El Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos ha enviado una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, mostrando su apoyo al abogado Gonzalo Boye, defensor del exilio y del presidente Carles Puigdemont. Todo esto a raíz del juicio por blanqueo que comienza el próximo lunes en la Audiencia Nacional y que tiene a Boye como acusado con peticiones de hasta 10 años de prisión. En la misiva, prestigiosos abogados en derecho penal internacional de Berlín, Bruselas, Haarlem, Londres, París, Milán y Zúrich defienden la figura de Boye como «defensor de los derechos humanos» y critican el tono político que destila la causa contra el abogado del presidente Puigdemont.
«Nos dirigimos a usted para expresar nuestra preocupación respecto a los recientes procedimientos judiciales y las graves acusaciones presentadas contra el Sr. Gonzalo Boye, un destacado abogado y defensor de los derechos humanos», comienza la misiva. Unos cargos que califican de «preocupantes dada la reputación establecida del señor Boye y su compromiso de larga duración con la ley». Así, recuerdan que en la entidad que representan, ECCHR, participa Boye en «áreas relacionadas con los derechos humanos y la justicia». «Nos preocupa especialmente que los cargos contra Boye puedan percibirse como una extensión de las presiones a las que se ha enfrentado desde su implicación en la defensa de los clientes catalanes después del referéndum de 2017″, apuntan en su comunicación al fiscal general. Es decir, que la causa abierta tenga un fundamento básicamente político.
Boye, ético y legal, según compañeros de toga de toda Europa
En la carta remarcan que Boye, como abogado penalista, ha participado en varios procedimientos judiciales de alto nivel y «se ha enfrentado a una presión considerable por representar a los acusados en casos sensibles y con motivación política». «Ha demostrado constantemente el compromiso de defender el estado de derecho y los derechos fundamentales, y sus contribuciones han sido reconocidas tanto por colegas como por clientes», subrayan. «Nuestra relación nos ha proporcionado información sobre la dedicación de Boye a la ética legal y a los estándares profesionales», sentencian sus compañeros europeos.
De hecho, los abogados consideran que la sombra política es clara. «Parece que esta implicación (en el caso de los independentistas catalanes) ha aumentado el escrutinio, lo que ha afectado sus actividades profesionales y ha planteado preguntas sobre su capacidad para ejercer sin interferencias», interpretan. «Sostenemos que Boye no debería sufrir, ni ser amenazado con, sanciones por ninguna acción realizada con deberes, estándares y ética profesionales reconocidos, ni debe ser identificado con sus clientes», añaden.
Por eso reclaman que los cargos por los que se le juzga «se examinen de manera exhaustiva y transparente». De hecho, aducen que han remitido un informe al relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados en 2019 y que ahora actualizarán la comunicación a «la ONU a la vista del procedimiento en curso». La tesis de la plataforma de los abogados europeos es que procesos de esta índole tienen impacto «sobre la independencia y la imparcialidad requeridas en la profesión de abogado». «Nuestra intención es garantizar que esta cuestión reciba la atención que merece desde una perspectiva global comprometida con la integridad judicial», remarcan. Por eso exigen, «máxima justicia, imparcialidad y respeto por los derechos de Boye como abogado». Por eso proponen una «revisión exhaustiva de las pruebas, que permita una resolución equilibrada y justa que mantenga los principios de justicia y el estado de derecho». En síntesis, alertan al ministerio público que «vigilarán» el proceso para que se cumplan todas estas garantías.
