«Follón procesal», «sudoku procesal», «fraude de ley», «ficción procesal», «inaceptable», «despropósito» o «imputación prospectiva» son solo algunos de los calificativos con los que la defensa del presidente Artur Mas ha articulado el recurso contra su imputación por traición en la causa conocida popularmente como la de la «trama rusa del Procés». En un contundente escrito de recurso de apelación con el que pide el sobreseimiento, de quince páginas y al cual ha tenido acceso El Món, el abogado del presidente, Jordi Pina, carga desacomplejadamente desgranando de pe a pa la interlocutoria del instructor de la causa Volhov, el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.
De hecho, Pina afirma en el escrito que «el reconocimiento por parte del mismo señor instructor de que no sabe muy bien en qué delito encuadrar los presuntos hechos que investiga tendría que haberlo llevado de manera inequívoca a no abrir ninguna investigación«. En este sentido, arguye que el magistrado no ha recogido ni un solo indicio de los delitos de malversación y de traición por los cuales ha sumado el expresidente a la larga y curiosa lista de imputados.
«Valoraciones políticas del juez»
En esta línea, la defensa no obvia el valor político que el juez quiere dar a la imputación, y más después de que ayer se difundieran los audios donde presume de parar la amnistía. «Ninguna de las valoraciones políticas o fácticas que el señor instructor efectúa sobre la persona del presidente Artur Mas reúnen los elementos necesarios para apreciar -aunque sea indiciariamente- la comisión de un delito de traición, sea consumado o en grado de conspiración», concluye el escrito. En la misma línea, reprocha que la interlocutoria incluye «frases que contienen simples juicios de valor personales del señor instructor a partir de los cuales de ninguna de las maneras puede fundamentarse una imputación penal».
«Las conductas que se imputan a mi representado son el resultado de puras valoraciones políticas del señor juez«, asevera Pina en su escrito, que recoge extravagantes afirmaciones del instructor sobre teoría política, geoestrategia o incluso, de la historia de la religión y la ciencia. «Es sencillamente inaudito que este tipo de apreciaciones totalmente subjetivas -y más bien propias de una tertulia radiofónica o televisiva- se hayan puesto por escrito en una resolución judicial en la cual se imputen hechos delictivos muy graves».
