Quinta jornada del juicio contra la familia Pujol Ferrusola. Una vista que se ha reiniciado tras la pausa por las fiestas de Navidad y con la noticia, lamentada por el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, de la muerte del empresario Carles Vilarrubí, imputado en el caso. De hecho, aunque la Audiencia Nacional no ha recibido el certificado de defunción, el juez ha anunciado que ya no forma parte en el caso. A continuación, y ante la agenda apretada de este lunes, el ministerio fiscal, representado por Fernando Bermejo, ha ofrecido un regalo: la renuncia a tres testigos. En concreto, David Latorre, José Planas y Venancio Torres. La lista de ocho testigos se reducía a cuatro pero intensos e interesantes.
Tanto es así que la declaración principal de hoy ha sido la del asesor fiscal del presidente Pujol y Marta Ferrusola desde 1983 y, posteriormente, responsable de presentar las liquidaciones complementarias ante Hacienda de los dineros en Andorra, Joan Anton Sánchez Carreté. Ha ofrecido un testimonio a veces contundente, otras técnico y otras con veteranía y mucha seguridad. De hecho, Sánchez Carreté llevaba los deberes hechos, además de que, como músico viejo, sabía cómo no perder el compás a pesar de la presión del ministerio fiscal y de un interrogatorio disperso de la abogacía del Estado.
En todo caso, Sánchez Carreté ha puesto en el centro del escenario dos nuevos lápices de memoria que fueron confiscados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía en el registro perpetrado en su despacho el 27 de octubre de 2015. Dos lápices de memoria que han aportado aún más dudas sobre la legalidad de la prueba incriminatoria contra la familia del expresidente. Por cierto, una entrada y registro ordenada por el Juez Instructor del caso, José de la Mata, cuando Sánchez Carreté, como ha recordado el abogado de Josep Pujol, Jaime Campaner, formaba parte del «equipo de defensa de Jordi Pujol Ferrusola». La polémica sobre el origen y el uso de los lápices de memoria recuerdan el caso del pendrive de los Pujol que ha supuesto la única condena en firme por la operación Catalunya.
Dos lápices de memoria y una nueva polémica
De hecho, las dos memorias USB han entrado en el interrogatorio del fiscal Bermejo. Una, bautizada como DT101, que contenía material e información sobre parte de la familia. Y otra, de 128 gigas bautizada como Data Traveller, que tenía información sobre otras sociedades, otros miembros de la familia. Estos dos lápices de memoria fueron entregados a Sánchez Carreté por parte de los abogados de la familia para comprobar si las declaraciones complementarias se habían hecho del todo correctamente y si convenía «corregirlas», porque cuando se presentaron, el 14 de julio de 2014, el tiempo corría en contra y se hicieron «a correprisa». Las declaraciones, finalmente, habían sido correctas. También le pidieron que hiciera la «trazabilidad» del dinero, pero ha dicho que no fue capaz y lo pasó a un auditor más especializado.
Las dos memorias USB fueron comisadas por la UDEF en el registro del 27 de octubre de 2015. Ahora bien, la resolución que ordenaba el registro señalaba que el mismo debía circunscribirse a dos personas físicas- Jordi Pujol Ferrusola y su exesposa, Mercè Gironès- y a tres sociedades IVISA; PROJEC y ACTIVE. En cambio, en los lápices de memoria había documentación de cuentas corrientes, de sociedades y fondos desde 2008 hasta 2013. El cálculo de Carreté era que para elaborar un «720, el modelo de regularización de fondos en el extranjero» es que se debían liquidar los impuestos desde cuatro años atrás, el plazo máximo de prescripción tributaria.
El mismo Carreté advirtió, según ha hecho constar el abogado Campaner en su interrogatorio, a los agentes actuantes que se llevaban más información de la que podían sustraer. Además, Carreté ha recordado que esta documentación también servía para afrontar la inspección de Hacienda que en agosto de 2014 comenzó contra todos los integrantes de la familia. Por cierto, una inspección que aún continúa en suspenso. El fiscal, al acabar el interrogatorio, ha tenido que recordar que Carreté fue condenado en un caso de 1993 y otra vez, pero fue indultado. Carreté, audaz, le ha replicado que fue condenado a pagar 4.000 euros y que su recurso se desestimó por «extemporáneo» y que el indulto fue a petición de Jesús Maria Barrientos, expresidente del Tribunal Superior de Cataluña y no muy amigo del catalanismo.
Jordi Puig, el hermano del exconsejero
El primero en sentarse en el estrado ha sido Jordi Puig Godes, a quien el fiscal Fernando Bermejo ya se ha preocupado de dejar claro que es hermano del exconsejero Felip Puig tanto en los Gobiernos de los presidentes Jordi Pujol como en los de Artur Mas y de su relación «personal» con Jordi Pujol Ferrusola. De hecho, el largo interrogatorio del fiscal y del abogado del Estado solo ha servido para certificar lo que nunca han ocultado: que compartían despacho, relación personal y, de vez en cuando, los servicios de la secretaria de Pujol Júnior. Puig ha detallado los negocios que habían llevado a cabo en Gabón, así como en inversiones inmobiliarias, con fuertes inversiones que, alguna vez, no tenían un «contrato formal».
