A dos días de que empiece el juicio contra la presidenta suspendida del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, las maniobras de la acusación y de las defensas se disparaban este miércoles. El martes al atardecer se informaba de un posible acuerdo entre la Fiscalía y el segundo acusado, el informático Isaías Herrero. La oferta para el supuesto beneficiario del fraccionamiento de contratos era una condena baja –para ahorrarle el ingreso en prisión– a cambio de una confesión que incrimine Borràs. Pero esta posibilidad todavía no está del todo clara, ni es, ni mucho menos, definitiva. «Todavía hay partido», aseguraban fuentes jurídicas del caso 36 horas antes del inicio de la vista. El objetivo del ministerio fiscal es estrechar el círculo alrededor de Borràs como sea, cosa que según observadores señala la presidenta del Parlamento como «verdadero objetivo del juicio», que dirigirá el mismo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos. Pero el acuerdo, que se negocia contra reloj, presenta debilidades.
Aunque hay fuentes judiciales que insisten en que el acuerdo ya estaría prácticamente cerrado, otras advierten que el pacto entre Herrero y la Fiscalía podría colgar de un hilo: dependería de lo que pase con la prueba que se ha puesto en entredicho desde las defensas, especialmente por parte de los abogados de Borràs. El caso es que durante la instrucción se ha dejado entrever que hay «verdaderas dudas en la cadena de custodia» de la información extraída con la intervención de los ordenadores y de los móviles de los acusados.
La confesión, poco útil si decae la prueba e inútil si no decae
El viernes, día en que se tienen que debatir las cuestiones previas, será clave para el futuro del proceso judicial, porque se expondrán al tribunal las dudas procesales de las partes. Si el tribunal no admite la prueba documental incriminatoria, solo quedaría el reconocimiento de los hechos por parte del acusado, que, como marca la doctrina del Tribunal Supremo, «no es prueba sino únicamente un indicio débil que tendría que ser corroborado con otras pruebas». Es decir: si la prueba decae y solo hay una eventual confesión de Herrero, tendrá poca fuerza. Y si la prueba es admitida, la declaración del coacusado dará poco juego. Se genera un extraño círculo vicioso.
«¿La misma pena que Borràs? Quizás ahora sabemos el motivo»
Dudas jurídicas al margen, queda claro que uno de los elementos que evidencian qué jugada busca el ministerio público es el hecho que la pena pedida para Herrero sea la misma que se reclama para Borràs. Seis años de prisión y 21 años de inhabilitación para cada uno. La única diferencia es la multa, que para Borràs seria de 144.000 euros y para Herrero, la mitad. Algo rechina, porque a la presidenta suspendida del Parlamento le aplican un agravante por su responsabilidad pública –era la directora de la Institución de las Letras Catalanas cuando se hicieron los contratos– y Herrero no lo puede tener. «¿La misma pena? Era extraño, y ahora quizás sabemos el motivo, que sería poder apretar a Herrero para perseguir la pieza de caza mayor», especulan fuentes del caso. Es decir, el ministerio público habría ido al límite en la petición de pena para el informático para presionarlo y conseguir que se plegara a un pacto de conformidad ante la amenaza de los seis años de prisión. De hecho, la petición de 21 años de inhabilitación por una falsedad documental y una prevaricación es una condena muy dura siguiendo el Código Penal.
A esta circunstancia se tiene que añadir la duda que genera la cadena de custodia de los correos electrónicos y de los aparatos móviles de los acusados. Una prueba que podría ser expurgada de la causa después de las cuestiones previas del viernes. Si esta prueba decae, Herrero puede mantener su línea de defensa alegando que él «solo hacía el que le mandaban», y el acuerdo quedaría en el aire porque su declaración solo constituiría «un indicio débil y no una prueba». «El pacto lo necesitaría más la Fiscalía, como una bala en la recámara, porque aunque la declaración explicando la fragmentación de contratos no fuera concluyente, la sospecha ya estaría instalada» contra Borràs, razonan las mismas fuentes.
Las conformidades y la aplicación del artículo 324 de la LecCrim
Por otro lado, uno de los puntos de la controversia de este proceso es la continuidad del juicio con conformidades parciales que implican reconocimiento de los hechos. En un asunto como este, si la prueba recogida durante la instrucción queda expurgada de la vista oral, estas conformidades quedan en un plano extraño que la sala tendría que asumir dando por sentado que la defensa de Herrero parte también de la incriminación que le comportan estas pruebas documentales, como los mails o mensajes de voz.
Una de las otras cuestiones previas será la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LecCrim), que establece los plazos de instrucción. En concreto, determina que las instrucciones tendrán que durar un máximo de 12 meses, con prórrogas justificadas iguales o inferiores a seis meses. Este artículo también invalida las diligencias que no se hayan hecho dentro del plazo. El hecho que no se comunicara a las partes esta prórroga, al considerar que ya no era una causa secreta, podría hacer que muchas de las pruebas acordadas decayeran. Ahora bien, la sala considera que el plazo se interrumpió al levantarse el secreto de sumario. Es un hecho que las defensas ponen en cuestión, pero tampoco tienen suficiente jurisprudencia para alegarla como doctrina, ya que la entrada en vigor de la reforma del 324 es relativamente reciente.
El tribunal puede cogerse diez días para estudiar las cuestiones previas
La decisión de celebrar la vista de las cuestiones previas el viernes, día 10, y reiniciar la vista diez días después, el 20 de febrero, es una señal inequívoca de que la sala se espera un combate dialéctico sobre la oportunidad de un juicio que empezó por un error de Correos que destapó un envío de droga en que estaba implicado Isaías Herrero. Se le empezó a investigar por tráfico y, en una escucha telefónica, hizo una referencia supuestas irregularidades pactadas con Borràs. Con él empezó todo, y ahora Herrero vuelve a estar en el ojo del huracán.
