Segunda consecuencia directa del archivo, por orden de la audiencia de Barcelona, del caso sobre la supuesta trama rusa del Procés. Sin dar margen alguno, el juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ahora interinamente en manos de Alejandra Gil, ha dictado una orden inmediata de detención de las investigaciones que estaba llevando a cabo la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía. De hecho, ha retirado la designación de investigación a los dos inspectores jefes y dos inspectores más para que actuaran como policía judicial con la cobertura de la magistratura.
La resolución del 18 de diciembre mismo, a la que ha tenido acceso El Món, revela, aún más, el despropósito de la investigación policial que se estaba llevando a cabo a todos los imputados, pero especialmente al periodista Carles Porta. Así, el juzgado, a través de una diligencia de ordenación, ha ordenado a la policía detener la «clonación» de todos los dispositivos móviles, expurgar las grabaciones de los teléfonos móviles ya registradas, dejar sin efecto las pesquisas sobre sus cuentas bancarias y parar la investigación de las cuentas y las finanzas del Diplocat y de la Oficina de Turismo de Cataluña, ya suficientemente fiscalizadas en el Juzgado de instrucción 13 y 18, así como por el Tribunal de Cuentas.
Una multitud de móviles
La diligencia, emitida con una velocidad inédita en un caso de esta magnitud, revela hasta qué grado de investigación se estaba llevando a cabo. Es especialmente destacable, la violación de la intimidad y de las comunicaciones de seis de los investigados. En concreto, Víctor Terradellas, Josep Lluís Alay, David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler y Jordi Castells. De hecho, el juez había ordenado la «clonación» de toda la información de sus dispositivos y recoger «todas las evidencias digitales» sin especificar ni fechas, ni qué tipo de contenido. Es decir, todo el contenido de los aparatos.
En el mismo contexto, ordena dejar sin efecto las pesquisas sobre las cuentas corrientes de los investigados. Concretamente, del periodista Carles Porta, de quien el juez sospechaba que era el tesorero que depositaba los fondos rusos además de imputarle la elaboración de pasaportes y salvoconductos para circular por Cataluña durante los primeros momentos de la independencia de Cataluña. De hecho, el juez Joaquín Aguirre, a las puertas de la jubilación, sospechaba que Porta era el encargado de ingresar los millones de euros que supuestamente el Kremlin había prometido al independentismo catalán.
En otro apartado, el Juzgado obliga a detener la profusa investigación que los agentes policiales estaban llevando a cabo en los balances y la contabilidad del Diplocat, la Oficina de Diplomacia Pública Catalana, así como la Oficina de Turismo de Cataluña. Dos entidades de las cuales el magistrado sospechaba que canalizaban fondos para pagar al movimiento ruso que apoyaba la causa independentista. De ahí que quería averiguar «el uso de los fondos públicos de estas dos entidades». Finalmente, toda esta investigación queda sin efecto y anula todas las pesquisas, indicios y pruebas registradas por la policía.
