El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado hacer ninguna valoración sobre la ley de amnistía que se está tramitando en el Congreso de los Diputados porque considera que supondría “interferir en un proceso democrático”. La presidenta del tribunal con sede en Estrasburgo, Síofra O’Leary, avisa que un juez “nunca se puede posicionar sobre un proyecto de ley” y, de manera indirecta, critica el comportamiento del Poder Judicial español, que no ha dudado en criticar abiertamente la tramitación de la ley, elaborar manifiestos incendiarios y denunciar la norma en las instituciones europeas.
Con todo, O’Leary ha querido dejar muy claro que el TEDH se reserva el derecho a hacer más preguntas y a pedir información adicional al estado español una vez se haya aprobado el texto definitivo. Estrasburgo tiene sobre la mesa la sentencia del 1-O desde hace más de un año y medio. El tribunal trata el caso de manera prioritaria porque las condenas a los presos políticos tienen una gran importancia en cuestiones relacionadas con posibles vulneraciones de derechos humanos. Ahora esperan que el estado español responda una batería de preguntas que el tribunal envió sobre la interpretación que el Tribunal Supremo hizo de los delitos de sedición —ahora derogado— y malversación, así como del respeto a los derechos de asociación y expresión.
Las denuncias de los presos políticos por el 1-O
Estrasburgo analiza en bloque una quincena de denuncias de los líderes independentistas, que según la doctrina del mismo tribunal constituyen un “grupo particular”. Las demandas se han agrupado en tres categorías: los casos relacionados con los derechos políticos de los líderes independentistas mientras estaban en prisión preventiva; las condenas por sedición y malversación por el 1-O; y los casos vinculados con la libertad de expresión por el veto del Tribunal Constitucional a varios debates realizados en el Parlamento de Cataluña.
Los nueve líderes y activistas independentistas condenados por el Supremo han presentado recursos contra las sentencias del tribunal liderado por Manuel Marchena, que después fueron ratificadas por el Tribunal Constitucional. El primero en hacerlo fue el expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart, que registró el recurso el junto de 2021. El secretario general de Junts, Jordi Turull, lo hizo al día siguiente. Los últimos en hacerlo fueron Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, que esperaron a que el TC resolviera todos los recursos pendientes. La mayoría de los recursos denuncian la vulneración del derecho a un juicio justo —derecho a un juez imparcial, a un tribunal establecido por la ley y a la presunción de inocencia— y de los derechos a la libertad de pensamiento, de expresión y de reunión. También denuncian vulneraciones de derechos políticos y “de abuso de poder” por parte de las autoridades españolas.
El TEDH ya ha empezado a analizar los recursos de los nueve presos políticos condenados por el 1-O y espera que el estado español responda unas preguntas sobre las violaciones de derechos fundamentales que denuncian los líderes independentistas. El gobierno español, que quiere aprobar primero la ley de amnistía, ha pedido más tiempo para responder al tribunal. Entre las cuestiones formuladas por Estrasburgo destaca si el Tribunal Supremo aplicó una “interpretación imprevisible y expansiva del delito de sedición y malversación” y si la condena fue por un “ejercicio legítimo de sus derechos a la libertad de asociación y expresión”, tal como alegan los presos políticos en sus recursos.
