La recta final de la vista por el caso Mito en la Audiencia Nacional se ha planteado como un juicio a las garantías y derechos de cualquier investigado. Una estrategia compartida por las defensas en una macrocausa como esta, donde se juntan hasta cinco juicios diferentes, con más de cincuenta imputados entre personas físicas y jurídicas. Una vista que encara el turno de los informes finales tras semanas de una vista oral en la que se juzga un caso de narcotráfico, narco transporte y blanqueo, que supuestamente dirigía José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, para quien la fiscalía pide 31 años de prisión, y en el que, de rebote, se ha procesado a Gonzalo Boye por blanqueo.
Mayormente, las defensas, al elevar sus conclusiones a definitivas, han reclamado al tribunal que preside Félix Alfonso Guevara la nulidad de actuaciones por la falta de garantías de las grabaciones de ambiente, así como los hipotéticos rompimientos de la cadena de custodia de pruebas incriminatorias. De hecho, los mismos abogados han calificado el caso de investigación «prospectiva» en la que chirriaban las garantías procesales. Una acusación que ha hecho saltar como un resorte a la co-fiscal del caso, Cristina López Amat, quien ha negado que esto haya ocurrido. De hecho, para justificar las maneras dudosas de la investigación ha sentenciado que «la sociedad en la que vivimos no puede permitir que el derecho a la intimidad sirva de parapeto para la impunidad de conductas delictivas tan graves como las que estamos denunciando en este juicio». Un argumento que ha puesto los pelos de punta a las defensas.
Precisamente, el ministerio fiscal, de la mano del fiscal Ángel Bodoque, -encargado de la pieza de blanqueo- se ha esforzado en intentar desmontar la tesis de defensa del abogado de Carles Puigdemont, para quien reclama 9 años y 9 meses de prisión. Todo ello, por la declaración inculpatoria de Manuel Puentes Saavedra, otro procesado -no avalada por el resto de imputados-, que le sirvió para salir de la cárcel. Una acusación que pudo obtener, a raíz de un registro, un documento donde Boye y su equipo de abogados preparaban la estrategia de defensa. Un hecho que el fiscal ha negado alegando que el registro se hizo con «exquisitas garantías».
Boye, obsesión del fiscal
Bodoque ha insistido en que aparece Boye en informes policiales como una de las personas que participó en «el diseño y la construcción de toda una operación jurídica de mentira» para la «recuperación del dinero intervenido en Barajas», los 890.000 euros. Un dinero que la misma policía apuntaba que eran de Sito Miñanco. Una acusación insistente que buscaba contraatacar la defensa de Boye, que ha aportado documentos, testimonios, declaraciones, agendas, geolocalizaciones e incluso un proceso judicial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para refutar la incriminación.
De hecho, Boye participó en la defensa jurídica del propietario del dinero confiscado en el aeropuerto –Manuel González Rubio, aunque la fiscalía insiste en que en realidad eran de Sito Miñanco–, tanto en el proceso administrativo como en el contencioso, para intentar recuperarlos. Un trámite que se resolvió incluso con una rebaja del 50% de la sanción dictada por la sala contenciosa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Cabe decir que ni en todo el proceso administrativo, donde también participaba el Sepblac, el acrónimo en español del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, nunca se consideraron estos fondos como parte de blanqueo.
Blanqueo, pruebas y narcotráfico
Aun así, el fiscal considera que los imputados blanquearon una cantidad aproximada de 11 millones de euros a través de una trama de sociedades y empresas. En esta trama, según la tesis de la fiscalía, también habría «correos humanos» como el de González Rubio –a pesar de su alto nivel de vida e ingresos oficiales. «Desde el inicio nada es lo que parece, nada se sostiene desde ningún punto de vista de acreditación», ha mantenido el fiscal. Por eso considera que el papel de Boye justifica la petición de «punibilidad», porque entiende que como abogado «favoreció» lo que el fiscal considera que fue un delito de blanqueo.
Pero su exposición también ha tenido lagunas que han sacudido la sala, como la confusión entre supuestos dineros para hacer narcotráfico con el blanqueo. Es decir, el dinero utilizado para la compra y distribución de la droga con el dinero que resulta de estas operaciones que se intenta blanquear. En todo caso, ha pedido la inversión de la carga de prueba, es decir, proponer a los acusados que aclaren los hechos que el fiscal considera blanqueo. Un argumento que, seguro, hará las delicias de los informes de las defensas.
Ni investigación prospectiva ni causa general, según la fiscalía
En cuanto al resto de procesados, la fiscal ha contextualizado la confiscación de unas cuatro toneladas de cocaína en el barco Thoran, antes de ser introducidas en «la península Ibérica». Una droga que, a parecer del ministerio público, intentaba introducir la supuesta organización de Sito Miñanco. Partiendo del resultado de la vista oral y de la estrategia de las defensas, Martínez Amat ha subrayado que la investigación «no fue prospectiva» y que en ningún caso fue una «causa general».
Además, ha señalado que las escuchas contaban con autorización judicial y no hubo ninguna manipulación de las grabaciones. Extremos que las defensas, con pericia y audacia, han hecho aparecer en la vista oral. De ahí que haya justificado una investigación tan larga en el tiempo. «No estamos ante una investigación prospectiva ni una causa general, sino que la investigación se prolongó en el tiempo porque la organización necesitó, a la vez, ese tiempo para desarrollar su actividad delictiva», ha reafirmado. De hecho, ha situado el inicio de la investigación en el año 2016.
El chalet como base de operaciones
La fiscal ha fijado como una de las piezas claves de la acusación lo que ya ha hecho notar durante toda la práctica de prueba de la vista oral. Sobre todo, con los policías de las diferentes unidades que vigilaron un chalet en Galicia, que el ministerio público vincula a una inmobiliaria del entorno de Miñanco, Inmobiliaria Saturnino, que se sonorizó. Es decir, se pusieron micrófonos de manera general y generosa. Una vivienda que la fiscalía ha negado que fuera un domicilio familiar y donde se celebraban reuniones en la «clandestinidad». «Era un piso franco, un centro de operaciones», ha dicho, y ha añadido que no vivía nadie y que tenía un carácter logístico.
También ha justificado las grabaciones, alegando que lo que se ha captado por los micrófonos siempre tuvo relación con la operativa de introducción de droga a través de Thoran. Sin embargo, ha justificado que no se puedan concretar ni el día ni la hora de las grabaciones según si se hacían reuniones porque sería «una exigencia» que no permitiría utilizar esta técnica de investigación. Para la fiscal, era necesario tener los micros encendidos a cualquier hora porque no podían saber cuándo se encontraban los miembros de la supuesta organización criminal. Un procedimiento avalado por las autorizaciones judiciales. «La medida fue proporcional al delito que se estaba investigando» porque «el derecho a la intimidad no puede servir de parapeto a la impunidad de conductas delictivas tan graves», ha insistido. También ha defendido la legalidad de las escuchas en vehículos y ha apuntado que las actuaciones que las autorizaban «acotaban el objeto de la intervención al conjunto de encuentros mantenidos por los procesados», entre ellos Prado Bugallo y sus hombres de confianza Luis Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández.
