El cotitular del juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Elías Gadea, ha levantado las orejas por la detención de cuatro personas el pasado 26 de agosto por un supuesto intento de sabotaje a la Vuelta ciclista en España a su paso por el Solsonès. El magistrado ha ordenado a los efectivos de la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y del Servicio de Información de la Guardia Civil que investiguen la relación de los cuatro detenidos con los Comités de Defensa de la República (CDR). Una maniobra para comprobar si los hechos se pueden meter en la investigación abierta que tiene la Audiencia Nacional sobre la actividad de estas entidades independentistas que describe como «organizaciones terroristas».
En el oficio remitido a la policía, al cual ha tenido acceso El Món, de fecha 13 de septiembre, Gadea dice que la acción, a pesar de que frustrada, se «contextualiza en el marco de una campaña de boicot contra la Vuelta prolíficamente publicitado en las redes sociales por los grupos radicales de ideología independentista, aprovechando el escaparate internacional que supone la Vuelta ciclista para dar visibilidad a la causa». En este sentido, el juez relaciona el caso con el hecho que durante las «semanas previas los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) alentaron y propusieron en las redes sociales de forma clara y directa el boicot e interrupción de las etapas de la Vuelta que transcurrían por Cataluña». A partir de este algoritmo, el magistrado instructor pide a los agentes que investigue la relación y la vinculación de los cuatro detenidos con los CDR.
Un acto planificado con material «combustible y deslizante»
El documento del juez especifica que los hechos atribuidos a los cuatro detenidos son «muy graves» y que «resulta fácil apreciar el resultado lesivo que el sistema instalado buscaba ocasionar, y no resulta difícil imaginar que la voluntad de causar un daño a un indeterminado número de personas guiaba los autores de la acción». «Se trata, además, de un hecho perfectamente planificado y organizado, que se basaba en un sofisticado mecanismo oculto entre la vegetación que finalizaba en la manguera que abocaría el líquido sobre la carretera», apunta el juez.
Así mismo, asegura que la manguera fue la pista que habría llevado la policía a detectar la acción y desplegar el operativo de vigilancia. Siguiendo este hilo, asegura que el material que se encontró en los bidones de 200 litros a los cuales estaba conectado la máquina era un líquido «combustible y deslizante». Por lo tanto, respondía a un operativo planificado y a las peticiones de los CDR en la red. En este punto, Gadea define los CDR como «grupos de activistas transversales de carácter independentista, que surgieron en Cataluña meses antes de la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017, con el objetivo inicial de asegurar la celebración, después de ser ilegalizado por el Tribunal Constitucional».
«Los CDRs», continúa, «presentan una organización estructurada de carácter transversal, que pretende aglutinar al conjunto del independentismo, y a la vez jerarquizada, constituida por comités territoriales, y ordenada a través de una Coordinadora Nacional», insiste el magistrado. El juez recuerda la Operación Judas y el trato que da la Audiencia Nacional a los CDR «de organización terrorista». Por eso, pide la vinculación de los detenidos con los CDR para poder quedarse esta investigación que ahora está en manos de la Juez de Instrucción única de Solsona.
