Nueva decisión judicial en la larga tramitación del caso Inipro. Un sumario de más de diez años que investiga el desvío de fondos públicos para financiar campañas electorales de los socialistas al Ayuntamiento de Tarragona. De hecho, el exalcalde de la ciudad, Josep Fèlix Ballesteros, un histórico del PSC, y casi todo su equipo de confianza sentarán al banquillo de los acusados. El PSC será responsable civil y, como partido, ya ha abonado las fianzas de los acusados. Este martes la sección segunda de la Audiencia de Tarragona notificó a las partes una interlocutoria de 22 páginas, del pasado 12 de diciembre y a la cual ha tenido acceso El Món, con que resuelve la admisión de pruebas para un juicio encara sin fecha y admite la retirada del consistorio como acusación particular, una decisión tomada por el nuevo alcalde, del PSC, y que provocó polémica.
La resolución, por lo tanto, deja fuera todas las pruebas que había solicitado el Ayuntamiento de cara la vista oral cuando la alcaldía era de ERC. Una prueba importante porque era, sobre todo, documentación interna que acreditaba y argumentaba buena parte de la acusación. La decisión de la retirada del consistorio como parte perjudicada no se ha tomado sin conflicto. De hecho, fue la primera decisión de Rubén Viñuales, exregidor de Ciutadans y ahora alcalde de la ciudad por el PSC, que incluso tuvo que cambiar de abogado. Una decisión que se tomó a través de un decreto de alcaldía que admitía las «irregularidades» pero que osaba sacar la responsabilidad penal de los acusados. La retirada se envolvió con la tría del abogado que representará el Ayuntamiento en el caso Iqoxe, que es el mismo letrado defensor de Ballesteros en el caso Inipro.
Casualmente, esta retirada del Ayuntamiento del caso, admitida ahora ya por la Audiencia, coincide también con otro escándalo en el marco de la corrupción. En concreto, la decisión de la Oficina Antifraude de Cataluña, (OAC) de otorgar un estatus de protegido al gerente de la Empresa Municipal de mediados de Comunicación de Tarragona, Xavier de Gispert, después de denunciar irregularidades en la contabilidad de la empresa pública que gestiona Radio Tarragona. Los abogados de Xavier de Gispert advirtieron al Consejo de Dirección de la entidad de su condición ante las pretensiones del Ayuntamiento de despedirlo.
Responsables a título lucrativo que no pueden ser testigos
Entre la ingente prueba pedida se contaba la declaración como testigos de cinco de los implicados, todos trabajadores del Ayuntamiento, entre ellos Cecilia Magnini, actual octava teniente de alcalde del Ayuntamiento y responsable de las áreas de Igualdad, Servicios a la Ciudadanía y Servicios Sociales. Los jueces, pero, recuerdan que son responsables civiles y, por lo tanto, no pueden ser testigos, sino que serían un tipo ‘de acusados civiles’, al ser responsables a título lucrativo. No es el único procesado que continúa relacionado con la primera línea política. Otro de los acusados, Gustavo Cuadrado, es actualmente cabe de gabinete de la vicepresidencia de la Diputación de Barcelona, que ostenta, actualmente, el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales.
Con esta resolución ahora solo restaría pendiente decidir las fechas de la vista oral. Ahora bien, las partes pueden presentar recursos de aclaración a la vista de la decisión de los magistrados que han rechazado pruebas. Una vez se haya aclarado la prueba definitiva, los magistrados dictarán la fecha del juicio oral. La Audiencia tendrá que decidir si los nueve acusados cometieron delitos de prevaricación, fraude en la contratación, alteración de precios públicos y de subastas públicas, falsedad en documento público y falsedad en documento mercantil, malversación, tráfico de influencias y abuso de funciones públicas. A Ballesteros, la Fiscalía le reclama cinco años y 8 meses de prisión, cinco años y 10 meses de inhabilitación y una multa de 7.920 euros.
