El Proceso y el referéndum del primero de octubre de 2017, del cual este miércoles hace ocho años, tuvieron varios protagonistas. Políticos y líderes de entidades como Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) capitalizaron la dimensión pública, pero también hubo un grupo de secundarios que no solo los eclipsaron, sino que pasaron a ser cabezas de cartel. En concreto, los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que actuaron antes, durante y después del referéndum.
Los nombres más destacados de la lista son el entonces jefe de los Mossos d’Esquadra, el mayor Josep Lluís Trapero; el jefe de la Guardia Civil en Cataluña, el actual teniente general Angel Gozalo; el jefe de la Prefectura del Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña (CNP), Sebastián Trapote; el jefe de Información del CNP por el referéndum, Juan Manuel Quintela; el coordinador del operativo policial contra el 1-O, Diego Pérez de los Cobos, y el entonces teniente coronel Daniel Baena, responsable del poderoso servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña y autor de los atestados que llevaron a la prisión provisional a los líderes civiles e institucionales del Proceso y que mantuvo procesados a una cuarentena de cargos del Gobierno a través del profuso sumario del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, entonces en manos del magistrado, ahora ya fallecido, Juan Antonio Ramírez Sunyer.
De todos estos nombres, ya hay tres jubilados. Gozalo, ascendido a teniente general, fue trasladado a Madrid, donde terminó su carrera. Trapote y Quintela también son pensionistas. En cambio, Pérez de los Cobos continúa en activo, aunque mantuvo un largo pleito con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por su relevo y por no haberlo nombrado general. Trapero, después de ser juzgado y absuelto, fue restituido como jefe del cuerpo, relevado un año después y ahora es el actual director general de la Policía, un alto cargo socialista del Gobierno de Salvador Illa. Mientras tanto, una de las personas que más tuvieron que ver con su procesamiento, Baena, continúa en el estado mayor de la Guardia Civil en Cataluña, y, gracias a la amnistía, aún no se ha aclarado qué papel y para quién jugó durante el Primero de Octubre.
Baena aún maneja los hilos en el instituto armado en Cataluña, y de hecho, en julio participó en la última Junta de Seguridad de Barcelona del pasado como representante de la Guardia Civil en la ciudad. De hecho, en mayo de 2021 fue nombrado jefe de operaciones de la Comandancia de Barcelona, de junio de 2024 a enero de 2025 fue ascendido a jefe de la comandancia de Barcelona y, desde entonces es jefe de PLM (Puesto de Mando Local) en Cataluña. Y la paralización del caso del juzgado 13, la causa madre del Proceso, ha jugado a su favor.
La sospecha de la relación de Baena con el CNI
Después del referéndum y a medida que aparecieron más pruebas sobre la operación Cataluña de la policía patriótica, se abrió la sospecha de que la investigación de Baena sobre el Proceso y todos sus atestados podrían estar contaminados. En concreto, sería por su relación o colaboración con los servicios de inteligencia en el caso, todo porque el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) no está facultado como policía judicial, de modo que la información sin control judicial que habría aportado habría alimentado los atestados de Baena que sirvieron para los procesos judiciales contra los independentistas.
La relación del teniente coronel Baena con el CNI encaja con el plan de trabajo de la operación Cataluña establecido en una anotación en la agenda del comisario de inteligencia jubilado, José Manuel Villarejo, del 5 de noviembre de 2012, justo antes de las elecciones al Parlamento de Cataluña y justo el día antes de entrevistarse con la entonces líder del PPC, Alícia Sánchez Camacho. Una anotación que consta en la macrocausa Tándem del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional.
En esta ocasión, Villarejo inició una hoja de la agenda con el título Plan de trabajo –Barna, que enumera todas y cada una de las tareas que está previsto llevar a cabo. En la lista hay un detalle bastante interesante: la anotación “Estrategia conjunta CNI Julian Sinis”. A continuación, en marzo del mismo año aparece otra anotación importante de recolección de información de una reunión con el comisario José Luis Olivera, Oli, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y entonces director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO). El resumen de la anotación relaciona al entonces comandante Baena con el CNI.
Pegasus aún añade más dudas
A pesar de estas anotaciones, que levantaban todas las sospechas, estalló el caso Pegasus. En concreto, el espionaje a Josep Maria Jové, presidente del grupo parlamentario de ERC, y uno de los principales investigados por el Juzgado de Instrucción 13 que pasó al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y que ahora espera el resultado de las cuestiones prejudiciales sobre la aplicación de la amnistía ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Jové fue uno de los detenidos el 20 de septiembre de 2017, en la redada de la Guardia Civil contra la organización del referéndum. Ese día le fue requisado un terminal móvil que, por orden de Baena, fue enviado a Múnich, Alemania, a la empresa israelí Cellebrite, la misma que se utiliza para desencriptar móviles de yihadistas. Ahora bien, este móvil no aparece en el registro de evidencias hasta veinte días después, el 9 de octubre de 2017. Un dato que chirría porque, puesta en relación con Pegasus, esta demora podría tener alguna explicación relacionada con el uso fraudulento del software espía.
Así, el móvil estuvo fuera de control, sin referencia a ningún número de precinto ni descripción del contenedor donde se depositó la fuente de prueba, durante 3 semanas. El día 17 de octubre de 2017 el móvil se envió, por expresa y personal decisión de Baena, a Cellebrite en Alemania, es decir, fuera de la jurisdicción del tribunal, sin que exista ninguna resolución judicial donde se establezcan reglas que garanticen la admisibilidad futura de la prueba y sin utilizar ningún instrumento de cooperación judicial internacional. El móvil estuvo más de un año en Alemania, sin resultado y manipulado con una “metodología confidencial”.
¿Un móvil manipulado?
Los abogados de Jové no se quedaron de brazos cruzados y aportaron las anotaciones de Villarejo y los trabajos de la Guardia Civil con el móvil de Jové. De hecho, la defensa razonaba que el móvil se había manipulado de forma totalmente irregular, sin garantías de cadena de custodia, con procedimientos efectuados por empresas privadas con métodos confidenciales, por técnicos privados anónimos, en procedimientos no registrados, sin validación de la integridad de los datos copiados en el proceso de adquisición forense y con un absoluto descontrol de la fuente de prueba en todas las instancias de manipulación.
La intención era aclarar cómo el dispositivo móvil fue objeto de espionaje con Pegasus. El argumento es que no solo se ponía en duda la fiabilidad de la prueba sino su legalidad. El móvil quedó custodiado por el TSJC sin tampoco aportar “una imagen forense del contenido del dispositivo móvil”. Por tanto, o bien en esta copia se encontrarían acciones irregulares, como el uso de un software espía, o bien habría rastro que se habría manipulado para no dejar pruebas de este ciberespionaje ilegal. El 16 de mayo de 2023, se presentó un escrito explicando las relaciones de Baena con el CNI y las dudas de la legalidad de la prueba obtenida. Pero la amnistía paralizó una hipotética intervención e investigación sobre Baena, que continúa cortando el bacalao en el instituto armado.
Por otro lado, cabe recordar que Baena comenzó a investigar el Proceso por una causa de sedición mucho antes de que el entonces Fiscal en jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, incoara la apertura de diligencias policiales. Baena llevó a cabo una investigación prospectiva, es decir, sin notitia criminis y ad cautelam. Lo que se entiende como investigación preprocesal abusiva, que no solo rompería el principio de que la policía judicial está al servicio de la Fiscalía y no la Fiscalía al servicio de la policía, sino el principio de tutela judicial efectiva, que añadiría más dudas sobre la actuación de Baena.
