Sin sorpresas. La Sala Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de la empresa Defex, la sociedad estatal española de armas y municiones, de los delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y de blanqueo de capitales. Es la trama investigada por adjudicaciones del gobierno de Camerún entre 2005 y 2013 a cambio de comisiones y sobornos a autoridades y funcionarios para el suministro de material de defensa y seguridad.
Dos sentencias por dos recursos diferenciados, que suman 55 páginas y a las cuales ha tenido acceso El Món, que han tenido como ponente a Manuel Marchena, quien, de hecho, tenía poco margen para modificar la absolución, tras la confirmación de la sentencia de instancia por parte de la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional. La resolución también confirma la condena del exdirector comercial de Defex y del presidente de la subcontratista Aresa Marine S.L. a dos años de prisión por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales en los negocios, con el atenuante de dilaciones indebidas.
Precisamente, esta sociedad sí que se ha visto beneficiada por la sentencia del Supremo con el beneplácito de que le ha estimado el recurso y ha declarado la absolución, dejando sin efecto la pena de multa de 2 años, con una cuota diaria de 30 euros que se le había impuesto. La sentencia cierra uno de los escándalos de la empresa DEFEX, la gran empresa estatal de armamento que tuvo que ser liquidada por el gobierno de Pedro Sánchez a raíz de los escándalos de corrupción que la acechaban. Ahora todavía quedan pendientes de juzgar los casos de Angola y Arabia Saudita. De hecho, aún no tienen ni fecha.

Una providencial carambola legal
La absolución por parte de la Audiencia Nacional se argumentó en base a una carambola legal y gracias a la reforma del Código Penal de 2015, auspiciada por el gobierno español del PP, que introdujo la responsabilidad penal a las sociedades mercantiles de carácter estatal, a la que la empresa se pudo acoger. De esta manera, la tercera instancia del Supremo ha vuelto a avalar que la empresa semipública de armamento y seguridad, de la cual es mayoritariamente propietaria la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), haya sido absuelta de los delitos de soborno, tráfico de influencias, falsedad documental, malversación y blanqueo de capitales.
La sentencia no toca ni una coma de los hechos probados en primera y segunda instancia. Es decir, el tribunal considera probados los regalos que se hacían a los militares cameruneses responsables de la compra del material o a sus parejas, como operaciones de cirugía estética, muebles, regalos o viajes a Barcelona. A pesar de acreditarse estos regalos, los magistrados razonan que no puede haber malversación de fondos públicos porque los sobornos se pagaron a través de un banco privado o a través de subcontratistas. Es más, entienden que no podía haber responsabilidad penal de la empresa porque los pagos se realizaron entre los años 2005 y septiembre de 2014, justo antes de la entrada en vigor en 2015 de la reforma que introdujo “la extensión del régimen de responsabilidad penal a las sociedades mercantiles estatales”.

Comisiones, sobornos y operaciones de estética
Defex fue acusada de obtener adjudicaciones del Gobierno de Camerún, entre 2005 y 2013, a cambio de comisiones y sobornos a autoridades y funcionarios para el suministro de material de defensa y seguridad. La sentencia del Supremo confirma la absolución de la empresa y condena a dos años de prisión a su exdirector comercial Manuel Iglesias-Sarriá, por un delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales con la aplicación del atenuante de dilaciones indebidas, pero lo absuelve de los delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y de blanqueo de capitales, que podrían haber supuesto 7 años más de prisión. La sentencia también mantiene la pena de dos años a Óscar López y Salvadó, presidente de la subcontratista Aresa, que también fue condenado por el mismo delito de corrupción. Pero absuelve a la empresa.

