El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa abierta por posibles irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la pandemia de COVID, va al grano. El magistrado ha dictado hoy una resolución en la que acuerda elevar suplicatorio al Congreso de los Diputados para suspender la inmunidad del exministro, exnúmero dos del PSOE y diputado José Ábalos. Un paso imprescindible para poder investigarlo como imputado.
El togado considera que a raíz de las diligencias practicadas hasta este momento hay “fuertes indicios» de la posible comisión de al menos cuatro delitos. En concreto, de integración en organización criminal, tráfico de influencias, soborno y malversación. El instructor entiende que “ha llegado un momento en que la constancia de indicios cualificados” de la posible participación de Ábalos en los hechos investigados obliga a solicitar la autorización de la cámara baja prevista en la Constitución. El magistrado avanza que cursará a través de una exposición razonada enviada al presidente de la Sala Penal del Supremo para que le confiera el trámite correspondiente.
Indicios de hacer valer su condición de ministro
La resolución del magistrado instructor destaca que las declaraciones tanto de Ábalos como de los otros dos investigados, Víctor de Aldama Delgado y Koldo García, así como de los documentos aportados por ellos, y del resultado de las intervenciones telefónicas y los registros domiciliarios ordenados por el Juzgado Central de Instrucción número 2, permiten avanzar con el suplicatorio. “Hay suficientes elementos para, siempre en los términos indiciarios que resultan propios de la fase procesal en que nos encontramos, considerar que el aforado pudiera, prevaliéndose de su condición de ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y a cambio de determinados beneficios económicos obtenidos, haber determinado la adjudicación de varios contratos de la Administración pública o el sector público institucional con empresas privadas«, afirma el juez. Todo ello en el marco de la situación de emergencia determinada por la pandemia del Covid-19, y en particular a los contratos y adjudicaciones relativas a la adquisición, por vía de urgencia y emergencia, de material sanitario, mascarillas, trajes especiales y laboratorios para identificar vestigios de la enfermedad”.
Según detalla la resolución, los resultados obtenidos de la investigación «permiten afirmar», aunque sea indiciariamente, que el asesor de Ábalos, Koldo García Izaguirre, «intervenía activamente en la contratación, gestionaba los contratos de adjudicaciones a las empresas y, al mismo tiempo, realizaba operaciones para ocultar los cobros recibidos de la organización«. El magistrado también subraya que Ábalos Meco, también intervenía, a través de la declaración de Koldo y Aldama, «personalmente y utilizando los oficios de su asesor en el Ministerio y, indiciariamente, gozando de los ilícitos beneficios económicos que estas actuaciones le pudieran haber generado”.
