Había que prepararlo muy bien. Las defensas esperaban la jornada de hoy, la vigésima, del juicio contra los Pujol Ferrusola con ganas de gresca, con artillería ligera y pesada y sin miramientos. Al fin y al cabo, es un caso basado en informes incriminatorios por parte de policías que actúan como legisladores y jueces y que sientan en el banquillo de los acusados a cualquiera que tenga aura de enemigo público número uno, y si es catalán, más. Tocaba la réplica de los abogados defensores tras una jornada de interrogatorios del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado al policía instructor en jefe del caso Pujol, el responsable de los informes, el inspector 89140, Álvaro Ibáñez. Un policía que esta mañana se ha descrito a sí mismo como el «mejor» en investigaciones de corrupción.
El inspector esperaba aprovechar la indulgencia del presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, que antes de iniciar su testimonio le comentó que entendía que «la animadversión» contra los acusados era «un simple malestar». Pero de nada le sirvió la amabilidad del magistrado, porque un juicio es como en un partido de fútbol, por muy torpe que seas jugando, si enfrente tienes un Lamine Yamal inspirado, motivado y con un oficio cum laude, no solo no tienes nada que hacer, sino que puede ser una carnicería. Y eso es lo que ocurrió en las primeras horas del interrogatorio de Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola. La ofensiva del letrado fue demoledora, hasta el punto que el magistrado presidente detuvo el tiempo para evitar que el desangre fuera a más.
«Un pasito más«
Martell había hecho el guion del interrogatorio con perspicacia pero con bastante simplicidad, para evidenciar los agujeros negrísimos de los informes del instructor. En concreto, operación por operación e informe por informe y con la fórmula habitual del abogado de avanzar diciendo «doy un pasito más». Bastaba con mirar al fiscal Fernando Bermejo, con la cabeza apoyada en la mano. La intensidad de las preguntas sobre operaciones inmobiliarias de su cliente en municipios con ayuntamientos del PSC y con Gobiernos tripartito en la Generalitat y la falta de investigación de elementos «relevantes» ha puesto contra las cuerdas al inspector, que se ha visto obligado a utilizar las muletas habituales: «No lo recuerdo», «No lo hice yo», «Lo desconozco». O, aún más atrevido: «Eso lo hizo mi segundo», «Lo busqué en Google» o recordar la «sentencia del caso Palau» -un caso en el que no hay ningún Pujol condenado, ni fue procesado.
La tesis de la defensa ha sido recordar que, si las operaciones de Pujol Ferrusola provenían de delitos precedentes de corrupción política –materia en la cual el inspector ha dicho ser un «experto»–, la policía debería haber buscado pruebas, indicios o hechos que abonaran su acusación. Martell ha recordado que la acusación policial es un «retorcimiento del derecho» y que no se ha aportado ningún nexo de causalidad entre las operaciones y estas maniobras, como ahora comprobar quién daba las licencias –políticos del PSC– o la realidad de las operaciones. O algo tan burdo como atribuir una agenda donde en la portada pone «Jordi Puig Godes» a Jordi Pujol Ferrusola. Especialmente sangrante ha sido cuando le ha recordado el informe 9842 que el mismo juez instructor, José de la Mata, tuvo que expurgar de la causa por el olor a quemado que hacía. Un informe con datos «de bases de inteligencia policial» que no ha podido especificar. Es el informe sobre el famoso pendrive de los Pujol, que comportó la primera –y de momento única– condena por la operación Cataluña, contra el exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional Eugenio Pino, en el cargo cuando gobernaba Mariano Rajoy.
El juez al rescate, pero hasta un punto
El policía, manifiestamente turbado por el aluvión de carencias delatadas en su instrucción, ha sido auxiliado por Ricardo de Prada. El magistrado ha pedido no hacer «reconvenciones» a las preguntas al testigo. Una petición que llevaba un mensaje implícito del magistrado, cuando ha expresado que «ya había entendido el interrogatorio». «Lo he comprendido», ha replicado. Es decir, el magistrado pedía condescendencia ante el escarnio de los informes. A pesar de la ayuda del tribunal, el testigo ha intentado rehacerse calificando de «mentira» su implicación en el caso del pendrive. El magistrado se ha cansado y le ha advertido que un «testigo debe ser colaborativo».
Aún así, el interrogatorio todavía ha ofrecido un espectáculo final, cuando Martell ha recordado a Ibáñez la expresión de «delitos concomitantes de corrupción política» que ayer expresó el policía. El inspector mencionó el caso Banca Catalana, el caso ITV -posterior a los hechos que se juzgan-, el caso Huarte, el asunto Kepro (1999) como delitos precedentes. Martell ha repasado todos los casos para demostrar la desvinculación de estos sumarios con el juicio actual. Incluso, ha sido bastante curioso cuando el policía ha calificado de corrupción una factura del año 1995 de 35.000 pesetas de Jordi Pujol Ferrusola como autónomo a una empresa de Lluís Prenafeta. El magistrado intentaba detener la trifulca como el coronel Trautman intentaba detener a los policías que perseguían a John Rambo, en los bosques del pueblo de Hope. Pero desistió y permitió que continuara el festival de la defensa.
Google, la gran fuente
Después de Martell, fue el turno de Pau Ferrer, abogado de Pere, Marta, Mireia y Oleguer Pujol, con su estilo habitual calculadamente desapasionado. Con suficiente audacia desganada, le arrancó las conclusiones que quería. En primer lugar, que la supervisión de los informes que coordinaba era simplemente formal y que no miró la explicación alternativa sobre la posibilidad de la herencia de Florenci Pujol. Ferrer sabe perfectamente que el BOE evidencia cómo el padre del expresidente Pujol fue sancionado por fuga de capitales. El policía ha reconocido que «algo vio en internet».
A continuación, fue el turno de Oriol Rusca, abogado de Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola. A pesar de sufrir un resfriado de mala gana, no le restó ni un ápice de energía a su interrogatorio. Hasta el punto que el magistrado pidió calma y serenidad. Rusca no se dio por aludido e interrogó con preguntas directas, con naturalidad y con una vehemencia estudiada que inquietó al inspector. Así logró dar en el blanco cuando pronunció la palabra mágica aprovechando una interrupción del magistrado presidente al pedir una explicación sobre una expresión en un informe. «Señoría, lo digo por la falta de rigor de los informes que inculpan», señaló con una paradinha anterior.
El letrado Francesc Sánchez, defensa de Oriol Pujol, se encargó de sacar de la ecuación el caso ITV por el cual fue condenado su cliente. Y, a continuación, los letrados de los otros imputados, fuera ya de la familia, José Antonio Choclan o Fermín Morales, con más horas de vuelo que las togas del Colegio de Abogados, hicieron un recital. Una orquesta polifónica que el magistrado no pudo frenar a pesar de sus intentos infructuosos de evitar comentarios o razonamientos o conclusiones que fueron desgranando durante el interrogatorio. Al final, el magistrado cortaba las preguntas con una fórmula bastante cordial, «ya se ha contestado». Una manera muy educada de pedir que soltaran la presa, que ya ha sufrido bastante y lo hemos entendido todos.
