Este lunes, el convento de las Salesas de Madrid, sede del poderoso Tribunal Supremo, ha vivido una jornada -esta sí- histórica. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, progresista, se ha sentado en el banquillo de los acusados de la sala penal, presidida por el magistrado Andrés Martínez Arrieta. Se le juzga por un supuesto delito de revelación de secretos, por el cual las acusaciones populares y la particular le piden hasta seis años de prisión. El ministerio público y la defensa, ejercida por dos tótems de la Abogacía del Estado, en cambio, piden su libre absolución. Una primera jornada en la que se ha criticado la instrucción y donde los testimonios han debilitado la acusación con una curiosa combinación de los conceptos «cianuro», «indefensión», «ficción», «Atlético de Madrid» y «relato». Toda una amalgama de términos de la batalla política del Madrid más político. En conjunto, los testimonios han admitido que varios miembros de la fiscalía de Madrid tenían la información que se filtró «un día antes que no la tuviera el fiscal general».
La primera jornada ha estado marcada por las cuestiones previas y, sobre todo, por las declaraciones de los primeros testigos, que han descafeinado la acusación. Voces que, por otra parte, son claves para entender el contexto de la acusación, los elementos de la instrucción y los objetivos de este juicio. Todo ello ante un tribunal dividido, en cuanto a la primera idea que tienen sobre la culpabilidad de García Ortiz, y de una fiscalía abiertamente crítica con el magistrado instructor del caso, Ángel Hurtado, que ha recibido duros reproches dentro de la sala.
De hecho, el caso también es bastante extravagante. En concreto, se acusa al fiscal general del Estado -máximo representante de un poder constitucional- de haber filtrado un correo electrónico el 13 de marzo de 2024 a la Cadena Ser. El mail formaba parte de la negociación de un acuerdo de conformidad de la fiscalía con el abogado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, investigado por un delito de fraude fiscal. Casi una historia surrealista donde lo que parece más culpable es el que informa y no el que comete el delito. La vista oral que ha comenzado hoy es un juicio entre poderes, y sobre un poder que siempre ha parecido inmune a los embates de la política institucional, como es el ministerio fiscal.
Una acusación particular dura
Tras las cuestiones previas, donde tanto la abogada del Estado que defiende a García Ortiz, Consuelo Castro, como la primera teniente fiscal del Tribunal Supremo, Maria Ángeles Sánchez Conde, no se han arrugado y han criticado sin tapujos la instrucción del caso. Ambas, que piden la absolución, han asegurado que se han vulnerado los derechos fundamentales del fiscal general para construir el relato del delito. Castro ha acusado al magistrado instructor de trabajar sobre la base de la «presunción de culpabilidad» y la fiscalía, de instruir creando una «ficción». Así, han pedido la nulidad de actuaciones fundamentales como el registro en el despacho del fiscal general.
Unas reflexiones que han hecho saltar como un resorte al abogado de González Amador, Gabriel Ramos, acusación particular en el caso. Ramos ha replicado tanto a la fiscalía como a la abogacía alegando «mucha queja abstracta y ninguna concreta». El letrado ha recordado al tribunal que todas las diligencias practicadas han sido ratificadas por la sala de apelaciones del Supremo. Además, les ha recordado que, si a la fiscalía y a la defensa les han denegado pruebas, a la acusación particular también. Por lo tanto, ha rechazado cualquier nulidad de pruebas o la vulneración de garantías procesales. El tira y afloja entre acusaciones y defensas se ha incrementado al llegar los primeros testigos.
Los fiscales testigos aclaran conceptos
El primer testigo de la vista ha sido Julián Salto, el fiscal de delitos económicos que llevaba el caso contra la pareja de Ayuso. Salto ha relatado que no sabía que González Amador estaba siendo investigado hasta que le pidieron información sobre el caso el 8 de marzo. En principio, le sorprendió que le reclamaran información, porque veía el caso con «poco calado, como un fraude fiscal más». Pero luego entendió que era un caso mediático, al enterarse de que González Amador era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, era «legal» que le pidieran la información.
