Hay un ser mitológico de la sociología catalana que incluso, llegó a ser un personaje televisivo de primer orden. Era el «señor Encargado». Es decir, el delegado que los amos y señores de los telares y las fábricas, de los almacenes, de las brigadas o las tiendas. Un concepto que prosperó más que otros más específicos como el contramaestre o el capataz. De hecho, el español tomó prestada la figura con el apodo de «el encargao«.
Toda institución con cierta construcción vertical tiene un «señor encargado», una persona que se encarga de la logística, de la intendencia, del orden y de la gestión del día con una visión bastante amplia del negociado que le corresponde. También en el estamento judicial. En este caso es la figura del letrado de la Administración de Justicia (LAJ), el antiguo secretario judicial, que además tiene el poder de fedatario público, -una misión reservadísima a muy pocos funcionarios-. Son los que realmente llevan la sala de máquinas del juzgado y organizan la tarea de los diferentes funcionarios que trabajan.
Su papel, además, en principio debería racionalizarse con la entrada en vigor de la ley Bolaños, la ley 1/2025 que configura el nuevo marco legal que del nuevo modelo organizativo que, además, añade un sistema de resolución de conflictos donde los LAJ tienen un papel preeminente. Este miércoles, el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, ha dado la bienvenida a los 66 letrados de la Administración de Justicia de la última promoción, la XLVII. de estos 53 corresponden al turno libre y 13 por promoción interna. En su discurso de bienvenida, Espadaler ha destacado el papel «clave» de los LAJ, los ha animado a hacer carrera profesional en Cataluña y los ha instado a hacer uso del catalán.
Nuevos LAJ en todas las demarcaciones
Las 66 nuevas plazas responden a los 27 en juzgados destinados a las comarcas de Barcelona, 18 en la demarcación de Girona, 14 en las comarcas de Tarragona y el Ebro y 7 en Ponent. En total, las nuevas incorporaciones llegarán a 35 localidades de todo el país y reforzarán especialmente los servicios comunes de tramitación y las nuevas estructuras organizativas vinculadas al despliegue de los Tribunales de Instancia.
