Más información en relación con los atentados yihadistas del 17 de agosto de 2017. Después de año y medio de trabajo, el gobierno del Estado ha decidido desclasificar documentos del expediente de los servicios de inteligencia y de la administración sobre la vida del imán de Ripoll, Abdelbaki es-Satty, considerado el cerebro de los atentados en Barcelona y Cambrils. Este miércoles, la presidencia de la comisión de investigación de los atentados en el Congreso ha recibido un extenso conjunto de documentación donde se vuelve a acreditar cómo el CNI controló a Es-Satty y cuál fue su relación. Pero, además, se ha aportado el expediente de expulsión que se detuvo gracias a la laxitud de la Abogacía del Estado y el Ministerio del Interior a pesar de una sentencia firme por tráfico de drogas por la cual cumplió condena en Ceuta y, posteriormente, en Castellón.
Los documentos, a los que ha tenido acceso El Món, constatan que, tras la sentencia, Es-Satty tramitó la suspensión de la expulsión alegando que el retorno a Marruecos ponía su vida en peligro por las amenazas que recibía de las mafias de la droga marroquíes. Advertencias de muerte, no solo para él mismo sino también para su familia. Y en la sentencia definitiva que evitó la expulsión del imán, dictada el 2 de marzo de 2015, el magistrado titular del Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Castellón consideró que «no era proporcional» expulsarlo debido a sus «esfuerzos de integración en la sociedad española» y por su «arraigo laboral en España».
Una decisión que, curiosamente, llegó justo después de los encuentros del imán de Ripoll con los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que los mismos servicios secretos admiten en un informe confidencial remitido al Congreso el 17 y 31 de marzo y el 24 de abril de 2014. El 19 de mayo de 2014 se detenía cautelarmente la expulsión «sin oposición del ministerio del Interior».
Un caso largo y una solicitud de asilo
El 14 de septiembre de 2011, Abdelbaki es-Satty fue condenado por tráfico de drogas a cuatro años y un mes de prisión. Una pena que fue confirmada el 8 de febrero de 2012. Una condena que suponía la orden de expulsión que no se comenzó a tramitar por parte del Ministerio del Interior hasta el 12 de marzo de 2014. La delegación del gobierno español en Castellón acordó el 22 de abril de 2014 la expulsión y la prohibición de entrada durante cinco años del imán, no solo en España, sino en todos los estados del espacio Schengen. Una decisión que se recurrió ante el Juzgado Contencioso Administrativo.
En este procedimiento judicial comenzó un periplo favorable a Es-Satty. De entrada, salió de la prisión tras las últimas entrevistas con los agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y no solo recurrió la expulsión, sino que presentó, paralelamente, una solicitud de asilo. A Es-Satty todo le salió bien. El abogado del Estado se mostró favorable a suspender cautelarmente la expulsión mientras se tramitaba el recurso contencioso y el delegado del gobierno en Castellón informó a favor de tramitar la solicitud de asilo. Finalmente, el juzgado contencioso, en una sentencia del dos de marzo de 2015, anuló la orden de expulsión por «desproporcionada» argumentando los «esfuerzos» de Es-Satty por «integrarse en la sociedad española» y también su arraigo laboral.
