Disputa entre magistrados de la Audiencia Nacional a raíz de la investigación a un diputado de la CUP en unas diligencias secretas abiertas hace seis años. Es el caso de Xavier Pallicer que, además, es portavoz cupaire de Interior en el Parlamento de Cataluña. El cupaire interpuso un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, a manos del magistrado Manuel García Castellón, para tener acceso a las diligencias 104/2017 en las que había sido investigado. Unas diligencias que han sido sobreseídas después de cinco años bajo secreto y que acumulaban toda la investigación al independentismo.
El juez en primera instancia rechazó la petición de Pallicer, representado por Alerta Solidaria, con la excusa del archivo de la causa. Pero presentó recurso de apelación y la sala, a pesar de la oposición del ministerio fiscal, ha dado la razón a Pallicer. Sus compañeros de toga obligan ahora a abrir toda la causa 104/2017, que ha sido secreta durante cinco años. De hecho, varios implicados en la causa Judas ya denunciaron la existencia de este macrosumario secreto y, después de hasta una decena de resoluciones de la sala de apelaciones, García Castellón solo abrió una parte. Básicamente, aquellas partes que habían servido para alimentar la causa Judas o la causa Tadeo.
«Toda la causa»
La resolución, a la que ha tenido acceso El Món, alerta a García Castellón que tiene que dejar acceder a «toda la causa». El argumento es un serio aviso a García Castellón, a quien alertan que incluso podría vulnerar el derecho procesal europeo. «En este caso concreto, no podemos perder de vista el derecho del recurrente a conocer el contenido de las diligencias ahora sobreseídas por el hecho que de las mismas se derivaron las diligencias 99/18 en que actualmente está siendo investigado junto con otras personas», arguyen los magistrados.
Precisamente, con esta base es la que la sala de apelaciones insiste que «hay que afirmar el interés legítimo del recurrente de conocer su contenido en base a su derecho a la defensa, puesto que precisamente por eso se originó la actual causa penal que se dirige contra él».
«No se puede condicionar a la situación de la causa penal –en este caso en estado de sobreseimiento – puesto que el investigado tiene derecho a conocer el origen de las actuaciones en su contra, su legalidad, o incluso proceder a la impugnación de las mismas en el momento procesal oportuno», concluye la sala.
