El Tribunal Constitucional ha cerrado filas con el Tribunal Supremo y con la Mesa del Congreso para proteger a la poderosa Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), encargada de la investigación del caso Koldo García, que, además del exasesor de José Luis Ábalos, también tiene implicados al mismo exministro y al otro ex secretario de organización de los últimos años en el PSOE, Santos Cerdán. La Sección Segunda de la Sala Primera del Tribunal Constitucional ha dictado este mediodía una providencia con la que rechaza admitir a trámite el recurso de amparo de Ábalos, con el cual denunciaba que se había vulnerado su derecho a la inmunidad parlamentaria.
Los magistrados, por unanimidad, consideran que las investigaciones llevadas a cabo por la UCO antes de la aprobación del suplicatorio no vulneran un derecho fundamental en amparo. Ábalos interpuso el recurso contra la resolución de la presidenta de la Mesa del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, de 16 de enero de 2025, con la que la cámara concluía que su función representativa como diputado no había sido afectada por la Guardia Civil antes de haber solicitado y obtenido el suplicatorio pedido por el juez instructor del caso, Leopoldo Puente.
Una cuestión delicada
De hecho, Ábalos entendía que la UCO había recogido pruebas a través de las grabaciones en los teléfonos de Koldo Garcia, por parte del Juzgado Central de Instrucción número dos de la Audiencia Nacional. El exministro de Transportes entendía que haber seguido este hilo para construir una acusación para pedir al juez su procesamiento se había hecho al margen del suplicatorio y, por tanto, se vulneraba el principio de la inmunidad parlamentaria.
En este sentido, cabe recordar que, precisamente una de las líneas de defensa principal de Santos Cerdán, es que fue investigado antes de que dimitiera como diputado y sin que se planteara ningún suplicatorio. Un motivo constantemente alegado por las defensas y que el juez Puente, y la sala de apelaciones han rechazado. Por tanto, la decisión de este miércoles podría convertirse en un precedente sobre la práctica de una investigación a un diputado sin haber solicitado el pertinente suplicatorio.
