El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anunciado que admite a trámite los recursos de amparo presentados por Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarles la amnistía. La decisión, que se daba por segura, tal como explicaba El Món hace unos días, ha contado con el voto contrario de cuatro magistrados conservadores: Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías. El presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, ha adelantado que el tribunal resolverá los recursos de amparo hasta después de Navidad, ya que las múltiples recusaciones de magistrados presentadas por las defensas —que han sido rechazadas— han alargado los plazos.
Con esta decisión el Tribunal Constitucional ya ha admitido a trámite todos los cursos de amparo presentados hasta ahora contra el Tribunal Supremo por no aplicar la amnistía a la presunta malversación del Proceso. El TS considera que los hechos encajan en dos de las excepciones planteadas en el texto de la ley aprobada hace más de un año por el Congreso de los Diputados. En primer lugar, el Supremo ve un “enriquecimiento personal o beneficio patrimonial” y también porque hay una afectación a los intereses económicos y financieros de la Unión Europea. El TC ya había admitido los recursos del exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, y de los exconsejeros Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull.
Las medidas cautelares, pendientes de resolver
El pleno del Tribunal Constitucional también ha rechazado las medidas cautelarísimas planteadas por las defensas, que habían reclamado el levantamiento de las órdenes de detención nacionales que el magistrado Pablo Llarena todavía mantiene vigentes. Una vez rechazadas las cautelarísimas, el TC tiene por delante dos decisiones más en relación con los recursos de amparo. Esta misma semana, el pleno del alto tribunal hará una primera aproximación al delito de malversación con la sentencia que debe dictar por el recurso de inconstitucionalidad presentado por las Cortes de Aragón, informa Europa Press.
La siguiente cuestión será resolver las medidas cautelares ordinarias que han solicitado las defensas. Por una parte, Junqueras y el resto de condenados por el referéndum del 1-O han pedido que se levante la pena de inhabilitación, mientras que Puigdemont y Comín reclaman que se levanten las órdenes nacionales de detención. Fuentes jurídicas consultadas por la agencia de noticias avanzan que el tribunal se interesará por las cautelares, pero que difícilmente las concederán, ya que es una cuestión muy delicada con consecuencias políticas imprevisibles. Por eso auguran que serán rechazadas, ya sea a través de un trámite propio —en el marco de piezas dedicadas únicamente a analizar las cautelares— o incluso directamente dentro de las sentencias que dicten llegado el momento.
El abogado general del TJUE, el siguiente
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, se pronunciará el próximo 13 de noviembre sobre la ley de amnistía. En concreto, sobre las dos cuestiones prejudiciales presentadas, por una parte, por el Tribunal de Cuentas en la causa de los gastos vinculados al 1-O y al Diplocat y, por la otra, por la Audiencia Nacional sobre la aplicación de la amnistía a los CDR encausados por terrorismo en el marco de la operación Judas del 23-S. La opinión de Spielmann no es vinculante para la gran sala del TJUE, pero a menudo coincide bastante con las sentencias del tribunal.
