo en 2008. En la fiscalía, Cardenal era conocido por el grito de guerra de «Santiago y Cierra España». Escoró el ministerio fiscal a la derecha más extrema y nacionalista española.

Cándido Conde-Pumpido (23/4/2004-16/12/2011)

Después del giro hacia la derecha extrema de Cardenal de acuerdo con el endurecimiento político del aznarismo, llegó el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La batalla judicial que se había iniciado tenía que calmarse después de los atentados del 11-M. Zapatero quería llegar a un alto fuego con ETA y rehacer relaciones con las fuerzas soberanistas vascas, gallegas y, por supuesto, catalanas. La figura del fiscal general era clave para serenar la situación. Zapatero eligió a Cándido Conde-Pumpido (la Coruña, 1949), progresista y amigo del juez Baltasar Garzón, que se había convertido en un magistrado icónico y mediático. Provenía de una familia de rancio abolengo de juristas españoles. En 1995 fue nombrado magistrado de la sala segunda, la penal, del Tribunal Supremo. Tenía 46 años y entonces era el magistrado más joven que había obtenido aquella plaza. Formó parte del tribunal que condenó al ministro de Interior José Barrionuevo por el secuestro de Segundo Marey, uno de los casos más sonados de los GAL. Reformó la fiscalía, pero con la vuelta del PP fue destituido y volvió al Supremo. Mantiene todavía el récord de permanencia al cargo. Ahora es presidente del Tribunal Constitucional. A pesar de ser progresista, -es uno de los impulsores de Jueces y Juezas para la Democracia- es un acérrimo antiindependentista que avaló las sentencias del 1-O. Solo al final de los pasos procesales del juicio del Procés ante al Tribunal Constitucional se ha apartado de las causas relacionadas con el referéndum.

Eduardo Torres-Dulce (27/01/12-19/1272014)

El gobierno de Mariano Rajoy fue a buscar un perfil técnico pero conservador. Su elección fue el fiscal jefe en el Tribunal Constitucional. En concreto, Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950). Había estado en diferentes fiscalías desde que se impuso la toga como fiscal en Guadalajara y Madrid. Incluso fue presidente del Comité de Apelaciones de la Federación Española de Fútbol, pero tuvo que dimitir por el escándalo que supuso la retirada de una sanción al delantero centro del Real Madrid Hugo Sánchez. Su merenguismo lo delató. Su fase como fiscal general fue una trifulca constante con los ministros de Justicia. Por ejemplo, ordenó la presentación de la querella por la consulta soberanista del 9-N, a pesar de tener diferencias en esta cuestión con la fiscalía superior de Cataluña. La reforma de ley procesal o la petición de prisión para Luis Bárcenas hicieron que presentara la dimisión por motivos personales al entonces ministro del ramo, Rafael Catalá. Torres-Dulce tiene otra faceta, como cinéfilo. Todavía participa en el programa radiofónico Cowboys de medianoche en la emisora ultra EsRadio y escribe en revistas como Telva artículos sobre el séptimo arte.

Consuelo Madrigal (9/1/2015-4/11/2016)

Con el adiós de Torres-Dulce, el ministro Catalá buscó un perfil conservador con un punto diferente. Eligió a Consuelo Madrigal (Segovia, 1956), la primera mujer en llegar al cargo. En el momento de ser nombrada, era fiscal de sala y coordinadora de menores. Católica practicante, impulsó el manifiesto Mujeres contra el aborto. También fue una de las fiscales que apostó por juzgar al presidente Artur Mas por la consulta del 9-N. De hecho, Torres-Dulce pensó en ella para ser la teniente fiscal del Supremo, pero finalmente optó por Luis Navajas. Madrigal tenía que enfrentarse a las causas incipientes sobre el Procés y, sobre todo, a causas de corrupción del PP como por ejemplo la pieza principal de la Gürtel. No aguantó las presiones del gobierno español y frunció el ceño cuando nombraron como jefe de anticorrupción Manuel Moix -que después tendría que dimitir- cuando ella optaba por Alejandro Luzón. Catalá la fulminó para nombrar a José Luis Maza, el ariete contra el Procés. Ahora Madrigal continúa como fiscal en el Supremo. Formó parte de la acusación del juicio del Procés y fue pillada en una cena de conspiraciones con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el 18 de abril del 2023, una reunión en el marco de un encuentro de la Asociación de Fiscales. El sector progresista pidió su dimisión.

