Paso final en el famoso caso 3%, sobre presunta financiación irregular de Convergència Democràtica de Cataluña (CDC). Finalmente, y según ha podido saber El Món, el titular del juzgado central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha emitido una interlocutoria en que señala el 27 de julio como plazo para presentar los escritos de defensa. Una resolución esperada, sobre todo por la Fiscalía Anticorrupción, después de las decenas de recursos e incidencias presentadas por gran parte de los 30 procesados en el caso, a los que en gran parte se los pide penas de hasta 21 años de prisión. Una resolución que es el último paso antes de la celebración del macrojuicio oral.
Después de una década de investigación, el magistrado no abrió la fase de juicio oral hasta el 8 de noviembre pasado, porque la fiscalía no había presentado sus escritos de acusación y de conformidad por algunos de los investigados hasta el 2 de noviembre, la misma fecha prácticamente que las acusaciones particulares del Ayuntamiento de Barcelona y del Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès. Ahora falta que se presenten los escritos de defensa para que el juez pueda enviar la causa al reparto de la sala para establecer fecha por la vista oral de un caso que se inició, como una secuela del caso Palau, en 2012, hace más de diez años. De hecho, el caso 3%, además de esta causa que se encara hacia juicio y que es la principal, tiene tres piezas separadas. Una, la bautizada como la pieza Infraestructuras, en que el juez abrió juicio oral el pasado 11 de enero; la pieza separada de blanqueo y donaciones, archivada el pasado 8 de junio. Y la pieza separada de la UTE Egara, todavía en una fase del todo inicial de instrucción.
PDeCAT y CDC, y sus gerentes
La instrucción dirigida por el fiscal José Grinda considera que CDC, el PDeCAT y los exdirigentes de estas formaciones, como por ejemplo Germà Gordó, ex consejero de Justicia, y los tesoreros Daniel Osàcar i Andreu Viloca, construyeron una estructura supuestamente para financiar los dos partidos de manera ilegal a través de comisiones recibidas por licitaciones de obra pública. Un entramado en que habrían participado un total de treinta personas entre miembros de las formaciones, empresarios y funcionarios. La fiscalía también envuelve un total de 16 empresas. Grinda juega con la ventaja que algunos de los encausados han aceptado penas por conformidad, pero las defensas del resto de encausados mantienen su inocencia y encaran el juicio con la voluntad de
En concreto, la fiscalía en su escrito considera que los hechos investigados podrían constituir delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, soborno, prevaricación y blanqueo de capitales. Con este paquete de delitos, Grinda pide penas de hasta más de 21 años de prisión para una treintena de los acusados. Por otro lado, reclama a CDC y su partido heredero, PDeCAT, hasta tres millones de euros como multa por blanqueo de capitales. Una decena de investigados han llegado a acuerdos con fiscalía a cambio de notables y sustanciales reducciones de pena.
La «connvivencia sistemática»
Fuentes jurídicas consultadas por El Món apuntan que los escritos de defensa se remitirán a la prueba recogida e intentarán desmontar el relato acusatorio que ven del todo sesgado y elaborado en base especulaciones de la fiscalía. En este contexto, hay que destacar como el fiscal elabora el relato acusatorio, que empieza en 2008 y acaba en 2015. Así mismo, subraya la relación del caso 3% con el caso Palau, un argumento importante si se tiene presente que el caso ya ha sido juzgado en todas las instancias y del cual CDC salió con condena.
Según fiscalía, en “connivencia con cargos públicos y funcionarios de diferentes administraciones e instituciones públicas de Cataluña, y con los diferentes empresarios acusados, pusieron en marcha una estructura para financiar CDC ilegalmente y de forma encubierta“. Esta es la tesis de partida. «Se trataba”, prosigue el fiscal, “de una actuación sistemática, por un lado, de recepción de dinero por parte de empresarios, y, por otro lado, de transformación de este dinero en ingresos para CDC, sin la mácula de su origen ilícito”.
Los números de la fiscalía
“Era un sistema superpuesto y complementario con el llamado caso Palau”, resalta el ministerio público en su escrito de acusación que el juez Pedraz ya incorporó a la interlocutoria de conclusión del sumario. Un dato clave es que, de los 30 acusados, 13 están directamente vinculados a CDC y sus fundaciones Catdem o Foro Barcelona, y hay un total de 17 empresarios que tuvieron relaciones con la formación. De hecho, a las empresas imputadas los reclaman hasta 100 millones de euros de multa. Entre estas empresas destacan Teyco, Urbaser, Copisa y ACS. Y a los acusados a los cuales piden penas de prisión, también los añaden penas de inhabilitación.
La fiscalía calcula que, desde el 2008 hasta el 2015, la caja de CDC y PDeCAT recibió un total de 1,8 millones de euros en forma de “canon” exigido a las empresas adjudicatarias, como un peaje por sí querían entrar a la rueda de los contratos públicos. El importe total de las 31 adjudicaciones manipuladas sumaría 168 millones de euros. En apenas un mes, el juez Pedraz ya podrá enviar todo el sumario a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que marque día y hora para la esperada vista oral después de once años de instrucción.
