Se complica la situación con pleitos abiertos del Ayuntamiento de Tarragona y con fuerza polémica. Ahora, por la contratación del abogado que tiene que llevar la acusación particular del consistorio en el caso Iqoxe, la explosión de una empresa química tarraconense que dejó tres muertos. Se trata de David Rocamora, el mismo abogado que le lleva la defensa al exalcalde de Tarragona Josep Félix Ballesteros en el caso Inipro dónde, junto con miembros socialistas de su equipo, se lo juzga por prevaricación y malversación y otros delitos. Curiosamente, la representación del Ayuntamiento la llevaba hasta ahora la letrada municipal Maria Pilar Palau Solé, y ahora un decreto de alcaldía lo ha relevado y lo ha sustituido por Rocamora.
El Ayuntamiento ha tomado esta decisión, casualmente, después de que el actual alcalde, el socialista y exmiembro de Ciudadanos Rubén Viñuales, ordenara la retirada del consistorio como acusación particular del caso Inipro. Una decisión política que ha levantado bastante polvareda entre los grupos municipales, que lo interpretan como una manera de «ayudar Ballesteros», que cerraba la lista de Viñuales para las elecciones municipales del 23 de mayo. De hecho, la fianza de Ballesteros y el resto de implicados la abonó el PSC.
También fue a través de un decreto de alcaldía que se rescindió el contrato con Ramon Setó, el abogado que el anterior Ayuntamiento –en manos de ERC– había contratado para llevar la acusación particular contra Ballesteros y los otros acusados en el caso Inipro. El letrado que había superado las trabas de la instrucción –inicialmente, el juez no dejaba personar el consistorio por cuestiones formales– pedía penas altas de prisión para Ballesteros y su equipo, en línea con la propuesta del ministerio fiscal. La decisión de retirar el Ayuntamiento de la acusación particular ha sido recorrida ante el tribunal contencioso–administrativo.
«Necesidad de externalizar»
La comparecencia del Ayuntamiento de Tarragona como perjudicado en el caso Iqoxe se decidió el 21 de enero del 2020, con el anterior gobierno municipal. El 14 de junio pasado, después de las elecciones municipales, el juzgado de instrucción que dirige la investigación pidió a las partes el escrito de acusación y el Ayuntamiento inició los trámites por, en esta nueva fase procesal, contratar un nuevo abogado, que ha coincidido con el que lleva la defensa de Ballesteros en el caso Inipro. El importe de la contratación es de 16.335 euros con IVA incluido.
El grupo municipal de ERC pidió explicaciones por escrito sobre esta contratación, más cuando el ayuntamiento se había retirado del caso Inipro y había rescindido el contrato con el abogado que lo llevaba. El gobierno municipal respondió el pasado 26 de julio a través de la jefa administrativa del gabinete de alcaldía, Carmen Navarro, justificando la contratación por la importancia del caso. «Dadas las circunstancias, la complejidad del caso y el volumen de trabajo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, es recomendable y necesaria la externalización, considerando que el letrado designado es un profesional de reconocido prestigio en materia penal», arguye Navarro.
La decisión ha despertado todo tipo de suspicacias a la oposición. Un malestar incrementado porque uno de los motivos alegados para defender la retirada del caso Inipro fue el precio de la contratación, que coincide con el que ahora se destina al abogado de Ballesteros para el caso Iqoxe, a pesar de que el número de acusados es mucho más bajo. Ahora, la oposición espera la decisión del contencioso–administrativo sobre la presunta irregularidad en la forma y el argumento con que se justificó la retirada del caso Inipro y la rescisión del contrato del abogado. Unas decisiones que entran en contradicción, según ERC, con la nueva decisión de Viñuales de contratar el abogado de Ballesteros en el caso Inipro para hacer de acusación particular en nombre del Ayuntamiento en el caso Iqoxe.
