El caso Inipro, sobre la presunta corrupción del PSC en Tarragona, se acerca hacia la sala de vistas. La sección segunda de la Audiencia de Tarragona ya tiene toda la prueba y el sumario del caso sobre la mesa, y solo queda fijar el día del juicio. El último escollo procesal, la citación a una empresa que ya está liquidada, se ha superado. Ahora, la magistrada ponente, Begoña Tàrrega, ya tiene los 17 tomos y las 14 piezas de responsabilidad que constituyen el caso, en el cual uno de los máximos responsables es el exalcalde del PSC en Tarragona y uno de los líderes territoriales de la formación, Josep Fèlix Ballesteros.
En este juicio, Ballesteros y los otros ocho acusados se juegan una condena por delitos de prevaricación, malversación, fraude, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil. A Ballesteros, la Fiscalía le reclama cinco años y 8 meses de prisión, cinco años y 10 meses de inhabilitación y una multa de 7.920 euros.
En concreto, el tribunal dictó una interlocutoria el 25 de enero en que advertía que resolvería de manera inminente sobre la prueba propuesta y programaría la fecha de la vista oral. Precisamente, el ministerio público ha aportado todo el material de la instrucción, sobre todo mails que comprometen al exalcalde y a su equipo de más confianza. Fuentes próximas al caso apuntan la remota posibilidad de que la vista se pudiera celebrar antes de las elecciones municipales, previstas para el 28 de mayo. A pesar de que solo quedan tres meses, la agenda lo permitiría y más cuando se han aportado todas las fianzas de la responsabilidad civil, que se eleva a 288.157,31 euros. Un importe, por cierto, abonado por el PSC.
Una empresa liquidada y 9 acusados
La decisión de la Audiencia llega después de una última traba procesal detectada en diciembre que ha pospuesto un mes la decisión. En concreto, la carencia de citación de una de las empresas investigadas del entramado, Gallet Consultors Assciats, obligó a la Audiencia a devolver parte de la causa al juzgado de instrucción, hasta que se ha acreditado que la mercantil está liquidada. También faltaban las responsabilidades civiles de dos de los imputados, Begoña Eseberri y Judith Cepero (solo responsable civil), que finalmente fueron llegando a la Audiencia de Tarragona, con tres meses de diferencia del resto de encartados.
Según el escrito de conclusiones, hay siete acusados, además de Ballesteros y Floriá Eseberri, que son Teresa Victòria Pelegrín, Enriqueta Aznar, Alejandro Caballero, Enric Miró, Josep Gallet, Antonio Muñoz i Gustavo Cuadrado. El fiscal considera que todos se concertaron para, a través del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona (IMSST), adjudicar de manera fraudulenta el contrato «Servicio de intervención y potenciación del asociacionismo de la población recién llegada» a la empresa Iniciativas y Programas, SL, Inipro. Pero, lejos de llevar a cabo esta tarea, la adjudicación sirvió para «llevar a cabo tareas de clientelismo en favor del PSC a cambio de dinero». «Especialmente para captar votos y mejorar la imagen pública de la entonces alcalde Fèlix Ballesteros», resalta el ministerio público. Una tarea que continuaron haciendo una vez agotada el presupuesto público «prescindiendo de toda norma y procedimiento legal y con evidente perjuicio para el ente público».
«Chicos, tenemos que volver a la carga con el ciberactivismo del jefe «
Entre la documentación aportada a la sección segunda de la Audiencia de Tarragona, se encuentra un nuevo conjunto de mails entre los acusados que acreditarían la conclusión de la Fiscalía. De hecho, es una serie de correos electrónicos datados entre noviembre del 2011 y finales de mayo de 2012 donde se puede dibujar claramente el entramado organizado por, a través del IMSST y de Inipro, que tenía el objetivo de dedicarse a pulir la imagen de Ballesteros como alcalde a través de diferentes perfiles en redes sociales como por ejemplo Facebook o Twitter.
Entre estos mails, la Fiscalía destaca uno del 23 de noviembre del 2011, cuando Floirà Eseberri remitió un correo con el asunto «Volvemos a la carga» a dos de los implicados por responsabilidad civil, y a dos de los acusados penalmente -Cuadrado y Caballero- en que comunicaba: «Chicos, tenemos que volver a la carga con el ciberactivismo del
«Colgad noticias en la página del alcalde»
Otro de los mails incorporados a la causa que ya tiene la ponente del caso es uno del 25 de octubre del 2011. Cuadrado advertía a una de las jefas del entramado, Cecilia Manglini, responsable civil, que «se duplicaban felicitaciones» y le recordaba que tenían que «colgar noticias en la página del alcalde» y le ordenaba que movieran «la página y el Twitter del alcalde». También subrayan un correo del 2 de noviembre del 2010 que uno de los acusados, Caballero, remitió a otro de los encartados, Cuadrado, con un asunto muy detallado: «Mírate lo que dice, y le he respondido lo que pone. Salud». En este mail transcribía la petición de cita de un particular al alcalde Ballesteros a través de Facebook y la respuesta dada por el acusado «cómo si fuera el alcalde».
En otro de los correos electrónicos, en este caso del 12 de septiembre del 2011, la responsable de Inipro repasa el trabajo hecho. Así, resumía que «habían estudiado la identidad de los amigos del alcalde y los agregaban a los grupos, para elaborar un protocolo de actuación, crear cuentas de YouTube y Flickr del alcalde, mirar diarios digitales», indicándole que por la tarde estarían «en el partido» -la dedel PSC- con la también acusada Begoña Floriá. La curiosidad añadida es otra cadena de mails el abril del 2013, que los acusados y «miembros del PSC» intercambian para «confeccionar una línea común de respuesta» para justificar la gestión del Instituto Municipal de Servicios Sociales de Tarragona.
