Alfonso Brezmes Martínez de Villarreal, «el agente del Reino de España» ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), ha sido el responsable de explicar a la curia europea que España no ha aplicado la amnistía a los condenados por el Procés. Así lo ha hecho, en un documento de diez páginas, al que ha tenido acceso El Món, y que responde a la petición del TEDH, del pasado 18 de octubre, con la que solicitaba explicaciones sobre la aplicación de la ley del olvido penal para los condenados en el juicio del Procés que han interpuesto demanda por vulneración de derechos fundamentales.
La respuesta de la abogacía del Estado, admite que ni Oriol Junqueras, ni Raül Romeva, ni Jordi Turull, ni Dolors Bassa, ni Jordi Sànchez han podido ser objeto de la amnistía por las maniobras del Tribunal Supremo. Así desgranan la estrategia de la sala penal de la alta magistratura europea a través de cuestiones de inconstitucionalidad para detener la aplicación de la ley a los condenados el 14 de octubre de 2019 por los delitos de desobediencia, malversación y -en primera instancia, por sedición- artículo ya derogado. Además, detalla los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los condenados por malversación por la negativa de la sala que presidía Manuel Marchena a retirarles la condena. En síntesis, justifican la no aplicación de la amnistía por motivos ajenos al gobierno, sino al poder judicial.
Todo a la espera del Tribunal Constitucional
Según el escrito del letrado, hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie, la amnistía no se podrá aplicar a los condenados por el Supremo, así como a otros condenados, procesados o investigados en el marco del Procés independentista. Ahora bien, sí que el escrito registrado en el TEDH, el abogado del Estado deja claro que la ley de amnistía no es «incompatible» con los procesos abiertos en España por la misma causa. En este sentido, añade que el «gobierno considera compatible la defensa del Reino de España de las decisiones adoptadas por la jurisdicción española en el caso, concretamente de la STS de 14 de octubre de 2019, con la adopción de la Ley de Amnistía». En el mismo documento aporta los términos de las resoluciones del Supremo y del Constitucional.
