Poco a poco se van abriendo etapas. La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de San Lorenzo del Escorial, Míriam Matías, ha dado un paso más adelante en el procedimiento iniciado por la familia de un catalán enterrado en el Valle de los Caídos, ahora rebautizado como Cuelgamuros. Después de que la fiscalía arrastrara los pies, pero que finalmente aceptara la competencia, la jueza ha citado a los impulsores del proceso y al ministerio fiscal a la comparecencia de juicio verbal de la jurisdicción ordinaria, el próximo 23 de octubre.
Una fecha que llega después de que el pasado mes de octubre Teresa Álvarez Miret y Josep Montmany Álvarez, hija y nieto respectivamente de José Álvarez López, después de una búsqueda de 15 años presentaran una denuncia contra el Estado español por crímenes de guerra, delito que no ha prescrito aún. De hecho, el abogado de los herederos, Josep Rosell, reconoce a El Món, que era un caso difícil, pero que había resquicio legal y a medida que «han picado piedra el resquicio se ha agrandado».
Después de que el 25 de marzo pasado la jueza admitiera la competencia del caso, ahora ha dictado una providencia, de cuatro páginas y a la que ha tenido acceso El Món, que permite encarar con más confianza la segunda parte del proceso judicial, que puede facilitar la siguiente fase de la denuncia contra el Estado. Una vista que llega justo cuando la fiscalía de Memoria Histórica ha iniciado diligencias de investigación sobre los miles de españoles y catalanes que perdieron la vida en los campos de exterminio nazi. «Una decisión que avala», entiende Rosell, «el fondo de la petición de los herederos de José».
«Una exhumación de unos restos secuestrados»
Finalmente, la vista debe servir para acabar de valorar la petición de exhumación y de reconocimiento de los hechos que postulaban los impulsores del proceso: «exhumar el cadáver de un soldado catalán republicano fue secuestrado por el Estado y enterrado en una fosa común”. La jueza, sin embargo, ya da por probado, que José Álvarez López murió durante la Guerra Civil, cuando formaba parte de las tropas republicanas, y sus restos fueron trasladados, durante la Dictadura, al Valle de los Caídos. Un depósito confirmado por la misma dirección del Valle, que emitió un certificado con el número 5.289 y situadas en el Columbario nº 1.226, lugar correspondiente a la Cripta Derecha.
El procedimiento debe declarar la “realidad y las circunstancias de hechos pasados determinados”. Por tanto, una vez cumplido, este primer trámite judicial, queda la vía para la estrategia de la denuncia por crímenes de guerra que pretende la hija de la víctima y su nieto. Álvarez López fue un combatiente republicano que cayó abatido en la batalla del Ebro. Su cadáver fue enterrado en el cementerio de Horta de Sant Joan (Terra Alta). Pero en el año 1959, veinte años después de su muerte, y con el desconocimiento absoluto de la familia, José fue desenterrado y trasladado a la basílica franquista del Valle de los Caídos, el mausoleo fascista levantado por prisioneros de guerra y con la cobertura de la Iglesia católica española.
