Después de que el Tribunal Supremo avalara la sentencia de los atentados del 17-A, este lunes, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional ha pulsado el acelerador. El tribunal ha dictado una nueva interlocutoria para ejecutar las penas de la sentencia. Una resolución de 45 páginas, a la cual ha tenido acceso El Món, con que pide al ministerio fiscal si ya puede destruir una cantidad ingente de pruebas. En concreto, los ordenadores, tarjetas de memoria, teléfonos móviles, tabletas, cámaras de fotografía, lápiz de memoria y tarjetas SIM. Es decir, elementos indispensables para establecer el entramado de célula en los sospechosos abatidos por la policía o muertes en la explosión de Alcanar. Además de, «diversa documentación, productos e instrumentos para la fabricación de explosivos, banderas del estado islámico, videos del Estado islámico».
Por otro lado, la Audiencia también ordena a la policía que informe sobre donde se encuentran los vehículos de los condenados, especialmente, de la furgoneta d‘Abdelbaky Se Satty, el imán de Ripoll. De hecho, la providencia judicial pide a la policía que el vehículo se ponga a disposición de sus legítimos herederos. Una situación altamente improbable porque ninguno de sus herederos no ha reclamado ni el cuerpo del imán. Esta petición, pero, ha puesto en alerta a varias acusaciones particulares que, al haber interpuesto recursos ante el Tribunal Constitucional y un incidente de nulidad por parte de uno de los condenados, consideran que no se pueden tocar los efectos. El fiscal ahora tendrá que informar si mantiene el comiso de los objetos.
Justo antes de la comisión
La decisión llega justo al que tiene que ser el inicio de los trabajos de la Comisión de Investigación de los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils, así como la explosión en Alcanar. Una comisión que ha costado Dios y ayuda constituirse y que llegó a través del acuerdo de Mesa de la cámara baja entre ERC, Junts y el PSOE. En este sentido, la comisión ya se ha constituido y se está pendiente de aprobar el plan de trabajo y el calendario de las tareas.
Con esta decisión, la Audiencia Nacional quiere cerrar ya uno de los expedientes que ha marcado más la información sociopolítica y que, todo y las diferentes resoluciones, ha dejado muchas dudas en abierto. En este sentido, la comisión política busca aclarar la relación del imán de Ripoll con los servicios de información del Estado, aclarar también las dificultades de reconocimiento forense del cuerpo, así como los errores de seguridad que facilitaron el atentado.
