Una de las instituciones del hierro del Estado, la fiscalía, ha comenzado una verdadera batalla interna a raíz de la amnistía para los represaliados del independentismo catalán. Cuando parecía que el ministerio público actuaba como un solo hombre en todas las causas derivadas -directa o indirectamente- del Procés, el caso de Tsunami Democrático ha reventado las costuras en la cúpula de la fiscalía, que ya estaban tensas desde hacía tiempo. Acusaciones de, «presiones», «traición» o «de aplicación del 155 al ministerio público» y guerra descarnada del sector conservador contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la tensión con un alto representante del sector duro judicatura, como es Manuel García Castellón, son los protagonistas de la última derivada del Procés soberanista en la arquitectura institucional española.
Y la figura que debería cerrar la crisis es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, el nombramiento de la cual ya abrió una grieta hace dos años. Ahora le han encargado la elaboración del dictamen que se enviará a los jueces del máximo órgano judicial español sobre Tsunami Democrático. Su informe tiene que determinar la posición definitiva del ministerio público sobre si las acciones de la plataforma se pueden considerar terrorismo y en qué grado estarían implicados el presidente de la Generalitat en el exilio, Carles Puigdemont, y la exsecretaria general de ERC, Marta Rovira, también exiliada. Sánchez Conde, fiscal progresista y persona de confianza del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, abogaría por avalar la tesis de Miguel Ángel Carballo, el fiscal de la Audiencia Nacional -«que conoce toda la causa y no solo el que García Castellón ha enviado»-. Así, esta fiscal tiene ahora la responsabilidad de deshacer el nudo de la batalla interna que ha enfrentado los dos sectores del ministerio público desde que García Castellón reactivó el caso Tsunami para intentar impedir, con el cargo de terrorismo, que Puigdemont y Rovira puedan ser amnistiados.
Para Miguel Ángel Carballo, no hay ninguna prueba ni indicio para imputar terrorismo a Puigdemont ni a ninguno de los investigados de la causa de Tsunami, igual que finalmente ha argumentado el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, que elaboró el dictamen que ha llevado esta semana a la Junta de Fiscales del alto tribunal, que lo tumbó con una amplia mayoría. Una reunión de quince fiscales, celebrada este martes y que ha hecho tambalear la disciplina impuesta desde el número 4 de la calle Fortuny de Madrid, la imponente sede de la Fiscalía General del Estado. A raíz de este revés, el fiscal general, García Ortiz, aprovechó una visita a la fiscalía catalana el día siguiente para intentar restar importancia a la crisis abierta y normalizar las discrepancias aireadas desacomplejadamente en el corazón de la fiscalía.
Ahora, María Ángeles Sánchez Conde tiene el trabajo, sin plazo, de poner orden con un nuevo dictamen que, al final, tampoco es vinculante para la poderosísima sala de lo penal del Tribunal Supremo, que preside Manuel Marchena, que es el órgano que decidirá si se quedan la causa del Tsunami como terrorismo, con la imputación de Puigdemont y Rovira.
Una fiscal con un denso currículum
María Ángeles Sánchez Conde es la número dos de la jerarquía del ministerio público, pero es la primera de la carrera fiscal de facto: es la que está más arriba con un nombramiento que no es político, a diferencia del caso del fiscal general del Estado, designado directamente por el gobierno español. La tenencia fiscal del Supremo se elige en la Fiscalía General a partir de la votación previa, necesaria pero no vinculante, del Consejo Fiscal, y la acaba aprobando el gobierno.
Sánchez Conde ingresó en la carrera fiscal en 1982 y fue destinada a Cádiz. Dos años después fue trasladada a Barcelona, donde ejerció hasta el año 1988, cuando fue enviada a Bilbao. La ciudad vasca sería su último destino en un juzgado ordinario. En 1990 obtuvo la plaza de fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde dos años después fue ascendida a fiscal jefe. Cinco años después, su vida profesional vuelve a ascender para ejercer de fiscal ante el Tribunal Constitucional. El 2006 se convirtió en fiscal de sala y de aquí a fiscal jefe del TC. El 30 de marzo del 2021 fue nombrada fiscal de la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Su ascensión definitiva llegó cuando era fiscal general del Estado Dolores Delgado –con quien comparte amistad hasta el punto de apadrinarse mutuamente en los ascensos–, época en la que, el 30 de enero de 2022, fue nombrada teniente fiscal del Tribunal Supremo, la cúspide del escalafón. Sánchez Conde tuvo que ser nombrada después de que el anterior teniente fiscal, el también progresista Juan Ignacio Campos –encargado de investigar por corrupción el rey emérito– muriera repentinamente. Ahora bien, su nombramiento no fue pacífico, ni mucho menos.
La fiscal Sánchez Conde ya se impuso al sector duro en su nombramiento
La llegada de Sánchez Conde en la plaza de teniente fiscal del Supremo ya mostró la guerra encubierta entre sectores políticos en el ministerio público. De hecho, fue una de las señales de que la fiscalía recibía con las uñas el nombramiento de Dolores Delgado y la consolidación de la izquierda española en la Moncloa con la ayuda de ERC y de los independentistas vascos. Sánchez Conde tuvo que luchar con el sector más duro de los fiscales del Supremo, encabezados por Javier Zaragoza, quien dirigió la acusación en el juicio contra los líderes civiles e institucionales del Primero de Octubre.
