El fiscal de sala del Tribunal Supremo, arquitecto de la acusación del ministerio público contra los líderes institucionales y civiles del Procés, Javier Zaragoza, no disimula, al contrario, su posición contra la reforma judicial que ha iniciado el gobierno de Pedro Sánchez. Así lo certifica su intervención en una mesa redonda titulada Reflexiones desde la Justicia organizada por La Razón este lunes. Zaragoza afirmó que las reformas impulsadas por la Moncloa, de la mano del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, son un «torpedo a la línea de flotación de la independencia judicial, coraza nuclear del estado de derecho».
De esta manera, el fiscal del Procés evalúa las tres propuestas principales de las reformas: el acceso a la carrera fiscal y judicial, el papel de las acusaciones populares y sobre todo, que los fiscales sean los instructores de los casos. Precisamente, el traspaso de las instrucciones al ministerio público -que califica de «proyecto estrella», es lo que enerva a Zaragoza, que llega a calificar la medida de «despropósito» que «no mejora la independencia del fiscal». «No estamos en los mejores momentos para abordar estas reformas», ha contextualizado el fiscal teniendo presente, sin mencionarlo, el hecho de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado la próxima semana por el Tribunal Supremo acusado de un delito de revelación de secretos.
Sin consenso político
Para Zaragoza no hay suficiente «consenso político» para abordar un cambio como este, y se muestra convencido de que «no satisfará los estándares de la Unión Europea que marca la Comisión de Venecia». En este sentido, concluye que no es suficiente para llevar a cabo esta reforma con los votos de la mayoría de la investidura, que, por otro lado, ya ha perdido los votos de Junts, si no hay ninguna sorpresa. Esta opinión la comparten otros miembros del coloquio, como la magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, y el magistrado emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Constitucional Manuel Aragón.
Otros miembros de la mesa redonda fueron María Jesús del Barco, magistrada decana de los Juzgados de Madrid y presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura; Ángel Juanes, exvicepresidente del Tribunal Supremo; Alejandro Abascal, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado; José María Fernández Seijo, vocal del Consejo General del Poder Judicial y magistrado; y Isabel Winkels, vicedecana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y abogada. Todos ellos moderados por la subdirectora del diario La Razón, Carmen Morodo.
