Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio, Carles Puigdemont, ha presentado un denso y profuso escrito de defensa contra la acusación de blanqueo que sostiene el ministerio fiscal contra el letrado. Todo en el marco del caso Sito Miñanco, por el cual le piden hasta nueve años y nueve meses de prisión. El escrito de 541 páginas- con la prueba documental incluida-, y al cual ha tenido acceso El Món, abre en canal la instrucción y desgrana una investigación de carácter prospectivo hacia uno de los arquitectos de la estrategia judicial al exilio.
De hecho, el escrito relata punto por punto una colección de vulneraciones de derechos y de garantías procesales con el objetivo de poder acusar a Boye por un caso de recuperación de 889.620 mil euros confiscados en el aeropuerto de Barajas el seis de febrero de 2017. Un encargo profesional de otro de los acusados del caso, Manuel González Rubio. De hecho, recuperó buena parte del dinero con el aval del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la sala del contencioso–administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en ningún caso detectaron ningún delito.
Una declaración que abre el caso contra el abogado
El Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional seguía el caso por narcotráfico contra Sito Miñanco, donde Boye aparecía por su participación profesional en la recuperación de un dinero confiscado. Curiosamente, una extraña declaración de uno de los investigados, Manuel Puentes Saavedra, el 24 de julio de 2019, abrió el caso contra el abogado. Esta declaración, tal como expone el escrito de defensa, «provocó que el procedimiento se dirigiera contra Boye, por lo cual se dictaron en la pieza separada de blanqueo de capital, que entonces estaba secreta, dos actuaciones de entrada y registro tanto en su domicilio particular como en su despacho profesional».
De hecho, el escrito subraya que esta ‘oportuna’ declaración de Puentes Saavedra generó un «cambio relevante y sustancial en su situación personal, porque se decretó su libertad pocos días después de acusar Boye». Y el 21 de octubre del 2019 se dictó la interlocutoria de entrada en el despacho y en el domicilio de Boye. Sería la primera entrada oficial en el despacho y la vivienda del abogado. Una entrada que permitía y reclamaba, según la resolución judicial, «el descubrimiento de nuevos expedientes en que pudiera haber participado para justificar la procedencia de dinero de origen ilícito que hubiera sido intervenido por la Secretaría General del Tesoro”. Una investigación prospectiva que la defensa de Boye califica de «manual».
«Es decir», explicita el escrito, «se solicitó que se investigara prospectivamente a Boye, que se registrara su vivienda, el despacho profesional, sus dispositivos electrónicos y su teléfono móvil para averiguar en qué otros procedimientos o expedientes había intervenido como letrado ante la Secretaría General del Tesoro, aunque no tuvieran nada que ver con el presente procedimiento».
La UDEF entra en juego
La defensa del abogado no olvida una de las piezas claves de la instrucción, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía. Precisamente, los agentes de esta unidad encontraron en los registros dos documentos. Uno titulado Contradicciones de la declaración de Manuel Puentes Saavedra, que analiza las contradicciones de Puentes Saavedra con un trabajo a doble columna donde se incorporan los chats de WhatsApp con el cliente de Boye, Manuel González Rubio, que lo contrató para recuperar el dinero. El otro es un “Informe jurídico sobre blanqueo de capital”, sobre doctrina y jurisprudencia de este hecho delictivo. Dos documentos que los letrados del abogado remarcan como documentos de trabajo sobre la estrategia de su defensa.
A pesar del contenido, la UDEF, el 20 de diciembre de 2019, firma un informe contra el letrado que, «en realidad, consiste en un contrainforme dirigido a combatir la línea de defensa de Boye». «Se valoran los chats de WhatsApp fuera de su contexto natural -el cuadro a doble columna
de Contradicciones declaración Manuel Andrés Puentes Saavedra– y, sin ningún rubor, se sustituye la participación de D. Manuel González Rubio por Manuel Andrés Puentes Saavedra», reprocha el escrito. Es decir, se busca una prueba de cargo cambiando los protagonistas de la misma prueba. Además, el escrito recuerda que los documentos no solo están en poder de la policía, sino que también accedieron a ellos la magistrada instructora, Maria Tardón, el fiscal y otras partes que después incriminaron Boye, como el mismo Puentes Saavedra.
Vulneraciones de derechos
A propósito de esto, además de añadir mucha documentación sobre cómo el caso de la recuperación del dinero pasó por los filtros de control administrativos y judiciales, el abogado de Boye pide la libre absolución. Pero, más allá de considerar que su participación en los hechos no es delito, el letrado busca una resolución que confirme la vulneración de derechos que insiste que ha quedado acreditada durante la instrucción. Así, alega ser víctima de una investigación prospectiva que ha vulnerado su derecho a la intimidad y a su entorno virtual, el derecho a la defensa por vulneración de un proceso justo y equitativo, del derecho al secreto profesional, del principio de legalidad y del principio non bis in idem.
