Nuevo paso judicial en el caso de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). Mientras el juzgado de Instrucción 1 aún está pendiente de admitir a trámite, a la espera de una fianza, la querella presentada por Guardianes de la Inocencia, otra querella ha abierto camino. Se trata de la interpuesta por Acció Cassandra, la entidad jurídica en defensa de la minoría nacional catalana. El Juzgado de Instrucción número 27 ha comenzado a tramitar la querella y ha citado a sus abogados el próximo 8 de abril para ratificar la querella en sede judicial.
La querella se registró el pasado jueves ante el juzgado de guardia de Barcelona. Acció Cassandra se pone el sombrero de acusación popular contra los altos cargos políticos y directivos responsables de la presunta malversación de fondos públicos de la DGAIA. La querella reclama investigar posibles delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental, encubrimiento, acoso y financiación ilegal de partidos. Además, se dirige contra los exconsejeros Chackir el Homrani, Violant Cervera, Carles Campuzano, Dolors Bassa, el exsecretario general Josep Ginesta y los exdirectores generales Ester Cabanes, Ricarc Calvo y Georgina Oliva, además de Jasone Latorre directiva responsable de la UTE Fundación Mercè Fontanilles-Resilis y jefa de servicio SEVAP en Cataluña y Irene Casamitjana, también del SEVAP.
«Un abuso sistemático»
El escrito, al que ha tenido acceso El Món, resalta que los indicios aportados apuntan un abuso sistemático del procedimiento de emergencia, pagos indebidos masivos y “plazas fantasma” así como fraude en la concesión de ayudas y alquileres inflados. Acció Cassandra pide pruebas y apunta que las irregularidades podrían consolidar la tesis de financiación ilegal de partidos a través de lo que llaman “entidades afines”. De hecho, la querella va acompañada con una ingente prueba documental pero reclama varias diligencias y las declaraciones de los querellados. Ahora, la ratificación es el primer paso y, a continuación, el juzgado podrá determinar una fianza que los abogados de Acció Cassandra calculan entre 4.000 y 5.000 euros que buscarán financiar con una campaña de micromecenazgo.
