En sintonía con la opinión de la fiscalía anticorrupción, el juez del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido inadmitir la querella presentada por el PP contra el PSOE por financiación ilegal. Una denuncia registrada en el marco de la causa en la que investiga una organización presuntamente dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos en el caso Koldo.
El magistrado considera que los datos que de “forma anónima” han surgido en la información periodística que recoge la querella no tienen “suficiente virtualidad para iniciar la investigación”. La querella del PP inadmitida también iba dirigida, además de contra el PSOE, contra los empresarios Víctor d’Aldama, su socio Claudio Rivas y contra Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, por supuestos delitos de blanqueo, soborno, tráfico de influencias y financiación ilegal.
“Datos corroboradores”
El magistrado, en su resolución, recuerda que una “denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores, o que sean estas mismas las que funcionen como elemento confirmador de los otros, sin necesidad de revelar la identidad del informador”. En esta línea, Pedraz aplica la jurisprudencia para insistir al PP que las informaciones que puedan aparecer para abrir una causa, deben estar “sustentadas con algún dato, hecho o circunstancia”.
Además, añade que la jurisprudencia indica que “con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal”. “Hace falta algo más”, subraya el juez. Para Pedraz, en el caso de la querella del PP, ese “algo más” no aparece en la querella. De hecho, el magistrado alerta que de lo que se ha investigado hasta ahora “no aparece ninguna vinculación con lo que se denuncia”.
De hecho, el magistrado advierte, “aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos, como señala el Ministerio Fiscal al destacar que la tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al director del Gabinete del ministro de Industria, y une un informe que aparece en unas previas del Juzgado Central de Instrucción Dos y contradice también a estos denunciantes”. En la misma interlocutoria, el juez, sin embargo, admite la personación como acusaciones populares del PP, Manos Limpias, la asociación Hazte Oír y Vox, previa prestación de fianza de 10.000 euros.