José Manuel Maza ( 25/11/2016-18/11/2017)

Con la marcha de Madrigal, Catalá fue por la vía rápida. El escogido fue José Manuel Maza Martín (Madrid, 1951-Buenos Aires, 1917), un jurista que entró en la carrera fiscal en 1978, pero tres años antes ya había hecho de juez. De hecho, cuando fue nombrado fiscal general era magistrado de la sala segunda del Supremo. Como juez, reclamó, a través de un voto particular, la condena por prevaricación contra Baltasar Garzón. Defendió a Manuel Moix a pesar de tener que dimitir como jefe de la fiscalía anticorrupción porque salía en los papeles de Panamá. Maza también fue quien relevó Javier Zaragoza de la Audiencia Nacional y le envió hacia el Supremo. Maza firmó personalmente -y las presentó en rueda de prensa- las querellas contra el referéndum. De hecho, de su correo electrónico salió el documento con el título de fichero Más dura será la caída, en un texto para acompañar el borrador de la querella. Maza también utilizó, tal como informó este diario, los servicios del comisario José Manuel Villarejo para hacer entrar por el aeropuerto, sin muchos trámites, al primo de una amiga suya. Fue reprobado por el Congreso. Murió repentinamente en noviembre de 2017 durante un viaje a Argentina, en plena instrucción por el caso del referéndum.

Julián Sánchez Melgar (7/12/2017-21/6/2018)

El sucesor de Maza, Julián Sánchez Melgar (Palencia, 1955), era un conservador de la vieja escuela. De hecho, los analistas en el momento de su nombramiento pensaron que, si Maza hubiera elegido alguien, habría sido a Sánchez Melgar. También, como Maza o Conde-Pumpido, era magistrado de la sala de lo penal del Supremo y con animadversión por el independentismo. Como magistrado ejerció en Barcelona y fue el ponente de famosa la ‘doctrina Parot’, que permitía estirar las condenas en los casos de terrorismo para mantener los encarcelamientos el tiempo máximo legal de 30 años. La fórmula era aplicar los beneficios penitenciarios condena por condena, y no al tiempo máximo de permanencia en la prisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) anuló esta doctrina porque iba contra las garantías procesales. La caída del gobierno de Mariano Rajoy supuso también el cese de Sánchez Melgar, que pasó por la fiscalía genral sin pena ni gloria.

María José Segarra (29/06/2018-14/01/2020)

Con Pedro Sánchez en la Moncloa, el gobierno eligió de nuevo una fiscal para el cargo. La ungida fue María José Segarra (Madrid, 1963), que había comenzado su singladura como fiscal en Barcelona, donde empezó su especialización en el ámbito de menores. Después fue a parar a Sevilla, de donde fue fiscal jefe y llevó todo el despliegue de la reconversión de las fiscalías especializadas. En Sevilla resistió los cambios de la fiscalía general del Estado, que la confirmaron en su lugar a pesar de su militancia en la Unión Progresista de Fiscales. Fue escogida por su talante técnico y por el temple que mantuvo en el asunto de los ERO, un caso de corrupción vinculada al gobierno del PSOE en Andalucía. A pesar de su progresismo, defendió la tarea de los cuatro fiscales del Procés. Un posicionamiento que le costó el cargo. Volvió a Sevilla, pero bien pronto fue nombrada una de las fiscales de sala del Supremo, donde todavía tiene la plaza.

Dolores Delgado (25/02/2020-20/07/2022)

Una vez destituida Segarra, Pedro Sánchez optó por un valor más o menos seguro en el ámbito más progresista de la carrera fiscal, la hasta entonces ministra de Justicia Dolores Delgado. La tensión entre la fiscal general del Estado Segarra y Delgado como ministra a raíz del caso del Procés había sido evidente. Segarra defendía a los cuatro fiscales y su acusación de rebelión y, Delgado, a través de la Abogacía del Estado, rebajaba la petición de penas y la limitaba a la sedición. Delgado (Madrid, 1962) empezó a ejercer en el ministerio público en 1989 y precisamente en Cataluña. Estuvo destinada a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, al servicio antidroga, y se adscribió a los juzgados del Prat de Llobregat. Cuatro años después fue a parar a la Audiencia Nacional siguiendo los casos de droga, hasta entrar en el mundo del antiterrorismo. De hecho, era coordinadora de la fiscalía antiterrorista de la Audiencia Nacional en 2017. Delgado, sin embargo, ha hecho enemigos en la judicatura y entre los sectores duros de la fiscalía. Su pareja es Baltasar Garzón y fueron sonadas sus conversaciones grabadas, y convenientemente filtradas, con el comisario Villarejo. En julio de 2022 dimitió por sorpresa a raíz de una intervención en la columna vertebral. Su reingreso no ha sido un camino de rosas, con impugnaciones de los nombramientos que ha hecho su relevo, Álvaro García Ortiz. Al final, los adversarios utilizan a Delgado como un frente más contra el actual fiscal general.