El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ya ha terminado el trabajo de un caso que se arrastra desde hace una decena de años. Se trata del caso 3% del presunta financiación irregular de Convergència Democrática de Cataluña (CDC), así como sus piezas separadas. Finalmente, Pedraz acabó de recibir todos los escritos de defensa el 27 de julio y el 11 de septiembre firmó una diligencia de ordenación, a la cual ha tenido acceso ElMon.cat, por la cual remitía todo el caso a la Sección Segunda de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional para que marque el día de juicio a la agenda. Será uno de los macrojuicios de los últimos años sobre presunta corrupción política.
La resolución también remite a la misma sección los recursos de apelación pendientes, así como el dinero de las fianzas consignadas y las pruebas de convicción en poder del juez instructor. La Fiscalía Anticorrupción espera que, a lo sumo, la vista oral sea a lo largo del 2024, después de una larguísima instrucción con 30 procesados en el caso, a muchos de los cuales los piden penas de hasta 21 años de prisión. Justo es decir, pero, que parte de los procesados han llegado a acuerdos en conformidad con la Fiscalía para ahorrarse el riesgo de penas que impliquen el ingreso a prisión. Una decisión, pero, que no evitará la macrovista oral, dado que parte de los principales investigados del caso, aquellos para quien el ministerio fiscal pide más pena, van a todas en defensa de su inocencia.
Del caso Palau a tres piezas separadas
El caso 3% tiene el origen en uno de los casos más mediáticos de corrupción, el desfalco del Palau de la Música catalana. Por cierto, un sumario que todavía se arrastra por los juzgados para calcular la responsabilidad civil derivada de la ejecución, por si le corresponde al PDeCAT abonar la deuda de CDC. De hecho, el caso de la presunta financiación irregular de CDC nace en 2012, como la derivada de las investigaciones sobre cómo se financiaba el partido que ostentó durante 23 años la presidencia de la Generalitat, por el pago de empresas constructoras de un porcentaje a cambio de las adjudicaciones. De aquí el nombre de «tres por ciento (3%)», en referencia del porcentaje que presumiblemente se pagaba.
De esta investigación, surgieron tres piezas separadas más. Una, la bautizada como la pieza Infraestructuras, en que el juez abrió juicio oral el pasado 11 de enero; la pieza separada de blanqueo y donaciones, archivada el pasado 8 de junio, donde había cómo investigados ex consejeros y altos cargos de la Generalitat por haber dado dinero en efectivo o ingresos al partido, pero que tanto fiscalía como el juez entendieron que eran donaciones al partido para enjugar la deuda a raíz de la petición hecha a los militantes que tenían cargo público. Una tercera pieza separada, que se va alargando, es sobre la UTE Egara, de la concesión del servicio de ambulancias, y apenas acaba de empezar con la fase de las declaraciones de los procesados.
El caso del fiscal Grinda
La instrucción ha sido comandada por el fiscal anticorrupción José Grinda. Su tesis investigadora ha estado qué tanto CDC como lo PDeCAT, así como exdirigentes de ambas formaciones, como por ejemplo la exgerente del partido y ex consejero de Justicia, Germà Gordó, y los tesoreros Daniel Osàcar i Andreu Viloca, diseñaron una estructura económica supuestamente para financiar las dos formaciones políticas de manera ilegal. El origen de los fondos, según su escrito de acusación, fueron las comisiones que se habrían pactado por licitaciones de obra pública que adjudicaba la Generalitat así como organismos públicos donde Convergència o lo PDeCAT ostentaba el poder.
A criterio del ministerio público y del instructor, al entramado de financiación habrían participado un total de treinta personas, entre miembros de los partidos, funcionarios y empresarios de la contratación pública. Entre los acusados también hay además 16 empresas o sociedades mercantiles que participaban, presuntamente, de la misma red. De los 30 acusados, 13 están directamente vinculados a CDC y sus fundaciones Catdem o Foro Barcelona, y hay un total de 17 empresarios que tuvieron relaciones con la formación. De hecho, a las empresas imputadas los reclaman hasta 100 millones de euros de multa. Entre estas empresas destacan Teyco, Urbaser, Copisa y ACS. Según los números de la fiscalía, CDC habría recibido 1,8 millones de euros a través de estos pagos.
El juicio se espera que será largo y denos porque, a pesar de las conformidades firmadas, hay encausados que no han llegado ni quieren llegar a ningún acuerdo con fiscalía y quieren mantener su inocencia y deshacer unas acusaciones que interpretan que se basa en una manipulación de las pruebas recogidas y por la presión mediática en unos momentos políticos determinados.
