La eurodiputada de ERC Diana Riba ha exigido a la Moncloa que “cumpla su palabra” y desclasifique los documentos del caso Pegasus después de que un juzgado de Barcelona se lo haya pedido. El presidente español, Pedro Sánchez, prometió en plena crisis por el Catalangate que el gobierno español colaboraría con la justicia y que solo publicarían los documentos clasificados si un juez se lo exigía. Este viernes, Riba y el presidente de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, han declarado en la Ciudad de la Justicia por el espionaje de sus móviles con el programa israelí Pegasus.
En declaraciones a la prensa antes de entrar al juzgado, Riba ha confiado en que la justicia española “acelere” el esclarecimiento de quien ordenó y por qué el espionaje a unos sesenta políticos y activistas independentistas. La eurodiputada espera que el gobierno español “ponga a disposición las herramientas para que se aclare qué ha pasado”. El vicesecretario general de ERC, Raül Romeva, ha insistido en que al partido continúan “firmes y determinados” ante la “represión” del estado español.
La Audiencia da la razón a los independentistas y obliga al CNI a comparecer
La eurodiputada republicana ha celebrado que la Audiencia Nacional haya aceptado sus recursos y haya reactivado la investigación de la causa por el caso Pegasus. Después de una serie de victorias importantes de los abogados de Riba y Jové, el juzgado ha accedido a imputar a las empresas del grupo israelí NSO –fabricante de Pegasus–; ha pedido la comparecencia de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Esperanza Casteleiro; y ha reclamado al gobierno español que desclasifique los documentos secretos sobre el caso.
«La decisión está sobre la mesa del Consejo de Ministros. Esperemos que el gobierno de Pedro Sánchez cumpla con su palabra y los desclasifique. No tenemos una administración democrática si hay espionaje a adversarios políticos”, ha dicho Riba, que ha declarado en el juzgado en calidad de testigo, igual que Jové. La investigación del Defensor del Pueblo concluyó que el CNI había espiado a los líderes independentistas con autorización judicial y, por eso, la Audiencia de Barcelona considera pertinente que los servicios secretos españoles den información sobre el software espía y su uso contra Riba y Jové.
