Siete de los quince nuevos jueces del «cuarto turno» de la promoción de este año –es decir, la vía reservada a juristas de reconocido prestigio– tendrán su primer destino en Cataluña. Así lo ha decidido este lunes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al otorgar los despachos a la 23ª promoción de estos togados que acceden a la carrera judicial después de diez años de ejercicio profesional, un dictamen y una entrevista y que completan la formación tras una formación en la Escuela Judicial y prácticas tuteladas.
Aunque es habitual que los jueces de carrera, calificados como «pata negra», miren por encima del hombro a los que llegan por el cuarto turno, estos jueces son necesarios para hacer funcionar la justicia y mantener las ratios de jueces por habitantes. Y, precisamente, Cataluña es donde más jueces faltan. En este sentido, estos nuevos togados entrarán en las jurisdicciones social y contencioso administrativo. De hecho, esta jurisdicción contenciosa es una de las piezas claves de la represión judicial al Procés, con el entendimiento de que es la responsable de judicializar las decisiones gubernamentales. Hay que tener presente que es la contenciosa administrativa quien ha encabezado la lucha contra el catalán en la escuela como lengua vehicular.
Laboral y contencioso
Así, los siete nuevos jueces entrarán en servicio en cuatro juzgados sociales en Cataluña y en tres del contencioso. En concreto, serán los nuevos titulares del Juzgado Social 14, 15 y 17 de Barcelona y número dos de Tarragona; y del Juzgado Contencioso 1 de Girona, y 1 y 2 de Tarragona. Todos estos siete jueces han cursado formaciones en el Instituto Municipal de Urbanismo de Barcelona, en el Tribunal Laboral de Cataluña o en la Inspección de Trabajo. El tribunal que los evaluó estaba presidido por la presidenta de la sala cuarta del Tribunal Supremo del orden Social, Concepción Ureste, y por la magistrada de la Sala Tercera del Supremo, «la contenciosa», Ángeles Huet. En el acto de entrega de los despachos y destinos, la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la catalana Isabel Perelló, enfatizó el «valor añadido de estos magistrados tras una larga trayectoria profesional en los tribunales».
