Tercera sesión la de este miércoles del juicio por narcotráfico y blanqueo en la macrocausa Mito. Es decir, el sumario por narcotráfico y blanqueo a 48 personas y cinco entidades jurídicas, de la supuesta trama que lideraba José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco. Un juicio en el que está imputado por blanqueo Gonzalo Boye, el abogado del presidente en el exilio Carles Puigdemont. Boye, sin embargo, hoy ha tenido el apoyo del director del European Center for Human and Constitutional Rights de Berlín, Wolfgang Kaleck y otros juristas expertos en derecho internacional penal y defensores de los derechos humanos. Es la organización que remitió una carta al fiscal general del Estado advirtiendo que vigilarían el juicio.
Se le acusa de haber falsificado unos documentos para recuperar 900.000 euros confiscados en el aeropuerto del Prat que la policía sospecha que eran de Miñanco y de sus negocios con la droga. Una acusación, con peticiones de 9 años y 9 meses de prisión, que llegó cuando la instrucción llevaba tiempo y después de que ni el Servicio de Prevención de Blanqueo del Banco de España ni el Tribunal Superior de Justicia de Madrid vieran ningún tipo de delito, reduciendo incluso, la multa sancionadora interpuesta por vía administrativa.
Dos testigos
En esta tercera sesión, la defensa de Boye podía estar tranquila por los testimonios previstos. En principio policías que participaron en las diferentes operaciones de aprehensión de drogas. De hecho, este miércoles, en primer lugar, ha terminado la declaración el segundo inspector de policía que entró en contradicciones que debilitaban la acusación a Boye. El mismo policía que admitió que de los 3.305 kilos de cocaína interceptada en el barco Thoran, clave del caso, no sabía qué parte iba para la organización de Miñanco.
Pero cuando llegó la declaración del segundo testigo del día, el jefe del grupo de Brigada de Estupefacientes de Madrid del CNP, con tip 90.257, Boye entró en escena. Pero entró como la famosa paradoja del gato de Schrödinger, es decir, que es una cosa y es la otra al mismo tiempo en una prueba que forma parte del cuerpo principal de la acusación.
La reunión Schrödinger en el VIPS
El policía narró que tuvieron conocimiento de la confiscación del dinero en el aeropuerto, pero, en cambio, en ningún momento explicó si dijo algo a las autoridades tributarias. Tampoco podía decir mucho más que el coordinador de la investigación que testificó ayer, que tuvo que admitir que no avisó a nadie. En todo caso, el policía expuso que se celebró una reunión en el restaurante VIPS de la calle Orense de Madrid, a la que habrían asistido entre otros Manuel Puentes Saavedra que incriminó a Boye con una declaración que le supuso la libertad, Luis García Arango, Manuel Pérez Lago, la hija de Prado Bugallo y un «abogado que sería Boye».
La existencia de esta reunión, sin embargo, se supone a raíz de un audio previo, en que, tras la confiscación de dinero en Barajas en febrero de 2017, dos personas de la organización apuntaban que «el abogado lo solucionará«. «Se produce esta cita en la calle Orense de Madrid, donde el único abogado que hay, es este señor», detalló, sin dar nunca por celebrada esta reunión. Es decir, un encuentro que se habría celebrado según un audio, pero que nadie lo ha confirmado, porque no hay pruebas que confirmen la celebración de esta reunión.
De todas maneras, la defensa de Boye se ha mostrado molesta con el testimonio, que interrogará este jueves, porque el audio al que se ha referido se parece como un huevo a una castaña, al que existe en el sumario, tanto por el contenido como por la intención. Ahora bien, también se han mostrado satisfechos porque la policía ha tenido que volver a admitir que Boye había sido abogado de algunos asistentes de la reunión en ocasiones anteriores. Y sobre todo, porque la supuesta reunión solo existe por un audio previo a convocar la cita. Una reunión que, policialmente, existe o no.
