El terremoto de la investigación del Tribunal Supremo sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones por parte de dirigentes del PSOE, como Santos Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, tiene réplicas. Unos movimientos de reverberación que, de momento, se mantienen en el ámbito estrictamente político, hasta que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) no termine de analizar la ingente prueba obtenida y se completen las diligencias de investigación, sobre todo sobre la trazabilidad del dinero que supuestamente habría cobrado, según el instructor Leopoldo Puente, esta trama organizada.
El informe de la UCO, que ha servido de base material y fáctica al magistrado instructor para encarcelar al ex número tres del PSOE Santos Cerdán, apuntaba conversaciones donde aparecía quien fue ministro de Sanidad durante la pandemia y ahora es presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa. De hecho, unas conversaciones donde Koldo explicaba a Cerdán que Illa hablaba con un tal “Chili” en el marco de las compras de urgencia de material sanitario para afrontar las primeras semanas de la Covid. No se puede olvidar que el caso Cerdán deriva del caso Mascarillas, que investigaba el supuesto fraude en las compras sanitarias. Unas transcripciones que han generado episodios de tensión en el Parlamento, sobre todo, entre Illa y el líder del PPC en la cámara catalana, Alejandro Fernández.
Los datos aportados por la UCO han resucitado un asunto que ha generado una durísima batalla en el Senado, más allá del marco de la comisión de investigación que la cámara alta española ha articulado sobre la trama de corrupción que deriva de la investigación sobre Koldo García. En concreto, son las compras que llevó a cabo la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, entre el 20 y el 25 de marzo de 2020, las que ahora se encuentran bajo sospecha. Una documentación que incomoda al gobierno de Pedro Sánchez y que ha supuesto un verdadero viacrucis conseguir que llegue a los senadores que la requerían en el marco de la comisión, como Joan Bagué, senador de Junts per Girona. Ahora, el Senado intenta vincular estas compras con el supuesto «Chili» con quien hipotéticamente, según describe la Guardia Civil que explicaba Koldo García, hablaba Illa.
Cinco días de compras por valor de cientos de millones de euros
Las sospechas de la comisión se centran en unas compras centralizadas entre el 20 y el 25 de marzo de 2020. Adquisiciones de mascarillas, respiradores, batas, dispositivos de ventilación, kits de unidad de diagnóstico y diferentes equipos de protección individual, conocidos como EPIs. En total, doce adjudicaciones suman un valor de 667.618.632 euros. Compras de cientos de millones concentradas solo en cinco días y, en principio, no gestionadas por el Instituto de Gestión Sanitaria, INGESA, y contabilizadas en la Dirección General de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia.
De hecho, se trataba de compras de emergencia por la Covid, y si era el caso después se contemplarían devoluciones y reintegros. Unas adquisiciones que se adscribían al capítulo de «Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con la Covid-19 en España». Un capítulo presupuestario creado y dotado mil millones de euros, en virtud del artículo 1 del Real decreto ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico de la Covid. En concreto, es la partida presupuestaria con número 26.09.313A.228, de la cual era responsable la Dirección General y no INGESA. En el informe, el ejecutivo español remarca que la documentación de los contratos se remitió en su momento al Tribunal de Cuentas.
Una respuesta que se ha hecho esperar
La documentación de las compras se hizo llegar a la comisión de investigación del Senado, pero no el detalle de las empresas que habían ganado la adjudicación, ni las condiciones, ni las fechas. Pero el volumen de compras por valor de cientos de millones en solo cinco días hizo levantar las orejas a los senadores. Así, el 12 de marzo de este año, el senador Joan Bagué pidió un «informe» al gobierno español sobre estos gastos de manera que se clasificaran las empresas adjudicatarias, los plazos, los conceptos suministrados y los importes concretos. A principios de mayo, la respuesta no había llegado, cuando la media de tiempo de espera es de tres semanas.
Ante el silencio del ejecutivo, Bagué volvió a formular la petición de información el pasado 7 de mayo. Reclamó verbalmente la petición y, al constatar que el ejecutivo volvía a hacer oídos sordos, utilizó un procedimiento extraordinario de reclamación. El senador por la demarcación de Girona pidió amparo a la Mesa, advirtiendo que, si en el plazo reglamentario el gobierno español no respondía, la petición de informe se transformaría en pregunta parlamentaria y, en caso de no respuesta, podría paralizar la actividad de la cámara alta. Más de un mes después, el 24 de junio, la Moncloa remitía un documento de cuatro folios, al cual ha tenido acceso El Món, con las compras realizadas en el plazo del 20 al 25 de marzo, que incorporaba un listado de las once empresas que se adjudicaron 12 contratos de suministro por un importe total de 667.618.632 euros. Las empresas son Hongkong Travis Asia Limited; Hangzhou Ruining Trading; Hyperyn Group; China Meheco Co Ltd; Quevedos Strategy Company; FCS Select Products; HANS Biomed; PROHINSA; Medical Simulator; Breas Medical y Oxigen Salud.
Una empresa que huele a quemado
Con estos datos en la mano, los senadores han comenzado a trabajar y a atar posibles conexiones. Precisamente, una de las ocho sociedades más beneficiadas por estas adjudicaciones exprés en solo cinco días es Hangzhou Ruining Trading, y otra, HongKong Travis Asia Limited. Estas dos empresas captaron, en solo cinco días, 304.368.177 euros del Ministerio de Sanidad, en manos de Salvador Illa. Las compras fueron para aparatos de ventilación mecánica invasiva, mascarillas FFP2 de protección respiratoria y monos de EPI de un solo uso. Hangzhou Ruining Trading obtuvo dos contratos por importe total de 74.728.261 y HongKong Travis Asia, cuatro contratos por valor de 229.639.916 euros.
Las dos empresas fueron investigadas por el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, en el marco de lo que después sería el caso Mascarillas, que fue a parar a manos de la fiscalía europea. Además, las dos sociedades fueron fundadas por Xiaojuan Li, que también era el representante legal. Un comerciante que fue investigado por entregar material defectuoso o fuera de plazo. La tesis con la que trabajan en el Senado es que Xiaojuan Li tendría el acrónimo y el apodo de Xi Li. Un nombre que fonéticamente corresponde con el de «Chili» que aparece en las conversaciones intervenidas por la UCO en el informe sobre Santos Cerdán.
En concreto, es una transcripción de una grabación en la cual Koldo García, que hipotéticamente asesoraba al exministro José Luis Ábalos, también procesado en la misma causa, especifica que Illa hablaba “mucho con Chili”.
El PSC advierte que contraatacará al PP si continúa alimentando la tesis que salpica a Illa
Este nombre, del cual Illa renegó en el Parlamento durante la sesión de control de esta semana, sería un posible error de transcripción de los agentes de la UCO, que escriben “Chili” cuando probablemente hablan de Xi Li. De hecho, la sospecha que tienen los senadores es que sería el acrónimo de Xiaojuan Li, una tesis que apuntan también fuentes conocedoras del caso y que el PP quiere explotar políticamente. De hecho, la posición de los populares en el Senado les permite presionar y ahora pedirán el detalle de la composición del detalle de las sociedades adjudicatarias. El PSC avisa que puede contraatacar tanto políticamente como en los juzgados ante la presión del PP con esta tesis.