Zaragoza era la gran apuesta del sector duro para la plaza, y más después de la sentencia del Procés. Pero, la derecha fiscal no lo dejó solo y se apuntó también José Ramon Noreña, entonces jefe de la fiscalía antidroga. Las diferencias entre ellos, sin embargo, hicieron que al final optaran por un tercer nombre y que fuera el de una mujer, para no entrar en una batalla interna en el campo de la derecha de la fiscalía. El nombre elegido fue el de Consuelo Madrigal, exfiscal general del Estado y uno de los cuatro arietes del equipo de fiscales en el juicio del Procés. El sector progresista tenía sobre la mesa dos nombres, José Javier Huete y Sánchez Conde. Finalmente, se optó por la actual teniente fiscal.
El 11 de enero del 2022 se celebró el Consejo Fiscal que tenía que votar el candidato definitivo para que la fiscal general lo aprobara. A pesar de que el resultado de la votación es consultivo, históricamente había servido en bandeja un nombre al fiscal general, consensuado por progresistas y conservadores. Este caso rompió la tradición. La votación entre Madrigal y Sánchez Conde acabó con un empate técnico. Los cinco vocales de la Asociación de Fiscales (AF) optaron por Madrigal. Los cuatro vocales de Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la fiscal inspectora jefe, María Antònia Sanz Gaite, votaron por Ángeles Sánchez Conde. Finalmente, Dolores Delgado eligió a su fiscal de confianza. Una decisión que sembró la semilla de la actual guerra de fiscales.
El sector duro de la fiscalía se venga
La decisión del martes de tumbar el informe del fiscal del Supremo adscrito a la causa de Tsunami, Álvaro Redondo, ha sido la prueba del algodón del rebrote de la guerra sepultada en el seno de la fiscalía. De entrada, al día siguiente uno de los representantes del ala dura del ministerio público en la Junta de Fiscales del alto tribunal, Salvador Viada, corrió a Onda Cero a acusar el fiscal general de haber aplicado «un 155» sobre la autonomía de la fiscalía. De los 15 fiscales que participaron en la junta, once apreciaron suficientes indicios para proceder contra Puigdemont y contra el diputado del Parlamento catalán Ruben Wagensberg (ERC), ante cuatro que se manifestaron en contra. Y, con una mayoría todavía más amplia, 12 a 3, estimaron que puede haber delitos de terrorismo.
Viada reprochó que los jefes de la sección penal siempre habían hecho caso de las votaciones o los argumentos de la Junta y que esta vez habían hecho una excepción para beneficiar a los intereses del fiscal general –quien consideran que tendría que tomar la decisión final–, que ven vinculados con los de la Moncloa. Viada no está solo en su lucha. Fidel Cadena recibió durante el fin de semana el primer borrador de Redondo, en el que interpretaba de manera sintética que los hechos podían constituir terrorismo. Cadena remitió el documento a su compañero de filas Javier Zaragoza, que se lo guardó. Pero Redondo, una vez superada la trampa que había sembrado García Castellón en su escrito enviado al Supremo –la existencia de un supuesto y falso
La ofensiva del sector duro no se hizo esperar. Se filtró el primer borrador y se hizo correr, a través de prensa editada en Madrid, que Redondo había cambiado de criterio a raíz de una reunión con fiscal general. Todo ello hizo reaccionar de manera contundente a Álvaro Ortiz, que tildó de «traición» la filtración del primer documento y «de anomalía» el hecho de exponer públicamente las deliberaciones del Consejo Fiscal. Una respuesta que hizo desde Barcelona, donde visitaba la Fiscalía de Cataluña, donde dejó entrever futuras medidas disciplinarias a los fiscales díscolos contra la autoridad jerárquica del ministerio público –la suya– y la lealtad institucional que comporta vestir la toga de la fiscalía.
El ministro de Justicia prepara una contraofensiva
Consciente de la situación, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya empezó a preparar una contraofensiva. El pasado 16 de enero, de hecho, ya había firmado un real decreto muy esperado por la infantería de los fiscales. Una norma que modificará la plantilla orgánica del ministerio fiscal, que supone la transformación de 219 plazas de tercera categoría en plazas de segunda. Es decir, hace valer la escala intermedia del cuerpo.
Una medida que, según el ministro, da solución a la situación desequilibrada de las categorías de la carrera fiscal para «proporcionar estabilidad y seguridad jurídica a las plantillas, armonizar la proporción de plazas de tercera categoría con la carrera judicial y garantizar el derecho a percibir las retribuciones propias de la plaza efectivamente ejercida”. De este modo, el ministro de Justicia, que también tiene que bregar con la ley de amnistía, mantiene la cifra global de fiscales en 2.683, 28 de los cuales son de primera categoría, 2.229 serán de segunda y 426 de tercera. Una decisión que serenó los ánimos de todos los fiscales que, ahora, ya están trabajando para preparar las causas que podrían ser susceptibles de la ley de amnistía, juzgado por juzgado.
