Varios exconsejeros de Cultura, como Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Laura Borràs Castanyer, Joan Guitart, Ferran Mascarell y Àngels Ponsa, han firmado un nuevo manifiesto en el que solicitan detener el traslado de las obras de Sixena, justo el mismo día que el patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) ha decidido presentar un incidente de ejecución por la imposibilidad de devolver con garantía las valiosas pinturas murales románicas al monasterio de la Franja.
El nuevo manifiesto, al que ha tenido acceso El Món, es una segunda parte del texto presentado en sociedad el pasado 5 de junio, donde rogaban el mantenimiento de la obra en el MNAC. Pero en esta ocasión, el documento incorpora un punto que es necesario destacar. En concreto, el aviso de que están dispuestos a presentar una querella contra las autoridades judiciales o administrativas que pongan en riesgo las obras. «Advertimos a todas las personas implicadas que tratándose de bienes de elevado valor histórico, la causación de daños a estos, sea dolosamente o por imprudencia, está tipificado como delito sobre el patrimonio histórico en el vigente Código Penal», destaca el escrito.
De hecho, fuentes de los firmantes del manifiesto informan a El Món que ya han encargado al despacho del abogado Jaume Alonso-Cuevillas la preparación de un posible pleito penal para detener una extracción o devolución de las obras que las dañen de manera irreversible. El catedrático de Derecho Procesal, sin embargo, no sale a cazar sin perro. De hecho, en el debate en la librería Ona de la semana pasada sobre las posibles salidas ante la sentencia ya apuntaba una posible vía penal aplicando los artículos 323 y 324 del Código Penal. Una opción que, incluso, el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barcelona, Guillem Soler, veía bastante factible.
Causar daños, la clave
La tesis es que si a pesar de las advertencias de los técnicos y los expertos las pinturas terminan siendo trasladadas con el riesgo de ser dañadas, sería una conducta que encajaría en el delito previsto en el artículo 323 del Código Penal. Un delito que castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses a quien cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos. Si los daños son de gravedad, como sería el caso, porque son bienes especialmente «relevantes», la pena podría aumentar. También el artículo 324 prevé una pena similar si el delito se produce por imprudencia.
De hecho, el despacho de Alonso-Cuevillas razona que con esta vía se podría detener la aplicación de una sentencia porque estos delitos se podrían perpetrar en grado de tentativa y por imprudencia. Es decir, a pesar de los informes técnicos contrarios, se llevaría a cabo la ejecución que dañaría unas obras de una gran «fragilidad». En todo caso, el camino de la querella en base al artículo 323 es una solución que encajaría con lo que conocemos de última ratio característica del derecho penal. En todo caso, Cuevillas, que ya consiguió la absolución del consejero Lluís Puig en el caso de desobediencia por el no retorno de las obras al monasterio, ya ha comenzado a trabajar esta opción.
Una demanda y un exhorto
Antes de entrar en la vía penal, este segundo manifiesto también incorpora la demanda a la Generalitat de Catalunya y al Patronato del Museo Nacional de Arte de Cataluña que «agoten todas las acciones a su alcance para evitar el traslado de las pinturas, poniendo de manifiesto ante el Juzgado responsable de la ejecución de la sentencia los diversos informes técnicos que alertan de los riesgos de cualquier intento de traslado».
En el mismo sentido, «exhortan a las diversas autoridades políticas de España, Aragón y Cataluña para que busquen una solución de consenso que evite el riesgo de destrucción o deterioro de las pinturas». De hecho, esta ha sido una de las voluntades manifestadas en la reunión del Patronato del MNAC celebrada esta mañana en la sede de la institución, donde tras anunciar un incidente de ejecución, proponen al juez crear un grupo de trabajo con expertos para valorar cómo se puede ejecutar la sentencia. Un equipo donde invitan a participar a los técnicos que aporte el gobierno de Aragón.
