La exlíder del PP Pablo Casado ha presentado un extenso y denso recurso de apelación en el que pide a la Audiencia de Barcelona que le archive la causa por delitos de odio e injurias contra los docentes catalanes. El recurso llega después de que 16 de marzo pasado, el titular del juzgado de instrucción número 29 de Barcelona desestimara un recurso de reforma, alegando «el ánimo delictivo» que veía en sus declaraciones, y continuará la instrucción del caso. Todo a raíz de sus declaraciones en un mitin del PP, el 17 de diciembre de 2021, donde afirmaba que en Cataluña los docentes no dejan ir al baño a los alumnos que no lo pidan en catalán.
Tanto el Grupo de Abogados Independientes, liderado por Josep Rosell i Lluís Gibert, como la Generalitat de Cataluña formularon una querella criminal por un delito de injurias, calumnias y odio. Después de una tarea ingente por parte del juzgado para localizar a Casado, se le tomó declaración y admitió haber hecho estas declaraciones en base a informaciones periodísticas. En todo caso, resaltaba que como diputado estaba protegido por la inviolabilidad parlamentaria y, por lo tanto, no se le podía aplicar ningún tipo penal a raíz de sus declaraciones. El juez descartó su tesis y ahora, Casado, pide ayuda a la Audiencia de Barcelona.
«Las declaraciones son lícitas»
El recurso, al cual ha tenido acceso El Món, desgrana con más profundidad los argumentos expuestos en el primer recurso donde pedía el archivo de la causa por carencia de relevancia penal. Según este escrito, el abogado de Casado razona que las «manifestaciones son lícitas y fueron realizadas basándose en información periodística, publicada con carácter previo y accesible todavía hoy». De hecho, califica sus palabras como «preguntas retóricas» dirigidas a los «partidos políticos». Por lo tanto, como los partidos políticos no están protegidos como una persona física, no pueden ser víctimas ni objeto de un delito de odio del artículo 510 del Código Penal.
Un criterio que también aplica a la Generalitat que, como entidad pública, tampoco puede ser víctima de este tipo delictivo y, además, le niega legitimación activa, porque no es persona ofendida porque la crítica era contra las formaciones políticas. Así mismo, la defensa del líder popular añade que Casado ejercía las «sus funciones como parlamentario –de crítica y control político– y, por lo tanto, disfrutaba de inviolabilidad parlamentaria en el momento de los hechos«. En consecuencia, no se puede derivar ninguna responsabilidad penal. Por otro lado, enfatiza que «en ningún momento, ninguno, Casado imputó actuaciones concretas a los profesores catalanes».
«Oraciones interrogativas y en voz pasiva»
Casado también denuncia que la continuidad de las diligencias de instrucción es un «atentado contra las más elementales normas procesales y que atenta de manera flagrante contra sus derechos fundamentales». En este contexto, critica la «distorsión y la interpretación interesada e instrumental por parte de la Generalitat» para poder instruir la causa. Una acusación que también deriva hacia el Grupo de Abogados Independientes.
Su base argumental es que las declaraciones estaban basadas en informaciones periodísticas y quienes tiene la obligación de contrastar estas informaciones son los periodistas. Por lo tanto, si alguien se siente ofendido, se tiene que dirigir contra estas informaciones. Al final, para los letrados de Casado, el exjefe de filas popular solo preguntaba «si los políticos pueden tolerar estas situaciones publicadas por la prensa». «Las oraciones son interrogativas y en voz pasiva», indica. «Pablo Casado lanza un mensaje al oyente o receptor, pero no contesta», aclara. «Pone el foco en la acción, pero no identifica el sujeto de esta acción», concluye. Ahora la Audiencia de Barcelona tendrá que estudiar el recurso y pronunciarse antes de continuar la instrucción judicial. La clave es si los magistrados aceptarán la tesis de Casado y permitirán el archivo de la causa con la única diligencia practicada de su declaración.