De hecho, ha relatado que le pidieron más información y cómo estaba la instrucción cuando estaba en el campo del Atlético de Madrid, viendo el partido de Champions entre el club colchonero y el Inter de Milán el 13 de marzo, el mismo día que la SER adelantó la noticia. Si, al principio, le dijeron que podía esperar al día siguiente, luego le volvieron a llamar para insistirle porque el «fiscal general no podía esperar». Le llamaron tanto la Fiscal Superior de Madrid, como la jefa de la fiscalía ‘provincial’ de Madrid, Almudena Lastra y Pilar Rodríguez -que estuvo imputada buena parte de la instrucción y ahora es testigo-. Salto ha sido contundente al asegurar que nunca nadie le pidió que no aceptara una conformidad y lo ha calificado de «bola» que ha contribuido a «20 meses de desinformación» que han ido contra el fiscal general. Salto ha admitido que trasladó la información del acuerdo un día antes de que lo supiera el Fiscal General.
Precisamente, el testimonio de la fiscal Rodríguez también ha debilitado la acusación, con el entendido de que ha remarcado que no existió ningún tipo de «clandestinidad» para explicar a sus superiores los pactos de conformidad. En este contexto, ha involucrado a la fiscal Lastra, que, según ha dicho, cuando leyó la noticia del acuerdo en El Diario.es y la Cadena SER se enfadó y exclamó: «Eso lo han filtrado aquellos», en referencia a la Fiscalía General del Estado. Una acusación que ha relativizado calificándola de «exabrupto» por su enojo al ver la noticia.
Dos llamadas y «cianuro»
Según Rodríguez, tuvo conocimiento del caso Amador el 7 de marzo por la llamada de un periodista a su oficina. Una llamada que no respondió. Ese mismo día, Diego Villafañe, mano derecha del Fiscal General también le pidió información sobre el caso porque un periodista había llamado a la responsable de prensa de la institución sobre el mismo caso. Fue entonces cuando se dio cuenta de la importancia del caso. Por lo tanto, abrió una «carpeta compartida» donde puso toda la información sobre el caso entre la Fiscalía Provincial y la Superior. Por lo tanto, Lastra tenía toda la información el siete de marzo, como ahora el mail del 2 de febrero que se habría filtrado. De hecho, será el día ocho, que la información estará completa en la carpeta -algunos documentos no se habían escaneado bien- y Salto ya sabía la importancia del caso que tenía entre manos.
Rodríguez también ha resaltado que García Ortiz, a las nueve y media de la noche del 13 de marzo, cuando ya se había publicado la noticia, requirió información sobre las «falsedades» que corrían del caso, como que la Fiscalía había ofrecido un acuerdo y «se estaban dando órdenes desde arriba para frustrarlo». Una versión que ha coincidido con Salto que ha calificado estas informaciones como «desinformación» y se ha jactado de que en «veinte años nunca ha ofrecido ningún pacto» porque ni es su «deber» ni tampoco su «obligación». Asimismo, Rodríguez ha recalcado la falta de colaboración y entendimiento entre el fiscal general y Lastra. Rodríguez ha insistido en que el proceso de comunicación no fue clandestino y es normal que en los casos mediáticos, por transparencia, se haga una nota de prensa. «Es publicidad, no filtración», ha sentenciado.
En la parte final de su testimonio, Rodríguez ha detallado cómo se cocinó la nota de prensa y ha justificado el hecho de que pidiera al responsable de comunicación «que le añadiera un poco de cianuro». Fue por «desahogo» porque desde varios medios de comunicación y desde la presidencia de la Comunidad de Madrid se puso en duda su «profesionalidad». Además, se ha despachado a gusto detallando que no conserva la nota de prensa -que fue muy difícil de aprobar- porque «a raíz de este procedimiento he sido mucho más consciente de que hay que ir borrando algunas conversaciones». Todo un mensaje. Por su parte, Lastra ha reconocido que tuvo la información de la conformidad un día antes que el Fiscal General. La acusación se debilita.
